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- Fecha de publicación 20 mayo 2026
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Por primera vez en la historia democrática de España, un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá declarar como imputado ante la justicia.
Está previsto que lo haga el próximo 2 de junio dentro del caso denominado «Plus Ultra».
Con anterioridad, el también expresidente Mariano Rajoy compareció como testigo en el caso de corrupción Gürtel, pero no como imputado.
Al socialista se le imputan delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con un presunto blanqueo de capitales procedente de Venezuela.
Tras su mandato en España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero desempeñó un rol activo en las relaciones bilaterales con Venezuela y en los intentos para mediar en el conflicto político entre el gobierno y la oposición venezolana.
Luego de ser citado como imputado, el juez de la Audiencia Nacional —tribunal con jurisdicción en toda España— encargado del caso ordenó registrar su despacho y la sede de una empresa propiedad de sus hijas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El magistrado sostiene que existen indicios de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuyo fin era “obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el uso de influencias ante organismos públicos en favor de terceros”, principalmente la aerolínea Plus Ultra.
Se calculan en 1,95 millones de euros las supuestas comisiones irregulares que Zapatero y su entorno podrían haber recibido.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia a través de un video en el que aseguró haber actuado siempre con “estricto respeto a la legalidad”.
Pero, ¿en qué consiste el caso Plus Ultra y cuál es su vínculo con Venezuela?
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Una aerolínea rescatada
Plus Ultra se estableció en 2011 bajo la dirección de Julio Martínez Sola, incorporando personal proveniente de la desaparecida Air Madrid.
Esta aerolínea opera principalmente rutas que conectan ciudades de América Latina, como Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Buenos Aires, con España.
Durante la crisis provocada por el covid-19, el turismo en España fue uno de los sectores más golpeados. Por esta razón, el gobierno de Pedro Sánchez implementó un rescate financiero para varias compañías aéreas, que sumó 839 millones de euros (equivalentes a US$1.031 millones al cambio actual), parte de los cuales ya fue devuelto.
Las empresas seleccionadas se identificaron como estratégicas para la economía española y para mantener la conectividad nacional.
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Las compañías beneficiadas fueron Air Europa, Air Nostrum y Volotea, entre otras.
Se sumó Plus Ultra, la más pequeña en cuanto a cuota de mercado, que obtuvo 53 millones de euros (US$61,43 millones). El rescate se fundamentó en su relevancia estratégica en rutas específicas hacia Latinoamérica y en que su desaparición podía afectar la competencia en vuelos de larga distancia.
El apoyo financiero a Plus Ultra suscitó cuestionamientos, sobre todo desde los partidos de derecha PP y Vox.
Una primera causa archivada
Ambos partidos presentaron querellas en relación con el rescate. Igualmente, la organización española Manos Limpias, liderada por Miguel Bernad y vinculada a la extrema derecha, interpuso denuncias que, generalmente, han sido archivadas.
Las denuncias apuntaban a delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias relacionados con el rescate.
En 2023, el caso fue archivado tras las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que determinaron que no había evidencias suficientes para sostener una acción penal.
“No se acredita la comisión de un delito”, señaló entonces la jueza Esperanza Collazos, explicando que se aplicó correctamente el decreto de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la pandemia.
Una nueva investigación
Posteriormente, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción española recibió dos solicitudes internacionales de cooperación para investigar una “organización criminal”, relacionadas con el posible uso del dinero del rescate a Plus Ultra para operaciones de blanqueo en Venezuela.
Específicamente, Francia y Suiza solicitaron investigar a seis personas, sin que entre ellas estuviera el expresidente Zapatero.
En octubre de ese año, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, tribunal que imputó posteriormente a Zapatero. Esta denuncia apuntaba entonces contra ciudadanos venezolanos, peruanos, neerlandeses y un español.
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Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 2 rechazó la denuncia al entender que los hechos correspondían a un delito de blanqueo cometido parcialmente en el extranjero, por lo que ese tribunal no tenía competencia.
El caso fue remitido al mismo juzgado que había tramitado las querellas de 2021, y en febrero pasado lo asumió la Audiencia Nacional.
La imputación contra Zapatero se basa en conversaciones y registros a empresas efectuados en diciembre, tras la detención del presidente y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez, vinculado con Zapatero.
El auto judicial publicado este martes indica que el exmandatario español mantuvo una “participación directa” en “operaciones internacionales de gran valor económico”, incluyendo transacciones de oro, compra y venta de acciones y divisas.
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La conexión con Venezuela
En 2017, en medio de la profunda crisis económica y social en Venezuela y mientras la mayoría de aerolíneas abandonaban el país, Plus Ultra inició vuelos entre Caracas, Madrid y Tenerife.
Su llegada no pasó desapercibida: Marleny Contreras, entonces ministra de Turismo venezolana, esposa del segundo al mando del chavismo Diosdado Cabello y madre de la actual ministra Daniella Cabello, celebró en redes sociales la incorporación de la aerolínea, describiéndola como un “logro que fortalece el desarrollo económico nacional”.
Una investigación de 2018 realizada por el periodista venezolano Roberto Deniz para Armando Info reveló que Plus Ultra “formó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos”.
Estos inversores eran Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, quienes, según Deniz, impulsaron la expansión de Plus Ultra.
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Durante la pandemia de coronavirus, cuando el espacio aéreo venezolano permaneció cerrado con medidas más estrictas que en gran parte de Europa, Plus Ultra obtuvo permisos para fletar vuelos destinados a repatriar a ciudadanos españoles entre 2020 y 2021.
Actualmente, la relación parece aún más compleja: según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de contratos de préstamo aparentemente vinculados a tres empresas dedicadas al blanqueo de dinero obtenido por malversación de fondos públicos en Venezuela.
Se mencionan ventas de oro por parte del Banco de Venezuela y fondos del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), creado para centralizar la importación de alimentos distribuidos a la población.
El programa CLAP ha sido objeto de sospechas de corrupción de forma recurrente. Alex Saab, aliado y presunto testaferro de Nicolás Maduro extraditado recientemente a Estados Unidos, fue señalado en reiteradas investigaciones, incluyendo las de Armando Info, como beneficiario de contratos millonarios relacionados con CLAP.
Se presume que los fondos del rescate público podrían haberse empleado para trasvasar esos recursos mediante préstamos, contratos y estructuras financieras internacionales, complicando la identificación del origen de esos capitales supuestamente ilícitos.
Asimismo, el juez indaga si Rodríguez Zapatero usó su red de contactos y su influencia política para participar en estas estructuras diseñadas para canalizar y ocultar dinero en el extranjero.