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- Fecha de publicación 18 mayo 2026
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"El capitalismo es la raíz, la auténtica causa de la pobreza, la desigualdad y la exclusión (…) El mandato supremo de Cristo Redentor sólo será factible cuando prevalezca el socialismo en estas tierras y en estos mundos".
Dos décadas después de que Hugo Chávez pronunciara estas palabras, el llamado socialismo del siglo XXI que él promovió en Venezuela se encuentra en una situación de cuestionamiento sin precedentes.
Desde la inédita operación militar lanzada por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero —que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores—, el modelo económico defendido por este líder revolucionario ha sufrido una rápida transformación, impulsada por reformas legales aceleradas aprobadas por el Parlamento bajo control chavista junto a otras disposiciones ejecutivas.
A continuación, se presentan tres casos que ilustran cómo la economía venezolana parece estar abandonando una prolongada etapa en la que el Estado fue el principal protagonista.
1. Retorno a los mercados internacionales
El 13 de mayo pasado, el gobierno interino venezolano comunicó el inicio de un proceso "integral y ordenado" para reestructurar su deuda externa y la de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El propósito de esta iniciativa es "aliviar al país de la carga de la deuda acumulada"; por ello, las autoridades buscan renegociar con los acreedores los plazos de pago de créditos impagos desde 2017 y obtener condonaciones.
Esta información se difundió menos de un mes después de que el gobierno de Rodríguez confirmara la restauración de sus vínculos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entidades que el chavismo había criticado durante años.
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En 2008, Chávez expresó: "El FMI debería suicidarse. No me refiero a quienes lo administran. No, no, espero que tengan una larga vida, pero deberían convocar a una sesión para declarar su disolución". El entonces mandatario culpó a este organismo multilateral por la crisis financiera mundial de ese año.
De modo similar, en 2025 Nicolás Maduro responsabilizó al FMI del "colapso de las naciones" y tachó de "traidor" a quien dentro de Venezuela contemplara negociar con la institución.
"Quien entregue nuestro país al FMI será un gran traidor y el pueblo tendría derecho a salir a las calles nuevamente", afirmó.
Los mercados internacionales recibieron con optimismo el anuncio sobre la renegociación de la deuda externa venezolana. Los bonos del país, cuyo valor no superaba un dólar, aumentaron más de un 2%, mientras que los de PDVSA subieron hasta un 4%, según informes de la agencia Bloomberg.
Expertos consultados por BBC Mundo indicaron que esto representa solo el inicio de un proceso que podría concluir con el reingreso pleno de Venezuela al sistema financiero global, facilitando nuevamente el acceso a créditos y financiamiento.
"Estamos iniciando una negociación sin contar con cifras claras. No sabemos la deuda exacta ni a quienes se les debe", explicó el economista venezolano José Manuel Puente.
El docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela (IESA) y de IE University en Madrid destacó la falta de información sobre la deuda contraída con China, ni si incluye los miles de millones en litigios internacionales pendientes con empresas petroleras como Exxon Mobil y ConocoPhillips.
Añadió que, en 1998, la deuda externa ascendía a US$35.000 millones, pero que actualmente se calcula entre US$170.000 y US$190.000 millones, lo que convierte a la deuda venezolana en la mayor del mundo en relación con su Producto Interior Bruto (PIB), que hoy es apenas una quinta parte del que tenía en 2013.
Por otro lado, el economista Rodrigo Cabezas expresó dudas sobre la capacidad del gobierno interino para dirigir con éxito este proceso.
"La crisis política vigente les niega legitimidad", explicó quien fue ministro de Finanzas durante la era de Chávez y diputado oficialista.
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2. Evaluación del aparato empresarial público
"¡Exprópiese!". El término que Hugo Chávez utilizó como lema en su enfrentamiento contra el capitalismo, con el cual anunció la nacionalización de cientos de empresas y miles de hectáreas durante sus 13 años en el Palacio de Miraflores, ha sido definitivamente abandonado por las autoridades venezolanas.
El 22 de abril, la presidenta interina Delcy Rodríguez formó una comisión encargada de inspeccionar el vasto sector empresarial e industrial público para determinar "qué activos no son indispensables para el Estado" y proceder a su transferencia al sector privado o su liquidación.
Esta medida ha generado incertidumbre en algunos que en su momento se identificaron con el chavismo.
El sociólogo Moisés Durán, exaliado del oficialismo, declaró a BBC Mundo: "La presencia de empresas públicas no fue la causa del colapso de Venezuela".
Agregó que lo que realmente llevó a Venezuela a la crisis fue la corrupción extendida bajo el chavismo, la militarización del aparato estatal, la destrucción severa de la institucionalidad democrática y la represión.
Durán fue coordinador nacional de la Misión Vuelvan Caras, un programa gubernamental para formar en empleo a personas desempleadas o dedicadas a la economía informal.
Por otro lado, Transparencia Venezuela, organización enfocada en la lucha contra la corrupción, solicitó a las autoridades claridad en la ejecución de esta revisión empresarial pública para evitar una situación parecida a la vivida en países que formaron parte del antiguo Pacto de Varsovia o la Unión Soviética.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, dijo a BBC Mundo: "Desde el año pasado se han transferido acciones y empresas completas mediante convenios de participación productiva (CPP), y hemos constatado que esos CPP se han entregado opacamente a allegados".
Aunque no hay un registro oficial del número de empresas estatales, Transparencia Venezuela documentó en un informe difundido en abril la existencia de 920.
De Freitas comentó: "Consideramos importante que el Estado reduzca su tamaño y poder, concentrándose en lo fundamental —los derechos ciudadanos y la prevención de abusos por parte de empresas—, pero eso no está reflejado en las recientes reformas legales, como las de Hidrocarburos o Minas".
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3. Apertura de pozos petrolíferos, minas y otros sectores
Sin embargo, las reformas rápidos y recientes a las leyes de Hidrocarburos y Minas, aprobadas por la Asamblea Nacional, han sido las que más han generado rechazo entre las facciones más radicales del oficialismo.
El exdiputado chavista Mario Silva, conocido defensor del oficialismo, calificó estas medidas desde sus redes sociales como "una violación de nuestra soberanía".
En la práctica, estos cambios han revertido el modelo instaurado por Chávez, al permitir la entrada del capital privado tanto nacional como extranjero para explotar los abundantes recursos petroleros y minerales del país.
Además, permanece abierta la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo, mediante otra comisión que Rodríguez instaló a finales de abril, en la que participan representantes empresariales y sindicales, con la instrucción de "sentarse a dialogar para alcanzar un consenso sobre el modelo que se requiere".
Carmen Beatriz Fernández, especialista en comunicación política, dijo a BBC Mundo: "No cabe duda de que el modelo económico chavista está siendo desmontado".
Añadió que parece que la presidenta encargada busca instaurar un modelo de economía muy abierta, aunque restringiendo las libertades políticas.
De forma similar opinó el sociólogo Moisés Durán, quien añadió que lo sucedido en los últimos meses ha sido "más radical de lo que la oposición ha planteado".
Durán subrayó la paradoja: el desmantelamiento económico no lo realiza una fuerza opositora, sino la élite que durante dos décadas construyó su identidad política denunciando fervientemente el imperialismo estadounidense.
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Desde el oficialismo reconocen que han tenido que implementar medidas contrarias a sus principios desde enero, pero argumentan que se trata de un "pragmatismo chavista".
El diputado Francisco Ameliach expresó hace semanas en su blog: "La presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana actúan y toman decisiones para proteger al pueblo de otra agresión bélica de EE.UU. y evitar una guerra civil".
Añadió: "El gobierno venezolano y la Revolución Bolivariana no negocian en condiciones normales, sino con secuestradores que disponen de armas nucleares".
No obstante, Durán considera que el llamado socialismo del siglo XXI ya era una "fachada retórica" mucho antes de los eventos del 3 de enero.
Advirtió que lo que ahora está en riesgo excede al socialismo del siglo XXI: se trata de la autonomía del Estado venezolano para tomar decisiones.
Agregó que la élite chavista, para mantener su poder político, ha estado dispuesta a sacrificar el proyecto que discursivamente defendía y la propia República.
En lo económico, los cambios parecen lejos de concluir; así lo sugirió Rodríguez al manifestar recientemente: "Solicito que rectifiquemos errores cometidos en el pasado".