Las claves
Una compañía que realizó pagos al ‘Grupo Zapatero’ está siendo investigada por su probable implicación en la financiación irregular del PSOE mediante operaciones vinculadas al petróleo venezolano.
Alex Saab, testaferro de Maduro, junto a Francisco Flores, banquero relacionado con el chavismo, emergen como vínculos esenciales en la red de venta de crudo de PDVSA y el presunto desvío de fondos hacia el entorno socialista.
La UCO y la UDEF examinan contratos y transferencias entre firmas españolas y sociedades controladas por allegados del chavismo, asociando pagos opacos a figuras cercanas a Zapatero y al PSOE.
El auto judicial indica que una parte del dinero derivado de las operaciones petroleras habría financiado al PSOE y la candidatura internacional de Pedro Sánchez, a través de una red de sociedades españolas y venezolanas.
Una de las firmas que efectuó pagos al «Grupo Zapatero» está bajo investigación en una causa secreta que analiza la posible financiación irregular del PSOE mediante la comercialización de petróleo venezolano.
Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos, figura como uno de los conectores en la financiación del PSOE y las operaciones de venta de crudo gestionadas por Zapatero.
La red de Saab en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) contaba con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y Francisco Flores, banquero chavista, funcionando como intermediarios con el «Grupo Zapatero» y el gobierno español.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga esta causa secreta sobre la financiación del PSOE, focaliza su atención en empresas españolas presuntamente controladas por esta organización criminal.
Carlos Alberto Parra Delgado era el administrador único de la sociedad Softgestor SL, que realizó un pago de 145.200 euros a Análisis Relevante, compañía vinculada al amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez.
Parra Delgado actuaba en España como testaferro de Francisco Flores, banquero chavista con vínculos al narcotráfico, quien se presume fallecido y que intermediaba en operaciones petroleras de Venezuela.
A través de Parra Delgado, Francisco Flores controlaba otras sociedades en España, entre ellas Apamate Corporate And Trust.
Esta empresa española tiene como apoderado a otro personaje clave del entorno de PDVSA y del chavismo: Óscar Cunto André.
Cunto André desempeña funciones de vicepresidente y responsable legal en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), además de ser el colaborador cercano de Jorge Giménez.
Giménez, presidente del fútbol venezolano, está bajo investigación por una red que habría defraudado hasta 1.200 millones de dólares en operaciones vinculadas a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Giménez entregó 80.000 dólares en efectivo al empresario español Víctor de Aldama para «seguir alimentando la máquina», según los mensajes encontrados por la UCO durante la investigación del caso Koldo.
«Sé que me pagará, pero conoces cómo funciona el Gobierno para abonar los pagos (…) pero la máquina necesita aceite, más que nadie sabes ello», escribió Aldama a Giménez en mayo de 2020.
La entrega en efectivo se llevó a cabo a través de intermediarios el 18 de junio de 2020, según las pesquisas de la UCO.
Las compañías españolas controladas por Francisco Flores y Jorge Giménez habrían sido las encargadas de canalizar pagos a Zapatero. La UCO analiza si esos fondos también habrían llegado al PSOE mediante una compleja red societaria.
Estas indagaciones están bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Más allá de Plus Ultra
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero decidida por el juez José Luis Calama ha abierto una nueva fase en la investigación sobre el comercio internacional del petróleo venezolano.
La resolución judicial detalla una estructura internacional que, según el magistrado, operaba como intermediaria en operaciones de venta de crudo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante contactos políticos de alto nivel.
Empresas y personas clave en la investigación están conectadas directamente con figuras relevantes del chavismo como Delcy Rodríguez o Alex Saab.
También enlaza con las acusaciones presentadas por Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional sobre una supuesta operación petrolera orientada a financiar al PSOE y la candidatura de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista.
El auto de Calama sostiene que el entorno de Zapatero habría utilizado empresas españolas para redirigir fondos procedentes de operaciones internacionales relacionadas con el petróleo y oro venezolanos.
La empresa clave
Dentro de las compañías implicadas en la red de pagos estaba Softgestor SL. Se trata de una empresa formalmente administrada por Carlos Alberto Parra Delgado, aunque los investigadores atribuyen su control real al empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera probado que Flores era quien tomaba las decisiones efectivas sobre Softgestor y otra sociedad vinculada llamada Apamate Corporate And Trust SL.
Ambas empresas, con administración oficial de Parra Delgado, se usaron para firmar contratos con Análisis Relevante SL, controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por los investigadores como el hombre de máxima confianza de Zapatero.
La investigación judicial concluye que Softgestor transferió un total de 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos pagos de 72.600 euros efectuados en octubre de 2020 y septiembre de 2021.
Las transferencias se basaban en un supuesto contrato de prestación de servicios fechado el 30 de julio de 2020.
No obstante, el juez Calama considera que esos contratos eran «instrumentos meramente aparentes» diseñados solo para justificar movimientos de dinero.
Además, la resolución destaca que Julio Martínez no negociaba directamente con el administrador formal de Softgestor, Carlos Alberto Parra Delgado, sino con Francisco Flores.
De hecho, Flores modificó personalmente el contrato para decidir qué empresa debía firmarlo. Inicialmente se pensó en usar Apamate Corporate And Trust, pero finalmente se eligió Softgestor.
La conexión petrolera
La relevancia de Francisco Flores en la investigación va más allá de esos pagos. Víctor de Aldama ya mencionó su nombre durante su declaración ante el juez Ismael Moreno.
Según el empresario, Flores poseía la licencia necesaria para operar con cupos de petróleo venezolano y formaba parte de la estructura encargada de comercializar crudo de PDVSA en el extranjero.
El llamado «sobre de Aldama» presentado ante la Audiencia Nacional contenía documentos relativos a una operación valorada en 250 millones de dólares vinculada a seis millones de barriles del crudo Boscán.
![El sobre con el cupo de petróleo de PDVSA entregado por Víctor de Aldama.](["https://s3.elespanol.com/2026/01/29/actualidad/1003744109675_261646664_1706x2214.jpg"])
El certificado data del 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del episodio conocido como Delcygate.
Aldama afirmó que esa operación terminó bajo el control de Zapatero y que los fondos iban destinados a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
Según su declaración, incluso se realizó un anticipo de cinco millones de euros en una cuenta en Rusia relacionada supuestamente con el entorno del expresidente socialista.
El auto de Calama respalda parcialmente ese escenario al describir una estructura dedicada a facilitar operaciones petroleras internacionales mediante contactos políticos en Venezuela.
La resolución indica que quienes deseaban adquirir cargamentos de crudo debían enviar cartas de intención dirigidas obligatoriamente a la «Oficina del Presidente Zapatero».
Para el juez, esto representaba un «peaje» político indispensable para acceder al negocio petrolero venezolano.
Las conversaciones interceptadas por la Policía revelan diálogos constantes con la cúpula chavista para desbloquear operaciones y asignación de barcos.
En uno de los mensajes incluidos en la causa, el intermediario Domingo Amaro Chacón manifestaba estar listo para reunirse con «La Dama y Ministro Petróleo».
Los investigadores identifican a «La Dama» como Delcy Rodríguez.
El papel de Delcy y Saab
La figura de Delcy Rodríguez surge de forma recurrente en la documentación analizada por la Policía. Según los investigados, ella tenía control directo sobre la asignación de cargamentos y barcos petroleros.
El auto también detalla negociaciones con compradores internacionales vinculados al Partido Comunista Chino y con compañías interesadas en comprar petróleo venezolano a través de la intermediación del entorno de Zapatero.
Todo ello sitúa el comercio petrolero en el centro de una red internacional donde confluyen empresarios venezolanos, operadores financieros y estructuras políticas ligadas al chavismo.
Ese ecosistema coincide con el ámbito en el que durante años se movió Alex Saab.
El empresario colombiano, naturalizado venezolano, fue señalado por Estados Unidos como el principal operador financiero de Nicolás Maduro y pieza clave para evadir sanciones internacionales.
Las autoridades estadounidenses le imputaron de usar redes internacionales de empresas para movilizar dinero derivado de contratos estatales y operaciones petroleras venezolanas.
Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2021 y liberado en un intercambio de presos en 2023, Saab retomó su papel central en la estructura económica chavista.
No obstante, su situación cambió drásticamente este año con la caída de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela.
Este mes, Saab ha sido deportado nuevamente a Estados Unidos, donde enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción.
Las autoridades de EE. UU. consideran que podría convertirse en un testigo clave respecto a las finanzas internacionales del chavismo y las operaciones petroleras de los últimos años.
La red empresarial
Otra conexión importante gira en torno a Apamate Corporate And Trust SL, empresa inicialmente prevista para firmar el contrato con Análisis Relevante y que tiene como apoderado al abogado venezolano Óscar Cunto André.
Cunto es una figura de gran influencia en el ámbito jurídico y deportivo venezolano. Actualmente trabaja como asesor principal de la firma internacional Dentons en Caracas y ocupa cargos significativos en la Federación Venezolana de Fútbol y estructuras vinculadas a la FIFA.
Su nombre está vinculado además con Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y empresario con historial en contratos de PDVSA y enlaces políticos con Delcy Rodríguez.
Giménez cubrió el vacío financiero y operativo que dejó Alex Saab tras su arresto en 2020.
A partir de entonces, comenzó a gestionar grandes contratos de importación de alimentos y a actuar como intermediario en la venta opaca de petróleo, replicando el modelo de negocio que benefició a Saab.
La diferencia principal entre Saab y Giménez es que, mientras el primero contaba con el respaldo de Nicolás Maduro, Giménez está más cercano a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.
La investigación judicial española no atribuye delitos a Cunto ni a Giménez, pero la inclusión de estas empresas en la red financiera investigada amplía la extensión del entramado empresarial vinculado al chavismo y PDVSA.
Eje PSOE-Venezuela
El auto emitido por Calama y la documentación aportada por Aldama consolidan una misma narrativa dentro de las investigaciones judiciales en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Por un lado, está la presunta utilización de estructuras empresariales españolas para mover fondos procedentes de negocios internacionales relacionados con petróleo venezolano.
Por otro, la posible conexión política entre esas operaciones y la financiación del PSOE denunciada por Aldama.
El empresario declaró ante el juez que el propósito final era respaldar la candidatura internacional de Pedro Sánchez y sostener ciertas estructuras políticas vinculadas con el socialismo internacional.
La investigación judicial aún se encuentra en sus fases iniciales y ninguna acusación ha sido confirmada en juicio.
Sin embargo, la imputación de Zapatero representa el mayor impacto judicial sufrido hasta ahora por el expresidente socialista y pone bajo sospecha una compleja red empresarial vinculada a PDVSA, el chavismo y el comercio internacional del petróleo venezolano.