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- Autor, Darío Brooks
- Título del autor, BBC News Mundo
Fecha de publicación 19 mayo 2026
Tiempo de lectura: 9 min

El gobierno de Donald Trump reveló hace pocos días una nueva estrategia para enfrentar el narcotráfico, en la que México y Colombia figuran como dos de los países en el foco de atención de Estados Unidos.

Se trata de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, un reporte anual difundido por Washington que establece los objetivos para disminuir el ingreso de estupefacientes a su territorio.

A diferencia de administraciones anteriores, incluyendo el primer mandato del propio Trump (2017-2021), esta nueva Estrategia adopta una postura más firme, utilizando varias órdenes ejecutivas firmadas desde enero de 2025 que facultan a las fuerzas armadas y de inteligencia a actuar incluso fuera de las fronteras estadounidenses.

Dos políticas destacadas de Trump son determinantes: una es la clasificación de carteles de droga como "organizaciones terroristas", que incluye seis carteles mexicanos y uno colombiano; la otra consiste en declarar el fentanilo como "arma de destrucción masiva", sustancia que ha causado decenas de miles de muertes en EE.UU. y que es fabricada y distribuida por carteles latinoamericanos.

Estas dos iniciativas han creado para el gobierno estadounidense un marco jurídico que permite intervenir en países de origen y tránsito de drogas, según expertos.

En América Latina, ya se han registrado acciones estadounidenses bajo esta política, siendo Venezuela el ejemplo más visible, donde múltiples embarcaciones fueron atacadas en el Caribe por presunto narcotráfico durante varias semanas.

También destaca la captura y "extracción" del presidente Nicolás Maduro en una operación militar selectiva en Caracas el 3 de enero pasado.

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Aunque esta última medida es extrema, ilustra cómo Estados Unidos busca extender su política antinarcóticos a otros países, particularmente México y Colombia, considerados naciones con alta producción y/o paso de drogas (con gobiernos opuestos al espectro político de Trump).

Ya en México han emergido algunos incidentes, como la reciente muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, durante un operativo antidrogas no autorizado por el gobierno federal.

"La calificación de ‘terroristas’ a ciertas organizaciones criminales es lo que otorga una justificación legal más sólida", explicó el analista e investigador en seguridad Víctor Sánchez a BBC Mundo.

"Esto permite desde la perspectiva estadounidense llevar a cabo operaciones encubiertas como la vista recientemente en Chihuahua, o intervenciones de fuerzas especiales para atacar a figuras como en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela", agregó.

La Estrategia también endurece las exigencias de responsabilidad dirigidas a gobiernos extranjeros, especialmente contra México, Colombia, Canadá, China e India.

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Los puntos clave

La Estrategia 2026 incluye metas conocidas, como la protección de fronteras, la lucha contra el lavado de dinero, y el combate a la venta ilegal de precursores químicos, pero resalta especialmente el poder de EE.UU. para actuar contra grupos etiquetados como "terroristas".

El texto aclara que esta designación "no es solo simbólica; representa un cambio estratégico que transforma la visión del gobierno estadounidense, pasando de considerarlo un problema convencional de aplicación de la ley a una amenaza para la seguridad nacional".

Para fundamentar esto, se mencionan los Títulos 10 y 50 de los Códigos de EE.UU., que regulan las Fuerzas Armadas y la Guerra y Defensa Nacional, señalando que el país puede ejecutar "operaciones antiterroristas" contra redes criminales más allá de su territorio.

Este cambio otorga nuevas y amplias facultades para atacar todas las partes de estas redes, incluyendo sus sistemas financieros y logísticos, aprovechando todas las herramientas gubernamentales, desde las diplomáticas, informativas y económicas hasta las militares.

Además de este cambio fundamental, la Estrategia exige a los países productores y de tránsito —en particular México y Colombia— cumplir con ciertas metas.

Entre sus puntos más relevantes, el documento establece que:

Colombia debe reducir cuantificablemente los cultivos de coca y desmantelar grupos vinculados al tráfico de cocaína.
México debe mostrar avances en la incautación de drogas, especialmente sintéticas como el fentanilo, destruir los sitios de producción e impedir que los cárteles mantengan la capacidad de amenazar la seguridad estadounidense mediante sus estructuras de mando y control fuera del país.

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Además, la Estrategia abarca otras medidas relacionadas con ambos países, considerados puntos importantes en la producción y tránsito de drogas:

Las organizaciones nacionales que funcionan como distribuidores para grupos transnacionales y terroristas extranjeras "serán objeto de ataques y desarticulación".
Estados Unidos se compromete a "utilizar todas las herramientas disponibles en nuestro arsenal" para eliminar a los carteles que representen una amenaza para su seguridad nacional.
En cuanto a la "rendición de cuentas", se incluye "a los gobiernos que apoyan a organizaciones terroristas extranjeras y sus actividades narcotraficantes".
También implica responsabilizar a países de origen y tránsito por no aplicar medidas coercitivas contra empresas químicas que suministran fentanilo y otros precursores de drogas sintéticas a los carteles.
Los detenidos juzgados en EE.UU. enfrentarán cargos no solo por contrabando y violencia, sino también por terrorismo y facilitación del terrorismo, lo que aumentaría las condenas.
Washington brindará apoyo a los países "siempre que se obtengan resultados concretos".

Estos puntos adquieren gran relevancia en México debido a la reciente acusación judicial estadounidense contra dos altos funcionarios en activo —el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos de Morena— algo sin precedentes en las relaciones bilaterales.

El documento también señala específicamente a Canadá, China e India como países que generan una parte significativa del problema relacionado con el tráfico de sustancias químicas y drogas que llegan a EE.UU.

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Sin embargo, Sánchez considera que México es el principal blanco de esta Estrategia, ya que "finalmente, es la ruta que concentra la mayor parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos".

"La mayor producción de fentanilo ocurre en México; también la de metanfetaminas y otros estupefacientes sintéticos; y la cocaína que proviene de Colombia, Perú y Bolivia, transita por México", explicó.

El uso por parte de Trump de la etiqueta de "terroristas" para los carteles, junto con la declaración del fentanilo como "arma de destrucción masiva", proporcionan respaldo legal clave para los departamentos de Defensa, Justicia y agencias antidrogas e inteligencia en EE.UU. para aplicar la Estrategia.

"Clasificar a ciertos carteles como ‘terroristas’ otorga una justificación legal mucho más profunda, porque se está combatiendo a grupos terroristas, no solo a criminales, convirtiéndolo en un asunto de seguridad nacional", destacó Sánchez.

&quot>Esto no implica legalizarlo en México, pero le confiere legitimidad desde la visión estadounidense"

¿Qué resultados se esperan?

Durante meses, Trump y otros funcionarios han insistido en que las autoridades mexicanas entreguen resultados claros en la lucha contra el narcotráfico, y han ofrecido el apoyo de sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su disposición a colaborar, pero rechaza la intervención directa de fuerzas estadounidenses, alegando respeto a la soberanía nacional.

"Cooperación y coordinación, sin subordinación", ha sido su lema constante dirigido a Washington.

El documento no especifica con claridad qué resultados concretos espera Washington de los países involucrados.

A través de esta herramienta, las agencias estadounidenses y los países objetivo, incluidos México y Colombia, deben reportar avances y cumplir metas a corto plazo (dos años) y a largo plazo (2030) sobre decomisos y destrucción de sitios de producción.

No obstante, no se detallan las cuotas específicas que deben alcanzar los involucrados.

Sánchez señala que "no hay parámetros claros" o, al menos, no son públicos.

&quot>Lo llamativo es la presión creciente hacia el gobierno mexicano en cuanto a resultados. Sin duda podría hacer más, pero también ha hecho más que sus antecesores y aun así es constante la demanda", comentó el analista.

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En su último informe del 11 de mayo, el gobierno de Sheinbaum reportó que desde que asumió hace 20 meses ha logrado:

Decomisar 391,7 toneladas de drogas (2.226,6 kg de estupefacientes y 5,48 millones de pastillas de fentanilo).
Incautar 28.031 armas de fuego.
Detener a 52.628 personas relacionadas con el crimen organizado.
Desmantelar 2.337 laboratorios y zonas de concentración de drogas.

También, se han extraditado 92 líderes del crimen organizado a EE.UU., una cifra sin precedentes, así como abatido a varios capos, entre ellos el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.

Mientras tanto, en Colombia se informó a comienzos de año que desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022:

Se han decomisado más de 2.840 toneladas de cocaína, "la cifra más alta en la historia del país".
Se han arrestado a 14.000 personas vinculadas al narcotráfico.
Se han extraditado a 615 personas a Estados Unidos.

Ante la presentación de la nueva Estrategia estadounidense, la presidenta mexicana reafirmó el 12 de mayo que su gobierno busca colaborar con Washington "para reducir todos esos delitos a través de una estrategia que está dando frutos", y negó que las recientes acusaciones contra miembros de su partido estén afectando la cooperación.

&quot>Siempre habrá tensiones. Pero lo importante es encontrar formas, respetando nuestra soberanía y la dignidad del pueblo mexicano, para avanzar".

El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, cuando Sheinbaum aseguró que no fue notificada por EE.UU., ha sido interpretado por analistas de ambos países como una escalada en la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico, precedida por múltiples advertencias de Trump sobre posibles acciones unilaterales.

Asimismo, las recientes denuncias legales contra miembros de Morena han tensado la cooperación bilateral.

Sánchez considera que operaciones como la "extracción" de Maduro representan un último recurso que, en el caso mexicano, podría provocar una crisis diplomática mayor, aunque Estados Unidos podría recurrir a otros métodos.

&quot>Preveo un aumento en operaciones encubiertas con agentes estadounidenses, no agresivas, sino como asesoría y apoyo a las autoridades locales", concluye.