El nuevo decreto se aprueba sin votos en contra y con la abstención de Vox, e incorpora reducciones energéticas y modificaciones en el gasóleo profesional
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el decreto ley impulsado por el Gobierno que excluye de tributación ciertas ayudas vinculadas a la DANA, incendios forestales y compensaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
La norma fue ratificada sin votos en contra y con la única abstención de Vox, asegurando así un amplio respaldo parlamentario a un conjunto de medidas fiscales, energéticas y sociales.
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La nueva legislación establece que las ayudas entregadas por la Generalitat Valenciana a quienes resultaron afectados por la DANA no deberán incluirse en la base imponible del IRPF ni en el Impuesto de Sociedades. Esta disposición busca aliviar la carga financiera de miles de individuos y empresas perjudicadas por los daños materiales y personales ocasionados por los eventos meteorológicos extremos.
El decreto amplía además las exenciones fiscales a las ayudas por daños personales derivadas de incendios forestales y a las aportaciones de entidades sin ánimo de lucro destinadas a los afectados por la DANA. Del mismo modo, las compensaciones económicas pagadas por la Iglesia católica a víctimas de abusos sexuales quedarán exentas de tributación en el IRPF.
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La aprobación de esta norma representa un alivio económico para numerosos grupos vulnerables que antes podían verse obligados a tributar por indemnizaciones o ayudas extraordinarias creadas para resarcir pérdidas o daños sufridos.
Recursos extraordinarios para Extremadura
El decreto también prevé la asignación de recursos adicionales a Extremadura mediante mecanismos suplementarios de financiación autonómica. La finalidad es cubrir los gastos extraordinarios afrontados por la comunidad autónoma tras varios fenómenos meteorológicos adversos que requirieron movilización de recursos de emergencia.
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En la defensa del texto ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó que el Gobierno busca “garantizar una respuesta ágil y efectiva en situaciones excepcionales” y evitar que la fiscalidad posterior disminuya la eficacia de las ayudas públicas.
Modificaciones en el gasóleo profesional y el IVA energético
Otra medida destacada del decreto se refiere a la devolución parcial del gasóleo de uso profesional. Con ello, el Ejecutivo ajusta aspectos técnicos del decreto previo para mitigar los efectos económicos generados por el conflicto con Irán y el aumento de los precios energéticos.
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Con la modificación aprobada, se reactiva desde junio el derecho a la devolución de 49 euros por cada 1.000 litros consumidos, siempre que la variación del IPC de los carburantes en abril no exceda en más del 15% la inflación registrada en ese mismo mes del año anterior.
Además, el decreto introduce una corrección técnica en la reducción temporal del IVA de la electricidad, el gas y otros servicios energéticos al 10% hasta el 30 de junio. Concretamente, se amplía el número de beneficiarios permitiendo que también puedan acogerse a la medida consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, y no únicamente inferior como figuraba inicialmente.
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El Gobierno considera que esta modificación facilitará extender la protección frente al aumento del coste energético a un mayor número de hogares y pequeños negocios, en un contexto caracterizado por la continua volatilidad de los mercados internacionales.
Protección social y financiación exterior
El decreto incluye medidas específicas para las víctimas de las tragedias acontecidas en Adamuz y Gelida. A partir de ahora, podrán reconocer estos sucesos como accidente laboral a efectos económicos en procesos de incapacidad temporal.
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Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad derivadas de estos accidentes serán consideradas prestaciones originadas por accidente laboral, mejorando las condiciones económicas y la protección social de los afectados y sus familias.
Por otra parte, la norma faculta al Ministerio de Asuntos Exteriores para redistribuir fondos consulares entre diversas sedes diplomáticas y servicios en el exterior. Este mecanismo permitirá compensar problemas de liquidez y asegurar el pago de obligaciones administrativas en el extranjero sin depender exclusivamente del envío inmediato de fondos desde España.
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Finalmente, el Congreso también aprobó un crédito extraordinario de 11,33 millones de euros destinado a financiar actividades de Tragsatec relacionadas con la DANA. Las labores incluyen tareas de emergencia, peritación y cuantificación de daños desarrolladas durante 2025 para apoyar a las zonas afectadas.