La organización de consumidores advierte que restringir este sistema podría aumentar en un 15% la factura de 8 millones de hogares
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó este miércoles que la iniciativa de la Comisión Europea de suprimir la tarifa regulada de electricidad en España, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), representa “una medida apresurada” que podría incrementar un 15% el costo en la factura de luz de 8 millones de hogares en todo el país.
Esta declaración se efectúa tras la solicitud de Bruselas a España y otros Estados miembros con tarifas reguladas de presentar un plan para avanzar hacia un mercado con tarifas libres que fomente la competencia. La Comisión Europea contempla que en España la tarifa PVPC se limite como una herramienta de protección destinada exclusivamente a consumidores considerados vulnerables.
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La tarifa regulada PVPC está dirigida a consumidores residenciales con una potencia contratada máxima de 10 kW. Su principal característica consiste en un precio dinámico vinculado al mercado mayorista eléctrico, que fluctúa cada hora, según detalla en su sitio web el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La OCU indicó que, en un escenario como el actual, marcado por tarifas eléctricas “difíciles de comparar” y un mercado “con limitada transparencia”, la tarifa PVPC “permanece crucial como referencia y mecanismo de protección” para ocho millones de contratos, que constituyen el 29% de los hogares en España.
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Impacto de esta medida en los hogares españoles según la OCU
La OCU sostiene que, pese a que el mercado libre ofrece tarifas más competitivas, la mayoría actualmente resultan “considerablemente más costosas” que la tarifa regulada. Para un hogar con 4,6 kW de potencia y un consumo anual de 3.500 kWh, la tarifa PVPC representa un gasto de 708 euros, mientras que la mejor propuesta del mercado libre es de 659 euros y la más elevada alcanza los 1.027. Esto implica una diferencia de hasta 368 euros por año.
Por este motivo, la organización defiende que eliminar la tarifa regulada equivaldría a “exponer a ocho millones de clientes a un aumento promedio del 15% en sus facturas”, reflejo de los costes adicionales de las tarifas libres.
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Asimismo, el comunicado destaca que el PVPC desempeña una “función fundamental” en momentos de crisis energética, al facilitar la aplicación rápida de medidas regulatorias y fiscales, además de actuar como referencia para evaluar la actividad del mercado.
“Restringir el PVPC solo a consumidores vulnerables excluiría a millones de hogares que, aunque no cumplen con los criterios del bono social, enfrentan reales dificultades para manejarse en el mercado libre”, advierte la organización.
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Por estas razones, antes de contemplar la supresión de la tarifa PVPC, la OCU demanda asegurar a los usuarios una “comparación clara y accesible” de precios, condiciones y plazos de las tarifas libres, tanto fijas como indexadas.
La solicitud de la Comisión Europea
A principios de mayo, la Comisión Europea difundió un informe referente a precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración por flexibilidad, donde señalaba que España, Francia, Hungría, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia han aplicado intervenciones en precios destinadas a hogares vulnerables o microempresas durante la transición hacia mercados libres.
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No obstante, el documento subrayaba que no todos estos países “han establecido plazos claros para revisar sus sistemas”. Desde Bruselas, se argumenta que la tarifa regulada puede debilitar las señales de precio, reducir incentivos para la eficiencia energética y obstaculizar la competencia entre comercializadores, proponiendo que los países con precios regulados definan un calendario detallado para avanzar hacia un mercado de tarifas libres.
Consultada sobre esta petición, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, manifestó que “en este momento no existe plan alguno para eliminar” la tarifa regulada de electricidad.
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Aagesen explicó que España considera que “las condiciones actuales del mercado no son adecuadas para anunciar la desaparición del PVPC”, por lo que defendió la permanencia de esta tarifa tanto para consumidores vulnerables como para “cualquier usuario que decida optar por esta modalidad regulada”.