El conflicto en Oriente Medio incrementa los costes totales cerca de un 15% en el sector, y el 85% de las empresas reporta aumentos en la factura eléctrica, mientras solo el 3% consigue revisar sus contratos
El 90% de las constructoras españolas ya experimenta un impacto económico de intensidad media o alta en sus operaciones debido a la guerra en Oriente Medio, según un informe presentado este martes por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en su Asamblea General. La patronal advierte que, en caso de prolongarse el conflicto, la viabilidad de nueve de cada diez empresas del sector podría verse comprometida.
Según las firmas encuestadas para este estudio, únicamente un 3% ha conseguido renegociar sus contratos, mientras que un 56% intentó hacerlo sin éxito. Un 15% adicional se encuentra aún en proceso de negociación. Esta dificultad para trasladar los sobrecostes a los contratos vigentes explica que cuatro de cada cinco constructoras asuman dichos aumentos, lo que impacta directamente en sus operaciones y plantilla.
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Más del 60% de las constructoras ha registrado incrementos superiores al 20% en el precio de los combustibles, con una de cada cuatro situando ese aumento por encima del 30%. Según la encuesta, los costes totales se han elevado cerca del 15% para la mayoría de las empresas del sector. En cuanto al costo eléctrico, el 85% de las consultadas reporta aumentos de hasta un 20% en su factura energética, un dato que cobra especial relevancia considerando que la energía representa aproximadamente el 40% de los gastos de producción en actividades con alta maquinaria, tanto en obra pública como en construcción residencial. Las empresas que emplean betunes y emulsiones asfálticas enfrentan una presión aún mayor: casi el 80% indica que el aumento de estos materiales ha elevado sus costes más de un 20%, y cerca de la mitad supera el 30%.
Reducción de actividad y peligro para el empleo
El 56% de las constructoras admite haber reducido ya su actividad o estar considerando hacerlo en breve. El 19% contempla recortar plantilla, mientras que un 3% ya ha tomado esa medida, y entre quienes descartan esta opción, el 60% reconoce que la falta de mano de obra es el principal impedimento para llevarlo a cabo.
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En un contexto de “incertidumbre”, el Gobierno actualiza su cuadro macroeconómico. Carlos Cuerpo explica que el avance de los precios implica un ajuste automático al alza en la inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%.
La CNC destaca que todo esto sucede justo cuando España requiere ampliar la oferta de vivienda y acelerar la construcción de infraestructuras. La patronal viene señalando que la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado genera demoras, ralentización de proyectos e incluso abandono de obras.
Las dos reformas legales demandadas por el sector
Frente a esta situación, la patronal ha hecho llegar al Gobierno dos solicitudes concretas. La primera, ayudas específicas para la construcción similares a las ya implementadas en transporte y agricultura. La segunda, modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir los contratos públicos de su aplicación y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios.
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Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, subraya que la situación “ya se ha convertido en una de las causas principales del deterioro en la contratación que afecta directamente a pymes y sus trabajadores”. El 90% de las constructoras advierte que su viabilidad puede estar en riesgo si no se adoptan medidas antes de que el impacto energético se intensifique. En este sentido, Fernández Alén lamenta que el sector “es particularmente vulnerable a la espiral inflacionaria derivada de la crisis energética, lo que podría frenar proyectos decisivos como la vivienda o infraestructuras estratégicas”.