Las claves
El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente encabezar una red internacional que intermediaba en la venta de petróleo venezolano.
La investigación indica que los compradores de crudo venezolano debían tramitar sus operaciones a través de la oficina de Zapatero, aplicando un «peaje» de carácter político y empresarial.
Las conversaciones intervenidas revelan contactos con el Partido Comunista Chino y empresas suizas para la compra de cargamentos de petróleo de PDVSA.
El auto judicial describe una compleja red financiera que canalizaba los pagos mediante sociedades españolas, justificando las transacciones con contratos falsos y documentación simulada.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa en el foco de la investigación una supuesta estructura internacional dedicada, entre otras actividades, a mediar en la venta de petróleo venezolano.
El auto, conocido este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, afirma que la red supuestamente dirigida por Zapatero operaba en España, Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos para «abordar operaciones comerciales de gran volumen» y obtener beneficios económicos a través del tráfico de influencias.
Esta resolución representa un cambio significativo en la investigación. Hasta ahora, la figura del expresidente socialista estaba principalmente vinculada al rescate público de Plus Ultra aprobado por la SEPI en 2021.
No obstante, el juez sostiene ahora que la actividad del grupo iba mucho más allá y que uno de sus principales negocios era la intermediación en transacciones petroleras relacionadas directamente con el régimen venezolano.
El magistrado llega a señalar que Zapatero ejercía «el liderazgo estratégico» de esta estructura y mantenía los contactos institucionales de mayor nivel.
El acceso al petróleo
Uno de los aspectos clave del auto es la explicación del procedimiento para obtener los cupos de petróleo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Según la investigación, los compradores interesados en obtener cargamentos de crudo venezolano debían canalizar la operación a través del entorno de Zapatero.
El juez Calama indica que los interesados tenían que enviar una Carta de Intenciones (Letter of Intent) —LOI, por sus siglas en inglés— dirigida obligatoriamente a la «Oficina del Presidente Zapatero» o directamente al expresidente socialista.
Este requisito es interpretado por la investigación como un tipo de «peaje» político y empresarial necesario para acceder al negocio petrolero venezolano.
Las conversaciones intervenidas por la Policía también evidencian contacto constante con la cúpula chavista para desbloquear cargamentos de petróleo y asignar embarcaciones.
En uno de los mensajes aportados a la causa, el intermediario Domingo Amaro Chacón expresa estar «listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo«.
Los investigadores identifican a «La Dama» como Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y destacan que los propios implicados la señalaban como «la que controla la asignación directa de las embarcaciones».
El vínculo con China
Otro punto destacado en el escrito es la presencia de compradores relacionados con el Partido Comunista Chino en las negociaciones para adquirir petróleo venezolano.
Las comunicaciones analizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revelan que, el 23 de enero de 2024, Domingo Amaro Chacón informó a Julio Martínez que gestionaban varias operaciones para vender cargamentos de crudo a empresarios chinos y a la firma suiza Swissoil Trading SA.
Uno de estos mensajes resulta especialmente relevante para los investigadores.
«Esta es una empresa dependiente del Partido Comunista Chino«, cita literalmente una de las interceptaciones telefónicas que involucran a uno de los compradores interesados en los barcos de petróleo venezolano.
La causa también incluye una carta de intenciones remitida en octubre de 2023 por la empresa China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la oficina de Zapatero.
Para el juez, estos vínculos prueban que la estructura investigada funcionaba como un canal internacional para colocar petróleo venezolano en mercados externos, explotando relaciones políticas y comerciales a alto nivel.
Opacidad interna
El auto también destaca la falta de transparencia en las operaciones indagadas.
Los investigadores señalan como llamativo que ciertos intermediarios manejaran operaciones multimillonarias de petróleo sin siquiera conocer el tipo exacto de crudo que se comercializaba.
En uno de los chats analizados, un participante pregunta expresamente «qué producto se referencia en la carta de intención«.
La Policía interpreta este detalle como una señal de que las transacciones no obedecían a una lógica comercial habitual y que el verdadero valor radicaba en el acceso político a PDVSA y las autoridades venezolanas.
Además, el auto sostiene que los pagos derivados de estas operaciones se canalizaban a través de sociedades españolas que funcionaban presuntamente como fachada financiera.
La ruta del dinero
El juez identifica a Inteligencia Prospectiva SL, administrada por Domingo Arnaldo y Alfredo Amaro, como un componente clave de la estructura financiera.
Según la resolución, esta empresa ingresaba fondos extranjeros simulando ampliaciones de capital y distribuía posteriormente el dinero a sociedades vinculadas al entorno de Zapatero.
Entre las sociedades receptoras se encuentran Análisis Relevante, What The Fav (la empresa de las hijas del expresidente) y Gate Center.
El juez afirma que estas operaciones se justificaban mediante contratos ficticios de consultoría internacional y documentación falseada.
La resolución añade que los fondos terminaban presuntamente en el ámbito empresarial de Julio Martínez Martínez, empresario alicantino considerado uno de los colaboradores más cercanos del expresidente socialista.
El sobre de Aldama
La investigación judicial conecta directamente con la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno sobre la supuesta financiación del PSOE mediante petróleo venezolano.
Aldama afirmó que, tras la visita de Delcy Rodríguez a Madrid el 20 de enero de 2020, Zapatero tomó el control de una operación para vender seis millones de barriles de crudo Boscán valorados en 250 millones de euros.
Según declaró el empresario, esta operación estaba destinada a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
El certificado de disponibilidad del crudo entregado por Aldama al juez data del 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas tras el incidente conocido como Delcygate.
Aldama también aseguró que se adelantaron cinco millones de euros en una cuenta rusa supuestamente vinculada al entorno de Zapatero y que perdió el control de la negociación cuando el expresidente asumió la dirección de la operación.
En dicha declaración también apareció el empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, fallecido en febrero pasado y con una relación histórica con contratos petroleros de PDVSA.
Según Aldama, Flores poseía la licencia necesaria para operar con los cupos de petróleo venezolano.
Francisco Enrique Flores Suárez también figura en la resolución del juez José Luis Calama, quien lo vincula con la empresa Softgestor.
Aunque no fue administrador ni desempeñó cargo alguno en ella, Julio Martínez Martínez le envió el contrato que inicialmente iba a firmar la empresa Apamate Corporate And Trust, y que finalmente se firmó a nombre de Softgestor, ambas sociedades administradas por Carlos Alberto Parra Delgado.
Además, Julio Martínez Martínez utilizó a Flores Suárez para reclamar los pagos pendientes por parte de la empresa, algo que para la investigación es «un indicio sólido de artificiosidad en la configuración formal de contratos y facturas».