Las claves
Francisco Flores, banquero venezolano vinculado con el chavismo y al narcotráfico, realizó pagos al denominado «Grupo Zapatero», implicado en el rescate financiero a Plus Ultra.
La UDEF y la UCO investigan supuestas operaciones fraudulentas con pagos y contratos simulados entre empresas vinculadas a Flores y personas del círculo cercano a Zapatero, utilizando facturas ficticias y servicios no prestados.
Aldama presentó pruebas sobre un cupo de petróleo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares, presuntamente empleado para financiar al PSOE y la campaña de Pedro Sánchez.
El grupo empresarial de Flores anunció su fallecimiento a los 55 años sin detallar las causas, mientras prosigue la investigación por blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales.
Francisco Flores, banquero relacionado con el chavismo y el narcotráfico, dado por fallecido, realizaba pagos al «Grupo Zapatero«, que, según el juez José Luis Calama, fue constituido por el expresidente del Gobierno y su amigo Julio Martínez Martínez para percibir comisiones en el rescate de Plus Ultra.
El intermediario venezolano aparece en la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como quien gestionaba de forma oculta la sociedad Softgestor SL, la cual desembolsó 145.200 euros a la empresa Análisis Relevante SL, propiedad del amigo de Zapatero.
El círculo de Flores está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras la entrega de un sobre por Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, información que reveló en exclusiva EL ESPAÑOL el 19 de marzo.
El conglomerado empresarial y la fundación vinculada al banquero, propietario de la entidad venezolana Sofitasa, comunicaron inesperadamente su muerte a los 55 años el 6 de febrero de este año.
Ni la familia ni el grupo empresarial Corporación Kingdom ofrecieron detalles sobre el motivo del deceso de uno de los intermediarios de Zapatero en Venezuela. El comunicado expresaba: «Ha sido llamado a presencia de Dios«.
La pesquisa de la UDEF que llevó a la imputación de Zapatero reveló que Flores, con vínculos al narco venezolano, negoció con el amigo del expresidente y realizó pagos a su empresa.
El juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que ha acusado a Zapatero, señala que Julio Martínez simuló la prestación de servicios a las empresas de Flores mediante facturas fraudulentas.
El amigo de Zapatero remitió al banquero venezolano un primer contrato el 15 de octubre de 2020. En los meses siguientes mantuvieron diálogos y Julio Martínez solicitó el pago a Flores.
El empresario ligado al narcotráfico indicaba al amigo del expresidente que avisaría si recibían el pago «por ahí» o por otra vía.
Estas evidencias, según el juez Calama, demuestran que los trabajos supuestamente realizados por Análisis Relevante a Softgestor fueron ficticios y, en realidad, podrían encubrir el pago de comisiones al «Grupo Zapatero».
La estructura societaria vinculada al expresidente del Gobierno descubierta por la UDEF era conocida como «Grupo Zapatero» por los directivos de Plus Ultra implicados en el rescate de la aerolínea.
Este «Grupo Zapatero», con Julio Martínez como testaferro del expresidente, operaba como un gestor acelerador de trámites ante la Administración.
Además, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, «Zapatero participó en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo y oro».
El magistrado concluye que «del análisis conjunto de la documentación y del seguimiento temporal realizado se identifican indicios claros de falsedad en la formalización de contratos y facturas» entre las compañías de Flores y Martínez.
«En primer lugar, se observa la emisión de facturas fechadas en días distintos pero con numeración idéntica, lo que indica una manipulación meramente formal de los documentos«, señala el juez.
«En segundo término, el contrato de prestación de servicios evidencia que su formalización no responde a una relación comercial real y vigente previamente«, explica.
El auto detalla que «en un inicio se envió un contrato incompleto» de Julio Martínez al empresario vinculado al narcotráfico, el cual luego fue devuelto con todos los datos esenciales añadidos.
El juez infiere que esto «permite concluir que su elaboración tuvo como objetivo conferir apariencia legal a una prestación de servicios cuya existencia efectiva no ha sido demostrada».
«A esto se suma la emisión de facturas con la misma numeración en fechas distintas, reforzando la hipótesis de simular una relación de pagos relacionada con un servicio inexistente».
El sobre de Aldama
La conexión entre el banquero chavista Flores y el «Grupo Zapatero» descrita por el juez avala las pruebas presentadas por Aldama ante la Audiencia Nacional.
El sobre entregado por Aldama contenía la disponibilidad de un cupo de petróleo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) valorado en 250 millones de dólares.
Según la declaración de Aldama ante el magistrado Ismael Moreno, este petróleo fue utilizado para financiar a Zapatero, al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista.
![El sobre mencionado por el fiscal.](["https://s3.elespanol.com/2026/01/29/actualidad/1003744109675_262009171_1706x1976.jpg"])
Dentro de los documentos figura un certificado de volumen de crudo fechado el 4 de febrero de 2020, en el que se ofrecían seis millones de barriles del crudo Boscán con un plazo de vencimiento a 45 días.
La operación, según fuentes de la pesquisa, no se concretó, pero sí se registró un pago anticipado de 5 millones de euros en una cuenta bancaria en Rusia.
Flores habría sostenido una reunión con Aldama y Zapatero en Caracas (Venezuela). No obstante, el expresidente negó dicha reunión y declaró que únicamente coincidió con Aldama en un vuelo privado hacia República Dominicana desde la capital venezolana.
Con los fondos obtenidos mediante este cupo petrolero, según la versión de Aldama, Sánchez habría financiado su campaña para presidir la Internacional Socialista en 2022.
Para la ingeniería financiera habrían sido utilizadas sociedades en Panamá, cuyos detalles ya forman parte del conocimiento del juez Ismael Moreno y la UCO tras las declaraciones de Aldama y el inicio de la investigación.