Las claves
El PP está preparando una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto falseamiento de la verdad ante el Senado durante su intervención en la comisión de investigación del caso Koldo.
La Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado ha extendido su labor por seis meses adicionales tras la imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción.
La Audiencia Nacional ha fijado para el 2 de junio la declaración como investigado de Zapatero, acusado de liderar supuestamente una red de tráfico de influencias vinculada al rescate a Plus Ultra.
El PSOE sostiene la presunción de inocencia de Zapatero y atribuye la indagación a una estrategia política y mediática promovida por la derecha, mientras que el PP reprocha al Gobierno por obstaculizar el trabajo de la comisión.
La Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado ha acordado este martes prolongar sus labores tras la imputación por delitos de corrupción del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, el Partido Popular ha confirmado que está preparando una posible querella contra el «asesor de Pedro Sánchez», debido a haber presuntamente mentido al Senado durante su declaración en esa comisión, el pasado 2 de marzo.
Según declaraciones del PP en la Cámara Alta, se presentará en el Pleno la solicitud de extensión de sus funciones por seis meses adicionales. Esta decisión se tomó pocas horas después de que se revelara que la Audiencia Nacional imputa al ex presidente por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos de corrupción dentro del caso Plus Ultra.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, Alejo Miranda, defendió la prórroga utilizando los mismos argumentos de su interrogatorio a Pedro Sánchez el 30 de octubre anterior: «La corrupción no debe ocultarse; debe ser combatida. La verdad no se silencia, se revela y la responsabilidad se asume, no se elude«.
Han pasado ya 27 meses desde que surgió el primer caso de corrupción vinculado al sanchismo, que había mantenido un periodo sin tachas judiciales. Esto ocurrió en febrero de 2024, y poco tiempo después, el Senado, con mayoría absoluta del PP, puso en marcha esta comisión de investigación.
Desde entonces, este órgano ha venido extendiendo su labor y ampliando su alcance. Ha realizado 115 sesiones, ha escuchado a más de 100 testigos y ha descubierto 15 tramas de corrupción, todas relacionadas «por el mismo vínculo, el mismo partido y el mismo Gobierno», afirmó Miranda.
Asimismo, el PP está considerando presentar una querella contra Zapatero por haber faltado a la verdad ante el Senado. El artículo 502.3 del Código Penal determina que «quien, llamado a declarar ante una comisión parlamentaria de investigación, mienta en su testimonio, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o multa entre 12 y 24 meses».
Los populares recuerdan que el expresidente «negó repetidas veces, hasta en 20 ocasiones, haber intervenido en el rescate» de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra durante su comparecencia ante la comisión.
«Se podría imputar un delito adicional», alertó el senador Miranda. El portavoz del PP en la comisión añadió que «el juez lo señala como líder de una red estructurada y jerarquizada de tráfico de influencias con el objetivo de obtener beneficios económicos«.
Zapatero está convocado a declarar como investigado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no descartó este martes la presentación de la querella, aunque el PP «respeta la presunción de inocencia» y, por ello, «esperará a conocer la versión de Zapatero ante el instructor antes de decidir».
«De la A de Ábalos a la Z de Zapatero»
Los populares acusaron, en cualquier caso, que Sánchez, el PSOE y el Gobierno «están salpicados por la corrupción, desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero».
Miranda afirmó que Zapatero «es, desde hoy, el único presidente democrático imputado, investigado por presunto blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y supuesta pertenencia a organización criminal», y amplió dicha información más allá de los datos oficiales aportados por la Audiencia.
El senador popular criticó al PSOE por «haber intentado impedir que esta comisión de investigación ejerza sus funciones constitucionales y revele la verdad sobre el destino de los fondos públicos, el dinero de todos los españoles».
Además, advirtió que «a medida que avanzaba la investigación judicial, la trama se expandía y multiplicaba alrededor del ‘Uno’, Pedro Sánchez», apodo utilizado por los miembros de la estructura.
«A Sánchez le preocupa la forma en que será recordado, y hoy, su mentor, le ha adelantado», añadió Miranda, alertando que los senadores socialistas que «hoy le respaldan se distanciarán de él, tal como hicieron antes con Koldo, Ábalos y Cerdán».
«Sólo habíamos leído la prensa»
En defensa, el PSOE acusó al PP este martes de contar con «información privilegiada» sobre causas confidenciales tras que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pareciera anticipar sucesos durante la campaña electoral andaluza.
En un acto en Tomares (Sevilla), Feijóo afirmó que «en las próximas semanas se conocerán más detalles». El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo calificó de «imbécil» por esas palabras.
Puente acusó a Feijóo de «probar la existencia de una conspiración entre jueces y oposición» para derribar al Gobierno, teoría que el PSOE ha impulsado al acusar al Poder Judicial de «no perdonar ciertos avances políticos».
Ester Muñoz respondió con firmeza a estas imputaciones durante la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces en el Congreso. «El ladrón piensa que todos son de su condición. Hay tantas causas secretas que era lógico que dijéramos eso», afirmó la portavoz popular.
Muñoz continuó desmontando las alegaciones socialistas: «El patrón es siempre el mismo. Primero los medios reportan un caso de presunta corrupción, luego ellos lo niegan y acusan a la prensa de difundir falsedades, después los jueces investigan, y entonces el PSOE acusa a los jueces de ‘lawfare’ y los ataca», explicó, describiendo este ciclo delictivo.
«No, señores del PSOE, simplemente habíamos leído los medios, y era previsible que alguna de estas situaciones ocurriera«, concluyó la portavoz del PP. «El PSOE está muy nervioso, pues sólo así se entiende que un ministro del Gobierno de España insulte llamando imbécil al líder de la oposición».
En un país que funcione democráticamente, según Muñoz, «el partido gobernante debería decir ‘confío en la justicia, deseo que se investigue a fondo y asumiremos las consecuencias'». «Pero no son un partido responsable; el PSOE es una organización criminal en lo económico y moral».
Zapatero se defiende
El auto emitido por el juez Calama que imputa a Zapatero revela que el ex presidente «participó en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con petróleo y oro».
La Audiencia Nacional sostiene que Zapatero encabezó una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias con el propósito de lograr beneficios económicos mediante intermediación ante organismos públicos.
La investigación realizada por la UDEF confirma que Zapatero utilizó a personas y empresas cercanas para blanquear fondos provenientes de comisiones ilegales.
El vínculo principal está en la coincidencia de 458.000 euros pagados por Plus Ultra a sociedades de Julio Martínez —empresario, amigo personal y presunto testaferro de Zapatero— y la cantidad muy similar que este último posteriormente transfirió al ex presidente.
En un video difundido a medios, Zapatero se defendió alegando que siempre «actuó conforme a la legalidad» y reiteró su desvinculación del rescate a Plus Ultra.
Por su parte, el presidente Sánchez ordenó al PSOE y al Ejecutivo centrarse en la defensa de Zapatero. Ferraz emitió un comunicado atribuyendo la investigación a una campaña política y mediática impulsada por «la derecha y la ultraderecha». La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, reclamó «un respeto completo a la presunción de inocencia».