Ángel Gabilondo critica la escasez de pisos sociales, los alquileres inaccesibles, el aumento de los desahucios y sostiene que un consenso entre administraciones permitiría mejorar la situación
La problemática de acceso a la vivienda continúa agravándose en España y afecta de manera directa a jóvenes, familias vulnerables e incluso a trabajadores con ingresos estables. Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien esta martes alertó desde el Congreso de los Diputados que, sin una coordinación efectiva entre administraciones y sin medidas inmediatas, la situación del vivienda podría empeorar aún más en los próximos años.
Durante su intervención ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Gabilondo hizo un llamado a “la colaboración de todos” para asegurar el derecho constitucional a una vivienda adecuada y afirmó que “solo un pacto entre las distintas administraciones podría generar un avance significativo” en esta materia, informa Efe.
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El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, caracterizado por el aumento en los precios del alquiler, la falta de vivienda pública y las crecientes dificultades para acceder a un hogar, tanto en propiedad como en alquiler.
Escasez de respuestas efectivas
Gabilondo presentó un informe que detalla 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos a lo largo del año. Gran parte de las quejas recibidas se relacionan con las dificultades para acceder a la vivienda y la carencia de respuestas efectivas por parte de las administraciones.
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Explicó que en junio de 2025 la institución inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los diez municipios más poblados del país. El propósito fue identificar qué medidas se estaban implementando para incrementar la vivienda protegida y ampliar el parque público residencial.
“Este proceso continúa abierto”, enfatizó el Defensor, quien insistió en la necesidad de cooperación institucional para abordar una problemática que considera estructural. Según su opinión, las políticas vigentes resultan insuficientes para atender una demanda social cada vez más urgente.
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El economista Santiago Carbó examina la situación presente del mercado inmobiliario. Advierte sobre “aumentos significativos” en los precios de compra y detalla cómo la escasez junto a los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen las mejoras salariales de las familias.
Vivienda pública insuficiente y ayudas escasas
El informe señala varias causas detrás del empeoramiento en el acceso a la vivienda. Destaca la falta de vivienda pública y social, que permanece muy por debajo de la media europea, además de la lentitud administrativa y la insuficiencia de ayudas concretas para las familias con menos recursos.
Según numerosos ciudadanos que se han dirigido a la institución, obtener una vivienda protegida se ha transformado en un proceso lleno de obstáculos marcado por “largas esperas” y trámites burocráticos que pueden retrasar las adjudicaciones durante años.
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Esta problemática afecta especialmente a los jóvenes y familias vulnerables, quienes destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al alquiler. En muchos casos, quedan directamente fuera del mercado por la imposibilidad de afrontar las rentas vigentes.
Además, Gabilondo advirtió que la situación es aún más grave en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el incremento del alquiler vacacional reduce la oferta residencial y ejerce mayor presión sobre los precios.
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Desahucios y sinhogarismo a pesar de tener empleo
Uno de los aspectos que más preocupación provoca al Defensor del Pueblo es el aumento de casos de exclusión residencial incluso entre personas empleadas o con ingresos estables. Según explicó, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares por las subidas “excesivas” del alquiler.
“Entre las personas sin hogar hay quienes tienen empleo o pensiones públicas”, advirtió Gabilondo, quien considera que la respuesta oficial frente a este fenómeno “no resulta adecuada”.
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El informe también recopila numerosos casos de ciudadanos que comunicaron a la institución la proximidad de un desahucio judicial de su vivienda habitual. Ante esta realidad, el Defensor solicitó reforzar la protección de las personas vulnerables, sin descuidar la lucha contra las ocupaciones ilegales.
Asimismo, pidió optimizar la gestión de ayudas públicas, asegurar procesos transparentes de asignación de vivienda social y aumentar con urgencia el parque público destinado al alquiler asequible.
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El drama de las infraviviendas y los asentamientos
Gabilondo también resaltó una realidad menos visible pero persistente: la presencia de asentamientos chabolistas e infraviviendas sin condiciones básicas de habitabilidad en diferentes zonas del país.
“No debe olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas aislados y separados de los núcleos urbanos”, indicó durante su discurso en el Congreso.
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Para el Defensor del Pueblo, estas situaciones deben situarse como una prioridad política y social. Por ello, reclamó a las administraciones planes efectivos de realojo y soluciones rápidas para las personas que viven en condiciones extremas de exclusión.