Las claves
Pedro Sánchez ha instruido al PSOE y al Gobierno para que respalden públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero tras ser señalado como investigado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.
El Ejecutivo manifiesta su confianza en la inocencia de Zapatero y apela al principio de presunción de inocencia, aunque reconoce que aún no ha revisado completamente el auto judicial.
Desde el PSOE y sus aliados parlamentarios se sugiere que la imputación de Zapatero tiene fines políticos, vinculándola a posibles campañas de desgaste contra líderes de izquierdas.
La ministra portavoz atribuyó el inicio de la investigación a Manos Limpias, aunque en realidad comenzó con pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, a las que Manos Limpias se sumó más tarde como acusación popular.
El Gobierno ha mostrado un firme respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero pocas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidiera citarle como investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate de Plus Ultra.
Informaciones desde Moncloa indican que Pedro Sánchez ha ordenado tanto al PSOE como al Ejecutivo que se centren en defender al expresidente.
La portavoz gubernamental, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que mantienen su «confianza» en la inocencia de Zapatero, aunque reconocen que aún no se ha analizado en detalle el contenido completo del auto.
«Existe un principio básico que es el de la presunción de inocencia», explicó Saiz, quien apeló a su «formación jurídica» para exigir el «máximo respeto a la Justicia» y mostró su expectativa de que «la Justicia actuará con equidad».
No obstante, la ministra evitó respaldar abiertamente la teoría del lawfare que han planteado tanto el PSOE como socios del Gobierno como Sumar o ERC.
En cambio, denunció la «animadversión de la derecha» hacia Zapatero.
«Tengo tanto aprecio por el presidente Zapatero como la inquina que le profesa la derecha», declaró Saiz, defendiendo el legado del expresidente.
Rememoró que ganó las elecciones de 2004 «cuando pocos lo esperaban» y señaló que durante sus dos mandatos se produjo «la mayor transformación social» en el país.
También destacó que bajo su gobierno «la sociedad en su conjunto venció a la banda terrorista ETA».
El tono del Gobierno no obstante fue más moderado que el expresado desde Ferraz.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, recordó la expresión de otro expresidente, José María Aznar, «quien pueda hacer que haga», para vincular la citación de Zapatero ante la Audiencia Nacional con intereses ocultos llevados «a su máximo extremo».
No es la primera ocasión en que la dirección socialista utiliza esta frase de Aznar para denunciar supuestas campañas judiciales y políticas de desgaste contra dirigentes de izquierdas.
Esto es una manera de insinuar la existencia de lawfare y la complicidad de ciertos magistrados con la estrategia del PP.
Sumar, socio de coalición del PSOE en el Gobierno, fue aún más contundente.
La portavoz del partido de Yolanda Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, expresó sus «dudas» sobre la imputación de Zapatero y sugirió que podría encajar dentro de una estrategia de lawfare.
Origen de la investigación
La ministra portavoz fue más allá al atribuir el inicio de la investigación a Manos Limpias. «No podemos olvidar que esta indagación surge de una denuncia presentada por una organización ultra«, declaró.
Sin embargo, la investigación no se originó en la denuncia de Manos Limpias, sino en actuaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y en informes elaborados por la Udef , que fueron ampliando el campo de las pesquisas hasta alcanzar a Zapatero.
Manos Limpias se personó posteriormente en el proceso como acusación popular.