Las claves
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso Plus Ultra por supuestos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Se indaga si los 53 millones de euros otorgados como rescate público a la aerolínea Plus Ultra fueron destinados a blanquear fondos provenientes de corrupción en Venezuela.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el rescate pudo haberse utilizado para cancelar préstamos anteriores de sociedades vinculadas a una supuesta red internacional de lavado de dinero.
Dentro de los implicados se encuentran directivos de Plus Ultra, empresarios con vínculos a Venezuela y Suiza, así como personas cercanas a Zapatero que habrían recibido pagos provenientes de la aerolínea.
El caso Plus Ultra, que investiga el rescate público de 53 millones de euros otorgado en marzo de 2021 a través de la Sepi, incorpora un nuevo protagonista bajo la lupa judicial: José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente del Gobierno, primero en la democracia española en ser investigado por casos de corrupción, ha sido citado como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Está citado para declarar el próximo 2 de junio ante el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
La imputación fue ordenada por el juez José Luis Calama, quien asumió el caso el 3 de marzo, encargándose de esta investigación que indaga sobre un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.
El inicio
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron indicios de que el capital del rescate inyectado por el Gobierno podría haber sido empleado para blanquear dinero procedente de corrupción en Venezuela.
Se recibieron múltiples solicitudes de cooperación internacional desde Francia y Suiza para investigar una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela, operando también en España. El Ministerio Público encontró evidencias de un presunto «uso indebido» de los 53 millones públicos por parte de Plus Ultra, tras lo cual se sospecha la existencia de una trama para lavar fondos.
Inicialmente, el caso fue asignado al juzgado central de instrucción número 2, presidido por Ismael Moreno. Luego, las investigaciones se trasladaron al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, pero finalmente el tribunal decidió remitir el asunto de nuevo a la Audiencia Nacional.
¿Qué se investiga?
En este proceso se examina si Plus Ultra hizo un uso indebido de los 53 millones de euros entregados por el Gobierno a través de la Sepi tras la pandemia, y si dichos fondos están relacionados con una trama de blanqueo de capitales ligada a dinero venezolano.
La investigación avanza por dos líneas principales: primero, si los préstamos públicos facilitados en el rescate fueron desviados o empleados para otros fines no autorizados; segundo, si Plus Ultra fue utilizada como una pieza de una red internacional de lavado de activos con operaciones en varios países.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el dinero concedido en 2021 pudo utilizarse de manera distinta a la prevista y, en lugar de preservar la viabilidad de la aerolínea, habría servido para reembolsar préstamos anteriores otorgados por sociedades vinculadas a la presunta red criminal.
Según la hipótesis de los investigadores, el rescate habría sido un elemento dentro de un sistema financiero utilizado para blanquear fondos opacos vinculados a programas públicos venezolanos de distribución subsidiada de alimentos o a ventas de oro del Banco de Venezuela.
Los expertos sostienen que esos fondos habrían transitado por Francia, Suiza y España, mediante movimientos bancarios y préstamos entre sociedades usados para encubrir su verdadero origen. La tesis de Anticorrupción es que Plus Ultra habría recibido financiación o préstamos previos de entidades conectadas con esta red, y posteriormente el rescate público habría permitido cancelar esas deudas.
Los protagonistas
Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra: arrestado el 11 de diciembre de 2025 y liberado con medidas cautelares.
Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra: detenido el 11 de diciembre de 2025 y puesto en libertad con condiciones cautelares.
Julito Martínez, propietario de Análisis Relevante: arrestado en la misma operación, es amigo cercano de Zapatero. Recibió 458.000 euros en cinco años de Plus Ultra mediante tres sociedades diferentes.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno: elaboró informes «orales y escritos» de asesoría estratégica para Análisis Relevante, y percibió casi la misma cantidad que Julito Martínez. El exlíder socialista ha señalado que fue Julio Martínez quien le propuso estos trabajos y se desvinculó del rescate de la aerolínea.
Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca: empresarios que habrían aportado financiación desde sociedades financieras relacionadas con Suiza y República Dominicana a Plus Ultra antes del rescate, y que supuestamente recibieron parte de ese dinero cuando se destinaron los fondos.
Khristian Alegre Walter: administrador de algunas compañías asociadas a los hermanos Baca.
Danilo Alfonso Díazgranados: corredor de bolsa con conexiones en Venezuela y República Dominicana. Su nombre aparece vinculado a operaciones que habrían facilitado el movimiento de fondos ilícitos, posiblemente actuando como enlace financiero entre el dinero venezolano y otros países involucrados en la red.
Simón Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por las autoridades españolas como uno de los líderes de la banda criminal. También figura como acreedor de Plus Ultra.
Cronología del caso
1. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros mediante el fondo gestionado por la SEPI.
2. En abril de 2022, la Justicia inició diligencias sobre el rescate tras denuncias que cuestionaban si la aerolínea cumplía los requisitos para recibir la ayuda.
3. El 8 de enero de 2023, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid archivó la causa por el rescate. Anticorrupción presentó otra denuncia con nuevos datos para reactivar la investigación.
4. El 11 de diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente Julio Martínez Solá y al consejero delegado Roberto Roselli en el marco de una fase centrada en blanqueo de capitales.
5. En marzo de 2026, la Audiencia Nacional asumió la investigación sobre el presunto uso irregular de los 53 millones y conexiones posibles con fondos venezolanos.
6. El 19 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero.