Las claves
El PP reclama en el Congreso desbloquear la ley que reconoce a Guardia Civil y Policía Nacional como profesión de riesgo, tras 71 vetos del PSOE.
El Tribunal Constitucional ha reprochado la práctica habitual de extender repetidamente los plazos para enmiendas, lo que impide debates legislativos incómodos para el Ejecutivo.
La discusión sobre la protección de los agentes se reactiva después de la muerte de dos guardias civiles en un enfrentamiento contra el narcotráfico en Huelva.
Más de 130 iniciativas legislativas continúan bloqueadas en el Congreso mediante la técnica del ‘congelador’, según denuncia el PP.
En las próximas semanas, el pleno del Congreso decidirá si acoge o desestima la condena del Tribunal Constitucional al llamado «congelador» de Francina Armengol aplicado a leyes que no favorecen al Gobierno en la Cámara Baja.
Esta decisión llega por iniciativa del PP, que el viernes 8 de mayo presentó una proposición no de ley, a la cual tuvo acceso este diario, con el fin de forzar un pronunciamiento político tras el fallo que censura la «prórroga sistemática» de los plazos de enmiendas.
La propuesta surge apenas un mes después de que el TC respaldara por unanimidad a los populares contra la Mesa del Congreso. Los jueces concluyeron que la reiterada extensión de plazos para enmiendas al decreto de fondos europeos, más de 70, «entorpeció el proceso legislativo» y vulneró el derecho a la participación política.
Ahora, el grupo de Alberto Núñez Feijóo exige que el PSOE se posicione en el Pleno respecto a esta «reciente doctrina constitucional».
Y que lo haga en un momento en que la atención política se centra en otra ley estancada en el congelador: un texto del PP, aprobado en el Senado, que declara como profesión de riesgo a la Guardia Civil y Policía Nacional… por última vez, el pasado miércoles, apenas cinco días después de la muerte de dos agentes durante un enfrentamiento contra una narcolancha frente a las costas de Huelva.
«Filibusterismo sanchista»
Desde el PP argumentan que «tanta acumulación de artimañas democráticas del sanchismo, para evitar su mala gestión, está pasando factura al Gobierno en este tramo final de legislatura». En su análisis, el abuso de prórrogas en las enmiendas refleja un Ejecutivo que opta por bloquear debates complicados en vez de enfrentar más votos en contra en el hemiciclo.
Los populares resaltan que la reivindicación de policías y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo es histórica. No sólo por «reconocimiento», sino por «equidad», ya que ese mismo estatus lo poseen las policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.
Asimismo, señalan que el PSOE siempre ha postergado esta petición por «prioridades presupuestarias», lo cual evidencia la «seriedad» de la ausencia de Presupuestos desde 2023, situación que ahora perjudica al Gobierno de Pedro Sánchez, atrapado políticamente por su «falta de gestión», según esas fuentes.
Además, los populares destacan que «ni siquiera este TC, altamente politizado a favor suyo» ha pasado por alto el «filibusterismo prolongado de Sánchez».
Recuerdan que la condena del Constitucional se refiere a una norma de 2020. Pero que hoy todavía «más de 130 iniciativas legislativas permanecen congeladas» mediante la misma técnica de ampliar enmiendas semana tras semana, con la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa.
En defensa del Estado de derecho
La PNL del PP busca vincular esa crítica general con un compromiso específico de los socialistas en el Congreso con el Estado de derecho. El texto invoca el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos directa o indirectamente mediante representantes elegidos por sufragio universal.
Los populares advierten que ese «derecho fundamental» solo puede aplicarse si ambas cámaras del Parlamento, a las que el artículo 66 CE atribuye la «potestad legislativa del Estado», actúan con normalidad, «y el Congreso respeta al Senado».
Por ello, denuncian que esa función se ve frustrada cuando la Mesa «pervierte el objetivo» de extender el plazo de enmiendas y lo utiliza «de forma mecánica y sistemática» para bloquear ciertos proyectos y proposiciones.
En consecuencia, la iniciativa solicita que el Congreso «exprese su compromiso con la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a intervenir en asuntos públicos».
Además, añade un segundo punto en que la Cámara se compromete a proteger ese derecho «asegurando que la función legislativa de esta Cámara se ejerza con normalidad en cumplimiento de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional».
Guardias sin amparo
El registro de esta PNL se produjo casi a la misma hora en que fallecían los guardias civiles Germán y Jerónimo en su lucha contra el narcotráfico, el 8 de mayo, cuando su patrullera colisionó con otra embarcación del Instituto Armado frente a la playa de Matalascañas.
El suceso reabrió el debate sobre los medios materiales de la Guardia Civil y la carencia de un marco específico de protección como profesión de riesgo para sus agentes.
El sábado, Feijóo ya tenía agendada una reunión con la asociación Nuestro Corazón por Bandera, para incorporar sus propuestas al plan de Acción Urgente contra el crimen organizado presentado por Borja Sémper el lunes siguiente.
Entre las medidas, recuperar la unidad OCON-Sur, endurecer las penas y trasladar los grandes procesos a la Audiencia Nacional. De momento, exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Al PP, por tanto, la tragedia le sorprendió mientras preparaba sus propuestas. En cambio, el Gobierno y el PSOE no lograron reaccionar: al funeral de los dos guardias solo asistió María Jesús Montero, candidata a la Junta, mientras que ni el presidente del Gobierno ni el ministro del Interior estuvieron presentes.
Ese mismo lunes, en el debate electoral andaluz, Montero cometió un fallo al referirse reiteradamente a la muerte de los dos guardias como un «accidente laboral». Expresión que generó la indignación de asociaciones de la Guardia Civil y de la oposición, que protestaron abucheando a Marlaska durante una jura de bandera el miércoles.
…justo el día en que la Mesa del Congreso volvió a aplicar la técnica del «congelador» a la proposición de ley del PP para declarar profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional. Esta vez por 71ª vez consecutiva, casi dos años de prórrogas, desde poco tras el asesinato de otros dos guardias en Barbate.
Por aquel entonces, una narcolancha atropelló deliberadamente a una patrullera del Servicio Marítimo, lo que provocó una ola de protestas por la insuficiencia de medios y una sensación de desprotección para los agentes en el Estrecho.
La duda es si ahora el Congreso acogerá la condena del TC tramitando en 15 días la ley del PP… y si esta iniciativa ciudadana servirá como impulso para ello, o si quedará en una disputa más por el control del relato en el fin de la legislatura.
La votación obligará al PSOE y sus aliados a manifestarse, y «descongelar» un Parlamento que acumula más de 130 leyes paralizadas, algunas tan delicadas como la ley que reconoce la profesión de riesgo para la Guardia Civil. O no.