Fuente de la imagen, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California
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- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
- Fecha de publicación 51 minutos
- Tiempo de lectura: 7 min
Tráfico de personas, secuestro, extorsión, robo, vínculos con carteles.
Todo eso y más formaba parte, según las autoridades estadounidenses, del abanico criminal de la organización mexicana Hernández Salas.
Su cabecilla, Ofelia Hernández Salas, también conocida como «Doña Lupe» o «La Güera», fue sentenciada este miércoles a 11 años de cárcel por un tribunal federal de distrito en Arizona, por su papel en la extensa red que operó durante años en la frontera entre México y Estados Unidos.
Esta mujer de 64 años fue capturada en Mexicali, la ciudad en Baja California desde donde dirigía sus operaciones, en marzo de 2023, y posteriormente fue extraditada a EE.UU., donde admitió su culpabilidad al año siguiente.
«El tráfico transnacional de personas representa una amenaza directa para nuestra seguridad nacional», señaló el vicefiscal A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., durante el anuncio de la sentencia.
«Los cruces fronterizos ilegales ya son extremadamente peligrosos; la acusada agravó este riesgo al incorporar robos a sus actos delictivos», agregó.
¿Qué se conoce acerca de Hernández Salas? ¿Cómo funcionaba realmente la banda que llevaba su apellido? ¿Qué peso tenía en el panorama general del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos?
Décadas en el negocio
«Aunque la condena se basa en delitos recientes, según declaraciones de quienes la conocieron, llevaba más de 25 años involucrada en el tráfico de migrantes», comenta a BBC Mundo el experto mexicano en seguridad David Saucedo.
Sin embargo, el inicio de sus actividades ilegales se remonta aún más atrás.
Nacida en el estado de Guerrero, Hernández Salas habría comenzado su vida delictiva en los años 90 con la falsificación de documentos, según las pesquisas del Departamento de Justicia estadounidense.
En marzo de 2008 fue capturada en el condado de Orange, California, por ingresar ilegalmente al país, y en 2011 un juez le impuso una condena de 18 meses de prisión y tres años de libertad vigilada; fue deportada a México en octubre de 2012 tras cumplir su condena.
Fuente de la imagen, Los Angeles Times vía Getty Images
Su historial criminal también incluye detenciones anteriores en México, previas a su condena actual.
En 2019, agentes de la antigua Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California la capturaron en un domicilio de la colonia Fronteriza de Mexicali, donde tenían bajo su cuidado a cuatro personas originarias de India.
Las autoridades estatales informaron que un hombre de Guanajuato detenido en el mismo lugar declaró que llevaba ocho meses en la ciudad con la intención de cruzar a EE.UU., y que «Doña Lupe» le había ofrecido dinero para trasladar a los extranjeros a un punto desde donde intentarían ingresar al país vecino.
Un gran jurado federal de Arizona la acusó en 2021, basado en testimonios de 15 migrantes que declararon haber contratado sus servicios entre mayo de 2020 y junio de 2021.
Posteriormente fue arrestada definitivamente en marzo de 2023 en una vivienda de la colonia Zacatecas de Mexicali, durante un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de Baja California, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Junto a ella fue detenido Raúl Saucedo Huipio, considerado su principal colaborador.
En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. la sancionó, considerándola líder de una organización criminal transnacional, junto con varios «miembros y entidades de su red de apoyo».
«Las autoridades de ambos países estiman que las víctimas pagan entre US$10.000 y US$70.000 por los servicios de tráfico de personas. Hernández Salas y su organización emplean facilitadores en diferentes zonas para trasladar a migrantes hasta la frontera estadounidense», señalaba el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.
La red «participa en la falsificación de documentos y en la corrupción en México para contrabandear inmigrantes indocumentados a EE.UU. por la frontera sur, y tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa», añadía.
Además, la OFAC incluyó en su lista negra a Jesús Gerardo Chávez Tamayo, de Sinaloa, acusado de facilitar el cruce y cobrar por tráfico de personas, así como a Fátima del Rocío Maldonado López, de Chiapas, identificada como responsable de modificar documentación migratoria.
También fueron sancionados Federico Hernández Sánchez, originario de Guanajuato, por ingresar ilegalmente indocumentados, y Saucedo Huipio, de Guerrero, por proveer transporte y alojamiento.
Según el Departamento del Tesoro, esta red global, con conexiones de ambos lados de la frontera, facilitaba el acceso a EE.UU. a personas procedentes de México y Centroamérica, así como de naciones tan lejanas como Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia o Egipto.
«El tráfico de personas y la facilitación de documentos falsos socava el sistema de asilo estadounidense, compromete la confianza pública en las investigaciones y pone en riesgo a quienes huyen de conflictos, hambrunas y persecuciones», enfatizaba el comunicado del Departamento del Tesoro.
Modus operandi
Tras su captura, en septiembre de 2023 «Doña Lupe» fue extraditada a EE.UU., donde, al año siguiente, admitió haber conspirado para introducir extranjeros y traficarlos con fines lucrativos.
De acuerdo con el comunicado que reportó su declaración de culpabilidad, su red tenía como práctica habitual recoger a migrantes en la estación de autobuses de Mexicali para luego trasladarlos a casas de seguridad, donde permanecían ocultos hasta decidir el momento oportuno para cruzar la frontera.
En relación con esta operación, el Departamento del Tesoro sancionó dos hoteles por «haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios» a la red.
El día del cruce, los traficantes disponían escaleras para ayudar a los migrantes a superar la barrera fronteriza y colocaban un tablón para cruzar un canal, según lo detallado en la acusación.
No obstante, la organización liderada por «Doña Lupe» no solo obtenía beneficio del traslado, sino también de asaltar a las personas migrantes.
«Ofelia Hernández Salas y sus cómplices pusieron en riesgo a nuestras comunidades al introducir ilegalmente y de forma masiva a ciudadanos de más de diez países», destacó el vicefiscal general Duva en su declaración de este miércoles.
«No solo impidieron que las autoridades migratorias verificaran adecuadamente a estas personas, sino que ella y sus co-conspiradores les robaron sus pertenencias bajo amenaza de armas o cuchillos», agregó.
Una entre decenas
«Integrantes de la organización Hernández Salas conducían a los migrantes hacia varios puntos limítrofes con EE.UU., principalmente en Arizona, pero en el trayecto los retenían, se contactaban con sus familiares y exigían rescates para liberarlos y permitirles seguir su camino», confirma el especialista Saucedo.
En este sentido, señala el experto, la banda funcionaba como muchas otras en la zona fronteriza. «La organización llegó a tener importancia local, pero su operación era bastante concentrada», resalta.
El especialista identifica tres tipos de estructuras criminales que actualmente se dedican al tráfico de migrantes.
Por un lado, están los llamados «polleros clásicos» o tradicionales, pequeños grupos de hasta cinco personas que operan desde hace décadas en la frontera, negocios generalmente heredados y mantenidos dentro de familias.
En el otro extremo se encuentran los grandes carteles del narcotráfico, que desde principios del 2000, al reconocer el negocio lucrativo, incorporaron la migración en su portafolio criminal.
«Gradualmente, los carteles han ido absorbiendo y desplazando a los polleros y a las organizaciones dedicadas a la trata, realizando operaciones de mayor impacto, secuestrando principalmente a mujeres jóvenes para explotación sexual y a jóvenes para reclutamiento forzado», explica.
Fuente de la imagen, Getty Images
Entre estas dos estructuras, el experto ubica a organizaciones como la de Hernández Salas: bandas intermedias con conexiones en ambos lados de la frontera, tarifas elevadas y lazos con el narcotráfico.
En el caso de «Doña Lupe», «no pertenecía a ningún cartel, pero sí mantenía vínculos con ellos», señala Saucedo, añadiendo que también utilizaba a migrantes para transportar droga hacia el norte.
«Sin embargo, hay unas 30 o 40 bandas de nivel medio que se dedican a esta actividad a lo largo de la frontera», puntualiza.
«Forman parte de estructuras criminales intermedias. No están en la primera línea», concluye, tratando de contextualizar la relevancia de la sentencia contra Hernández Salas.
«¿Qué impacto puede tener la captura y condena de la líder de una banda dedicada al cruce fronterizo en el tráfico de personas? Al perderla, los migrantes buscarán otros grupos», finaliza.