La propuesta de modificación de competencias presentada al CGPJ considera imprescindible realizar este cambio «frente a los nuevos retos que plantea el crimen organizado».
La Audiencia Nacional solicita encargarse de un mayor número de investigaciones relacionadas con redes de narcotráfico de especial relevancia que, hasta ahora, correspondían a los juzgados ordinarios. Así se refleja en una completa propuesta de reforma de competencias de esta instancia judicial remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también abarca otros delitos como el blanqueo de capitales, la trata de personas y el tráfico de bienes culturales.
La iniciativa, promovida por el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, recoge los informes de la Fiscalía de la Audiencia, la Fiscalía Antidroga y magistrados de la sede judicial. Se presenta pocos meses antes de que la Audiencia Nacional cumpla 50 años. El documento considera indispensable ampliar sus competencias «frente a los nuevos desafíos del crimen organizado que implican extender su ámbito de actuación y consolidarla como referente en investigaciones penales transnacionales complejas».
La Sala de Gobierno de la Audiencia estima que debería encargarse de investigaciones contra el narcotráfico, aun cuando no se cumpla el requisito vigente de que los delitos afecten a varias provincias. «Siempre que la gravedad del hecho y la complejidad de la investigación justifiquen una acción eficaz y oportuna».
La propuesta para reformar las competencias surge en un momento en que diversos episodios violentos vinculados al narcotráfico en el sur de España han puesto en duda la suficiencia de los recursos, tanto materiales como procesales. Esto ocurrió, por ejemplo, con la muerte de dos guardias civiles atropellados en 2024 por una narcolancha en Barbate y, recientemente, con la muerte de otros dos agentes durante una persecución en aguas de Huelva.
Fiscal jefe Antidroga
La propuesta incluye un informe firmado por la fiscal jefe de Antidroga, Rosana Morán, que recuerda cómo desde 2022 se ha estado advirtiendo «sobre la inadecuación de la actual organización judicial para afrontar un fenómeno creciente en volumen y gravedad como es el narcotráfico, cada vez más ligado a la delincuencia organizada internacional, de mayor violencia y con una capacidad creciente y preocupante para corromper».
Como reflejo del aumento de actividad en el narcotráfico, entre 2023 y 2024 se incrementó en un 32% el número de diligencias abiertas en este ámbito en la Audiencia Nacional. De hecho, la Sala de Gobierno solicita al CGPJ la incorporación de un magistrado de refuerzo para el Juzgado 1 de la Audiencia, que ha asumido la mayoría de estas nuevas causas.
«Este notable aumento de causas en la Audiencia Nacional», señala la fiscal jefe, «evidencia que el mayor incremento corresponde a delitos graves de tráfico de drogas, cometidos a través de organizaciones y que afectan a varias provincias».
Considera que «el criterio de interprovincialidad está obsoleto y resulta actualmente totalmente inadecuado para delimitar los delitos más graves que deben ser competencia de la Audiencia Nacional». Mantener que la Audiencia no es competente si el delito no afecta a varias provincias «provoca demoras en numerosas investigaciones que deberían llegar a este tribunal especializado».
La fiscal jefe reivindica la asunción de casos en los que los investigados hayan empleado «medios especialmente sofisticados o violentos» para cometer los delitos. También cuando la cantidad de droga incautada supere ciertos umbrales o intervenga un miembro de las Fuerzas de Seguridad.
Coordinación transnacional
La iniciativa plantea además avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional «como un verdadero centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, fortaleciendo su rol estratégico dentro del sistema judicial».
El texto sometido a consideración del CGPJ también sugiere cambios en la lucha contra la trata de personas. Propone que la Audiencia asuma todos los casos cuando sean cometidos por organizaciones criminales con alcance transnacional o que operen en un territorio que supere el de una Comunidad Autónoma.
Agrega que la Audiencia Nacional debería hacerse cargo de los delitos de ciberseguridad que pongan en riesgo infraestructuras críticas, tales como redes eléctricas, sistemas de transporte o entidades financieras. De igual modo, se plantea que este tribunal se encargue de investigar delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan dimensión transnacional o afecten a patrimonios culturales de especial importancia.