Los populares presentarán el próximo 21 de mayo en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas el informe que cuestiona las modificaciones presupuestarias del Ejecutivo
El Partido Popular ha optado por transformar la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el uso de fondos europeos por parte del Gobierno en uno de los principales focos políticos de esta etapa legislativa. Con mayoría en la Mesa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, los populares impulsarán el próximo 21 de mayo un debate parlamentario sobre la ejecución presupuestaria de 2024 y las modificaciones de crédito autorizadas por el Ejecutivo bajo la vigencia de los presupuestos prorrogados de 2023.
La iniciativa surge tras el aviso del Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General del Estado 2024, donde indicaba que el Gobierno aprobó modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros financiadas con créditos remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asociado a los fondos europeos Next Generation. Esta suma se destinó a sufragar gastos relacionados con pensiones de clases pasivas y complementos mínimos.
PUBLICIDAD
El PP argumenta que el Ejecutivo ha utilizado la prórroga presupuestaria para gobernar sin someterse al control habitual de las Cortes y ha intensificado sus críticas contra una práctica que considera una irregularidad política y parlamentaria. No obstante, la Comisión Europea ha defendido al Gobierno avalando que los Estados miembros puedan usar temporalmente liquidez derivada de fondos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias, siempre que el fin último de esos recursos comunitarios no se modifique.
A pesar de esto, los populares continúan con su ofensiva y buscan trasladar el debate técnico y contable al ámbito político.
PUBLICIDAD
El informe del Tribunal de Cuentas genera un nuevo enfrentamiento
La propuesta del PP fue presentada este jueves por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, junto con el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Ambos comparecieron para anunciar la solicitud formal de modificación del orden del día en la Comisión Mixta con el propósito de debatir la Cuenta General del Estado y convocar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para que comparezca.
Los populares consideran que el informe del órgano fiscalizador representa la primera oportunidad real para que el Parlamento se pronuncie sobre la política presupuestaria del Gobierno durante toda la legislatura. La razón principal es que el Ejecutivo no ha aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado y continúa operando con las cuentas prorrogadas de 2023.
PUBLICIDAD
“Estamos en el tercer año de legislatura sin que se haya presentado un presupuesto”, denunció Gamarra, calificando la situación como una “anomalía democrática”. Según su perspectiva, el Gobierno ha impedido que las Cortes cumplan una función fundamental, que es debatir y aprobar las cuentas públicas.
La dirigente del PP añadió que el Ejecutivo está empleando “ingeniería contable” para sostener su política de gasto, y acusó al Gobierno de utilizar instrumentos extraordinarios para modificar partidas sin requerir la aprobación del Congreso.
PUBLICIDAD
La estrategia del PP consiste ahora en aprovechar su mayoría en la Comisión Mixta para dar un impulso político al dictamen sobre la Cuenta General del Estado. Posteriormente, el informe deberá pasar por el Congreso y el Senado, donde podría surgir una situación inédita: que una de las cámaras rechace el dictamen sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno.
Desde el PP reconocen abiertamente que esta iniciativa tiene un fuerte contenido político. También busca obligar a los socios parlamentarios del Ejecutivo, especialmente a Junts, a posicionarse claramente sobre la gestión presupuestaria y sobre la aplicación de modificaciones de crédito durante la prórroga de los presupuestos.
PUBLICIDAD
La clave reside en la flexibilidad presupuestaria
El eje central del debate se sitúa en la flexibilidad presupuestaria aprobada después de la pandemia y que sigue vigente en las cuentas prorrogadas de 2023. Este mecanismo faculta al Gobierno para redistribuir ciertas partidas mediante acuerdos del Consejo de Ministros sin la necesidad de aprobar nuevos presupuestos en el Parlamento.
Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta legal y habitual dentro de la gestión presupuestaria. En cambio, para el PP, se ha convertido en un recurso para gobernar sin someterse al control parlamentario.
PUBLICIDAD
Alberto Nadal intensificó sus críticas y llegó a calificarlo como una “dictadura presupuestaria”. Explicó que el Gobierno está utilizando una flexibilidad creada para situaciones excepcionales derivadas de la pandemia como medio permanente para modificar el gasto público sin pasar por las Cortes. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, afirmó.
El dirigente del PP insistió también en que el problema no es solo político, sino igualmente contable y jurídico. Considera que el Tribunal de Cuentas ha cuestionado el uso de créditos remanentes vinculados al Plan de Recuperación para financiar gastos en pensiones, aunque esta interpretación difiere de la postura defendida por Bruselas.
PUBLICIDAD
Bruselas respalda al Gobierno y atenúa la controversia
La Comisión Europea ha validado la explicación brindada por el Ejecutivo español sobre el uso temporal de liquidez vinculada a fondos europeos. El vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, aclaró esta semana que los Estados miembros pueden utilizar temporalmente recursos procedentes de fondos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias.
Fitto puntualizó que las pensiones y otros gastos corrientes no pueden financiarse directamente con fondos europeos, pero hizo una distinción entre el destino final de los recursos y las operaciones temporales de tesorería efectuadas por los Estados. “Este tipo de maniobras de gestión de tesorería son temporales y no afectan la protección de los fondos de la UE”, señaló el vicepresidente comunitario.
PUBLICIDAD
La Comisión Europea también subrayó que mantiene activos los controles sobre el destino final de los fondos Next Generation y que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.
El Gobierno español respalda esta interpretación para descartar cualquier irregularidad. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó en el Senado que se haya utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defendió que las modificaciones presupuestarias constituyen un instrumento “ordinario” y totalmente legal.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda afirmó que las modificaciones adoptadas cuentan con “respaldo legal claro” y subrayó que los fondos europeos se han destinado exclusivamente a las inversiones acordadas con Bruselas.
Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, señala que el salario que perciben los jóvenes es inferior a las pensiones recibidas por los jubilados, por lo que considera imprescindible implementar medidas que reduzcan esa desigualdad.
Pese al respaldo comunitario, el PP mantiene firme su crítica. Los populares reiteran que la Comisión Europea analiza solo si España cumple con los hitos vinculados al Plan de Recuperación, pero no evalúa la legalidad interna de la gestión presupuestaria. Nadal sostuvo este jueves que el Tribunal de Cuentas sí ha manifestado dudas sobre cómo se efectuaron esas modificaciones y defendió que el problema esencial radica en que partidas diseñadas para políticas específicas se han usado para cubrir gastos en pensiones.
La polémica también ha trascendido a las instituciones europeas. El eurodiputado alemán Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y miembro del PPE, ha solicitado la comparecencia de representantes de los tribunales de cuentas español y europeo para analizar el caso.