Las claves
La muerte de dos guardias civiles durante una operación antidroga en Huelva ha motivado que jueces exijan mayor dotación de recursos y reformas legales para enfrentar el narcotráfico.
La Audiencia Nacional reclama ampliar sus competencias para investigar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, suprimiendo la condición de que los delitos afecten a distintas provincias.
Asociaciones judiciales destacan la necesidad urgente de fortalecer los juzgados con personal adicional, tecnología avanzada y equipos especializados para combatir el crimen organizado.
Algunos magistrados apuntan que la escasez de recursos fomenta un clima de impunidad entre los delincuentes y una sensación de abandono entre los ciudadanos.
El fallecimiento de otros dos guardias civiles que enfrentaban el narcotráfico en Huelva ha conmocionado también al ámbito judicial, que demanda mayores recursos para la Justicia y modificaciones normativas.
El incidente ocurrió el viernes pasado, cuando una patrullera de la Benemérita colisionó durante la persecución de una narcolancha en aguas cercanas a la costa onubense.
El martes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional hizo pública una solicitud para que este órgano cuente con más competencias en asuntos de tráfico de drogas.
Actualmente, la ley establece que la Audiencia Nacional solo interviene en casos de narcotráfico que involucren a varias provincias. Sin embargo, la Sala de Gobierno, alineada con la Fiscalía Antidroga, considera crucial eliminar este requisito para ampliar su margen de actuación.
Desde el momento de las muertes de los dos guardias civiles, otras voces dentro del ámbito judicial han remarcado la necesidad de dotar a la Justicia de más medios para enfrentar el narcotráfico.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), mediante un comunicado difundido este miércoles, aboga porque la Audiencia Nacional asuma la competencia en tráfico de drogas, pero advierte que las medidas no deben limitarse a un simple «cambio formal».
«Es necesario reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, recursos tecnológicos y equipos especializados de apoyo», subraya.
Esta asociación ya propuso, en febrero de 2024, tras el asesinato de otros dos guardias civiles en Barbate, reformar las competencias de la Audiencia Nacional.
«Las organizaciones criminales pueden ejercer un gran daño, intimidación y presión sobre un territorio, incluso si sus efectos no se extienden formalmente a varias provincias. Esta reforma es necesaria y urgente para poder combatir estructuras criminales reales«, señala la portavoz nacional de la AJFV, María Enma Ortega.
«El Estado no debe hacerse visible solo cuando ocurre una tragedia. Debe estar presente antes: protegiendo a quienes arriesgan su vida, dotando de recursos a quienes investigan, fortaleciendo a quienes tramitan y garantizando que la ley se mantenga firme para la ciudadanía», añade.
En efecto, la propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional también solicita la competencia para investigar y juzgar otro delito relacionado comúnmente con redes narcotraficantes: el blanqueo de capitales, siempre que sea cometido por organizaciones criminales transnacionales, a las que suelen pertenecer los grandes capos de la droga.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa en la carrera judicial, reconoce que, como organización, la APM no tiene «una postura definida sobre este tema».
No obstante, a título personal destaca que «la investigación de estos casos exige medios que, actualmente, solo posee la Audiencia Nacional«.
En cualquier caso, Del Barco enfatiza que, con carácter urgente, antes de modificar legislativamente sus competencias, los juzgados que actualmente instruyen estos procedimientos necesitan contar con más recursos.
«Ese es el principal problema: la insuficiencia de medios», enfatiza. «Solo hay que observar el estado de los juzgados en el Campo de Gibraltar», añade.
«La falta y el abandono estructural impiden que las investigaciones se realicen con la rapidez deseada y pueden generar entre los delincuentes la creencia de impunidad. Y para la sociedad, la sensación de estar desprotegida», advierte la magistrada en esta entrevista.
Por su lado, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), alerta: «El crimen organizado plantea desafíos crecientes; en particular, en cuanto al narcotráfico, que la Audiencia Nacional investiga y juzga cuando las infracciones ocurren en varias provincias».
Sin embargo, Rodríguez considera «llamativo» que la Sala de Gobierno haya solicitado ampliar sus competencias, «considerando que, hasta ahora, ese tribunal había sido muy restrictivo al aceptar casos que distintos juzgados de Instrucción opinaban que debían remitirse a la Audiencia Nacional por su complejidad especial».
En este sentido, el portavoz de JJpD discrepa parcialmente: «El enfoque debería ser dotar con recursos suficientes a los tribunales que llevan estas causas y no aumentar las competencias de la Audiencia Nacional».
«Si se efectuara el cambio, sería fundamental establecer criterios competenciales claros en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar inseguridad jurídica», reclama Rodríguez.