La agitación, durante la mayor parte del lunes, permaneció concentrada en el enfrentamiento político entre la Administración central y los gobiernos autónomo y local
Ayer, a las 7:21 de la mañana (hora insular), se cumplió el límite de 24 horas establecido por las autoridades canarias para que el Gobierno español ejecutara la operación de desembarco del MV Hondius en Tenerife. Tanto Fernando Clavijo como Rosa Dávila (presidenta del Cabildo de Tenerife) solicitaron sin éxito al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, dado que aceptaban a regañadientes el fondeo, se respetaran los plazos establecidos por ellos mismos para salvaguardar a su población. A media tarde del lunes, las condiciones meteorológicas obligaron a que el buque permaneciera atracado en puerto «el menor tiempo posible». Mientras tanto, como si el archipiélago estuviera sumido en una repetición casi automática de crisis acumuladas, y durante el traslado de los últimos pasajeros del crucero, una patera con 150 migrantes alcanzaba El Hierro, un número idéntico al de personas que viajaban en el Hondius.
«Canarias es tratada como un territorio al que se envían sus crisis», afirmó Rosa Dávila a EL MUNDO, «primero la migratoria y ahora esta». Perciben que desde Madrid se consideran lo suficientemente españolas para obedecer, pero bastante lejanas para soportar situaciones que en otros lugares habrían generado un escándalo menos manejable.
A diferencia del intenso domingo, el lunes comenzó con una cadencia más pausada en el puerto de Granadilla. El Hondius seguía anclado dentro de esa U formada por el espigón de hormigón y mar, mientras el equipo se concentraba en tareas de repostaje y suministro. Entre tanto tuvieron lugar las ya habituales declaraciones del trío ministerial que gestiona la crisis (Mónica García, Grande-Marlaska y Víctor Torres) para actualizar la situación, esquivar preguntas sobre el conflicto político y, en el caso de Marlaska, lamentar el fallecimiento el día previo de un agente de la Guardia Civil de 63 años a causa de un infarto fulminante en el mismo lugar. Ya a última hora de la tarde se realizó el último desembarco.
La agitación, durante buena parte del lunes, siguió dirigida al choque político entre la Administración central y los gobiernos autonómico y local. El puerto, por si quedaban dudas, representa un espacio político, una frontera y un escaparate. De hecho, desde el domingo prácticamente todo —tanto en el ámbito político como sanitario— ha quedado claro. A las 6:50 de la mañana de anteayer, cuando la noche aún cubría el Puerto de Granadilla, las luces de navegación del MV Hondius evidenciaron que el “ultimátum” de Clavijo a Sánchez había fracasado.
Asimismo, el retraso en el último traslado, previsto inicialmente para las siete de la tarde del lunes, reflejaba la subordinación con que los ministros responsables trataban a las instituciones isleñas. «Las evaluaciones políticas pertinentes se harán en su momento», afirmó en una de sus primeras intervenciones Mónica García. A esto añadió ayer: «No vamos a entrar en polémicas, el mundo observa y agradece nuestro trabajo». La ministra de Sanidad insistió en un «dejen trabajar», como si el «ruido» de Clavijo pudiera detener un operativo compuesto por 358 efectivos, 325 guardias civiles y 28 policías bajo mando ministerial.
Sin embargo, el primer desembarco de pasajeros —a las 10:44 del domingo— desveló detalles significativos sobre cómo serían los siete traslados restantes ese día y los dos del lunes. La imagen de esos seis españoles (los primeros en bajar) representaba la solidaridad del Gobierno, su “ventana diplomática e internacional” —como criticaba Dávila— para proyectar una buena imagen exterior. Para Canarias, sin embargo, implicaba sentirse una vez más prácticamente una colonia interior. Primero, por la imposición materializada, según decían; y segundo, por la inseguridad y el riesgo que percibían.
Además, el protocolo sanitario ha incrementado todavía más las dudas. El primer grupo, al igual que los siguientes, portaba Equipos de Protección Personal (EPP: gorro, calzas y bata fina con cierre posterior), llamativos para quienes desconocen el procedimiento —Sanidad jamás divulgó detalles— debido a su aspecto ligero, casi escénico, en comparación con un EPI. Este uniforme blanco de alta protección se colocó tras las escaleras de embarque de uno de los A310 T.22 del Ejército del Aire y del Espacio que los llevó hacia Madrid.
No fue la única sorpresa para quienes observaban el protocolo en el muelle. Las diferencias en el equipo de protección entre agentes de varios cuerpos eran evidentes. Algunos disponían de EPI; otros, cerca de las carpas de la Guardia Civil (una próxima a los autobuses), carecían a simple vista de protección, incluso de mascarillas.
Durante el sábado, en la primera jornada con protocolo activo, se trasladaron 94 personas. “Asintomáticas”, afirmó inicialmente la ministra de Sanidad, pero hechos posteriores contradijeron esta afirmación. Los estudios epidemiológicos resultaron ser meras sombras chinescas para que ella asegurara desde el muelle que todo estaba controlado. Horas después, Francia y Estados Unidos informaron que dos ciudadanos repatriados de sus países manifestaban síntomas. También un español.
Ayer desembarcaron las últimas 22 personas pasadas las 7 de la tarde. Fueron 13 horas menos en la confianza de Clavijo. Del buque, ya atracado y debido a las condiciones meteorológicas, salieron seis pasajeros (cuatro australianos, un británico residente en Australia y un neozelandés), 20 tripulantes —de los 56 que viajaban dentro del barco— y los dos médicos de la OMS que se subieron en Cabo Verde para dirigirse a los Países Bajos. A las 20:06 horas, cerca de 37 horas tras su llegada, mientras Mónica García iniciaba su última comparecencia, el buque zarpaba —con los 38 tripulantes filipinos restantes y el médico de la OMS— y Canarias seguía con una sensación difícil de definir.
Que algunos países hayan decidido transportar en sus vuelos a ciudadanos de otras nacionalidades y que España —conocedores del horario de llegada de los vuelos— no haya trasladado a los españoles junto a aquellas nacionalidades cuyo transporte no pudo hacerse antes del lunes, también suscitó críticas de las autoridades autonómicas por la falta de rapidez del operativo para reducir el tiempo de fondeo del buque. «¿Dónde está el documento de la OMS que explique por qué no se podían repatriar a los ciudadanos extranjeros que aún permanecen en el barco en el avión español con 210 plazas del que sólo volaron 14 personas?», cuestionaban, «en aviones fletados por otros países viajaron varias nacionalidades».
Durante estos dos días, en el vaivén de la retórica política, se han planteado dos preguntas claras contra la defensa, como la ministra, del “multilateralismo y del concepto de salud global” sin tomar en cuenta el territorio que, según la oposición, se pone en riesgo.
La primera, ¿por qué el Gobierno insiste tanto en traer el barco a las aguas de Canarias? La segunda —una preocupación que ronda la mente de Dávila, representante de todos los tinerfeños—: ¿por qué no se llevaron a cabo PCR o test de antígenos en Cabo Verde, aprovechando la estancia prolongada del crucero de expedición durante varios días, tiempo suficiente para obtener resultados fiables y conocer la situación real de los infectados?
En Tenerife, las únicas personas que han subido al barco son los expertos de Sanidad exterior y el médico de la OMS, quien acompañará a la tripulación restante hasta Rotterdam. Son ellos quienes han tenido el contacto directo primero con la situación dentro del barco y el primer vínculo con los pasajeros en España. La noticia de los dos pasajeros ya repatriados con síntomas, además del español asintomático, ha puesto en duda tanto las encuestas epidemiológicas —un cuestionario para detectar posibles casos— como la evaluación médica de los pasajeros.