Las claves
El magistrado del Supremo Manuel Marchena ha pedido al Parlamento Europeo que retire la inmunidad de Alvise Pérez para iniciar una investigación en su contra.
La causa se enfoca en presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos diputados europeos que formaban parte de su antigua lista electoral.
Alvise, en un pódcast, alentó a sus seguidores a «perseguir» y ejercer presión sobre los eurodiputados Nora Junco y Diego Solier.
El Supremo sostiene que la conducta de Alvise excede los límites propios del debate político y la libertad de expresión al divulgar información personal.
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena solicitó este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez.
Con este paso, Marchena inicia el procedimiento para abrir una nueva investigación penal —sería la sexta, ya que se le siguen otras cinco— contra el agitador que ahora es político.
La causa se basa en los presuntos delitos de acoso y revelación de secretos, tras el pódcast en el que Pérez pidió a sus seguidores «perseguir» y presionar a dos eurodiputados que entraron por la lista de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF), aunque posteriormente Alvise se desvinculó de ellos.
Alvise dejó entrever durante la entrevista que dichos diputados, Nora Junco y Diego Solier, habrían aceptado sobornos en una votación sobre el rearme europeo en la Eurocámara.
«Si he llevado una campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, traicionas a 800.000 españoles. Perseguidles y exigidles explicaciones. Y si hay que confrontarlos en un bar llamándoles criminales, corruptos por votar el rearme, debe ser vuestro acto, porque yo no puedo hacerlo, sino la gente que nos ha dado su voto», afirmó Pérez en dicho pódcast.
Ahora corresponderá a la Eurocámara votar si acepta el suplicatorio, es decir, la suspensión de inmunidad para Alvise.
En una situación similar, el pasado 28 de abril el Parlamento Europeo ya decidió levantar la inmunidad de Pérez, a solicitud del Supremo, para que se le investigue por un presunto acoso a la fiscal delegada de Delitos de Odio en Valencia.
En la resolución emitida este miércoles, Marchena indica que existe indicio suficiente para pensar que Alvise «podría haber divulgado detalles personales y datos identificativos» de Junco y Solier a través de sus redes sociales, con el objetivo de cumplir su plan inicial, quienes presentaron una querella contra él.
De acuerdo con el juez del Supremo, «El querellado [Alvise Pérez] no se limitó a emitir opiniones dentro de un debate político donde los límites de protección al honor y la imagen pueden ceder ante la libertad de expresión«.
Añade que, «en este caso, los mensajes compartidos y la divulgación descontrolada de información personal sobre las víctimas superan los límites de cualquier disputa política y no están amparados por la inviolabilidad parlamentaria».
Por ello, el juez decide que el Supremo pida el suplicatorio de Pérez a la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, quien recibirá una copia de la querella presentada por Junco y Solier.