Califica como inadmisible la solicitud de Hazte Oír y sostiene que la asociación carece de legitimación.
La Abogacía del Estado, actuando en representación del Gobierno de Pedro Sánchez, rechaza la suspensión provisional de la regularización extraordinaria de inmigrantes que solicitó la asociación Hazte Oír, argumentando que tal medida perjudicaría «de manera grave el interés general».
«La disposición responde a una necesidad concreta derivada de la realidad social que pretende atender», señala en su escrito de alegaciones, al cual EL MUNDO ha tenido acceso, enviado a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Afirma, además, que la solicitud de la asociación es inadmisible porque no acredita un «interés legítimo, propio y específico» afectado por la norma, lo que implica que la entidad recurrente carece de legitimidad activa.
Explica en su argumentación que las resoluciones dictadas tras las solicitudes son autorizaciones «de carácter administrativo», y por tanto no generan derechos permanentes ni imposibles de modificar, como alega la asociación en su petición de suspensión provisional.
Del mismo modo, descarta que la modificación del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno provocará un impacto masivo en los servicios públicos, enfatizando que los solicitantes de esta regularización ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.
En esta línea, la Abogacía del Estado sostiene que «existe un interés ciudadano en la regularización» puesto que la medida surge de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas y que contó con 310 votos a favor y 33 en contra en el Congreso. Tras quedar bloqueada en la Cámara Baja, el Gobierno optó por la vía reglamentaria sin respaldo de las Cortes Generales.
El Tribunal Supremo celebrará una audiencia este miércoles para analizar los argumentos presentados por ambas partes y decidir si procede o no la suspensión de la regularización masiva impulsada por el Gobierno.