La ciudad francesa enfrenta la crisis del acceso a la vivienda, pero no previó que miles de propietarios de estos inmuebles evadirían la ley
La crisis para acceder a la vivienda no es exclusiva de España, al igual que las iniciativas para resolverla. Existen modelos en los que nuestro país no puede ponerse como referencia, como el caso de Viena, que se destaca en Europa por su enfoque social y de convivencia, eliminando el factor especulativo. “Contamos con herramientas”, aunque llegamos con un retraso de un siglo, admitió la ministra Isabel Rodríguez. Por tanto, mientras se establecen las bases para un impacto a medio y largo plazo, es necesario implementar medidas urgentes que mitiguen la situación dramática que enfrentan muchos jóvenes y familias.
Adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados en Madrid ya requiere un ingreso neto superior a 4.500 euros mensuales para evitar el sobreendeudamiento. Sin embargo, algunas estrategias comienzan a mostrar resultados efectivos. Cataluña es la comunidad que ha aplicado con mayor rigor la ley de Vivienda del Gobierno, supervisando su cumplimiento y multando a los propietarios que la incumplen. Como consecuencia, el precio del alquiler en Barcelona ha disminuido un 7,6%, siendo la única gran capital española donde ocurre. Junto con Tarragona, finalizó abril con precios más bajos que hace un año.
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Desde Viena hasta París, de donde los inversores están saliendo. El nuevo alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, anunció un impuesto para los inmuebles vacíos, además de la construcción de 60.000 viviendas protegidas en toda la ciudad, inclusive en las zonas más acomodadas. En Francia, muy cerca de España, destaca el caso que ocupa esta noticia: Biarritz implementó una política considerada entre las más eficaces para liberar viviendas, aumentar la oferta y evitar que haya personas sin hogar mientras otros poseen varias propiedades.
El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los elevados costos del alquiler y las hipotecas consumen los incrementos salariales de las familias.
Un 42% son segundas residencias
Biarritz aplicó esta medida, en un lugar donde el 42% de las propiedades corresponden a segundas residencias. Hasta 2023, todas las viviendas pagaban un impuesto sin distinción, pero el Estado eliminó el tributo para las residencias principales, manteniéndolo vigente para las segundas viviendas. El importe medio de este impuesto asciende a 1.125 euros anuales, aunque en Biarritz la cifra es más elevada. Esto sucede porque hay muy pocas propiedades disponibles para quienes desean residir de manera permanente, y tanto los precios de alquiler como de compra están en niveles altos.
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Para regular esta situación, la legislación francesa permite que los ayuntamientos de ciudades con escasez de oferta incrementen el impuesto, aplicando un recargo que puede alcanzar hasta el 60% sobre la tarifa base, y Biarritz lo ha aplicado al máximo. Por ejemplo, si la cuota básica de un apartamento es de 1.000 euros, en esa localidad se debe abonar 1.600 euros. El propietario no puede ni negociar ni recurrir este importe salvo en casos muy particulares, como la necesidad de vivir lejos por razones laborales o haber ingresado en una residencia para mayores.
“Fraude a gran escala”
No obstante, Biarritz se ha topado con un obstáculo. A cada ley corresponde una trampa: se estima que alrededor de 1.000 propietarios han declarado como vivienda principal lo que en realidad es su segunda residencia, lo que representa una pérdida de 750.000 euros anuales para las finanzas municipales. Desde 2026, el ayuntamiento y la Hacienda francesa colaboran para identificar estos casos y sancionarlos con la exigencia retroactiva de tres años de impuestos, además de someterlos a inspecciones fiscales. Aun así, han dejado de ingresar cerca de un millón de euros, según reporta France 3.
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El consistorio denuncia un “fraude a gran escala”, informa Le Figaro, y lamenta que carece de “medios coercitivos ni controles directos” para verificar el uso real que hacen los propietarios de sus viviendas. Por ahora, ni siquiera tiene acceso a los contadores de agua. Cualquier otro tipo de inspección podría infringir la privacidad de estas personas. A nivel regional, se calcula que hasta 5.000 segundas residencias podrían estar registradas como principales. Mientras tanto, quienes apenas logran acceder a una vivienda siguen aguardando respuestas.