Las claves
El Gobierno central mantiene una deuda de 12.367 millones de euros con la Comunidad de Madrid, equivalente al 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026.
Madrid denuncia el incremento de una deuda consolidada derivada de compromisos pendientes de pago, nuevas iniciativas estatales sin la correspondiente financiación y demoras en los anticipos a cuenta.
Parte de esta deuda incluye 2.668 millones para dependencia, 2.785 millones en infraestructuras hidráulicas y 417 millones en transporte, entre otros conceptos.
La Comunidad acusa al Estado de establecer medidas y reducciones fiscales que repercuten económicamente en las autonomías, complicando la financiación de los servicios públicos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya adeuda a la Comunidad de Madrid 12.367 millones de euros.
Esta cantidad, que según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso representa el 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026, expone una dinámica cada vez más frecuente: decisiones tomadas desde Moncloa cuyos costes acaban siendo asumidos por las finanzas autonómicas.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Rocío Albert, ha denunciado que la relación financiera entre ambas administraciones se está volviendo insostenible por tres razones principales: una deuda consolidada derivada de compromisos que el Estado no ha cumplido; nuevas medidas del Gobierno central cuyo coste recaen en las autonomías; y el retraso en las entregas a cuenta del sistema de financiación debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado.
Esto implica que mientras el Estado no paga partidas establecidas por ley o acuerdos previos —como la financiación de la atención sanitaria a presos en prisiones de titularidad estatal—, sigue aprobando iniciativas cuyo impacto económico deben afrontar las comunidades autónomas.
«Esto ya no es una cuestión ideológica, sino de disponer del dinero necesario para sostener la educación y los servicios sociales», señalan fuentes de la Consejería de Economía, que critican que el Ejecutivo central «toma decisiones, pero las regiones deben financiar».
Desde el departamento dirigido por Albert afirman que muchas de estas políticas se adoptan «sin negociación previa ni memoria económica», a pesar de su impacto directo en las finanzas autónomas.
En resumen, Madrid denuncia que el esfuerzo financiero para mantener y ampliar los servicios públicos crece constantemente, tanto por la deuda acumulada que continúan asumiendo como por los costes de nuevas medidas aprobadas sin la correspondiente financiación estatal. En otras palabras, Pedro Sánchez evita asumir la responsabilidad económica.
Deuda consolidada
Según estas fuentes, la Comunidad de Madrid sostiene que la deuda consolidada del Estado con la región ha crecido en casi 1.900 millones desde octubre, y que gran parte de ese déficit proviene de compromisos legales o inversiones pendientes que nunca se han materializado.
Entre ellos, destaca el incumplimiento en la financiación de la Dependencia —donde el Gobierno debía aportar el 50% y cubre solo el 27,9%—, las obras pendientes del Plan Hidrológico del Tajo y partidas vinculadas a la sanidad penitenciaria.
Según los datos facilitados por la Consejería, de los 12.367 millones adeudados, 6.276 corresponden al área de Economía y Hacienda. De esta cifra resaltan los 4.513 millones vinculados al Fondo de Competitividad entre 2019 y 2023; otros 993 millones relacionados con la infrafinanciación de fondos europeos; y 765 millones causados por el retraso de las entregas a cuenta de 2026.
A esto se añaden 2.668 millones por déficit en la financiación de Dependencia desde 2019; 2.785 millones relacionados con infraestructuras hidráulicas y plantas depuradoras pendientes; 417 millones ligados al Consorcio Regional de Transportes; 149 millones en Sanidad; 61 millones en Justicia y otros 10 millones en Educación.
«Muchas de estas deudas datan de 2019 y están recurridas judicialmente», explican desde la Consejería, señalando también que algunas reclamaciones cuentan con sentencias favorables, como las relacionadas con la asistencia sanitaria a presos. «La Justicia ha reconocido estas cantidades, pero el Gobierno aún no las ha pagado», denuncian las mismas fuentes.
Nuevas medidas
A esta deuda acumulada, el Gobierno madrileño añade ahora el efecto de nuevas medidas impulsadas desde el Ejecutivo central que, según denuncia, exigirán un aumento del gasto regional sin aporte financiero adicional. Ejemplo de ello es el llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado mediante Real Decreto-Ley, que contempla rebajas temporales en el IVA para la electricidad y los carburantes.
Aunque la Comunidad acepta la reducción de impuestos, critica la ausencia de consulta previa a las autonomías a pesar de afectar a tributos parcialmente transferidos. Solo esta medida implicará, según las estimaciones regionales, un coste de 206 millones de euros para las arcas madrileñas hasta el 30 de junio próximo.
«Un 58% del impacto de estas rebajas fiscales recae sobre la Comunidad de Madrid y nadie nos ha detallado cómo se compensará», señalan desde Economía, insistiendo en que «los servicios públicos deben mantenerse sin excepción».
Madrid también advierte sobre el impacto de otras iniciativas en proceso, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas en la Administración y la disminución de ratios y horas lectivas en Educación.
Solo la reducción de las ratios escolares representaría un coste estimado de 432 millones para la región, mientras que el aumento salarial acordado para empleados públicos implicaría 888 millones de euros entre 2025 y 2026, monto que podría acercarse a los 2.000 millones antes de 2028.
«Gobernar de esta forma es sencillo: yo decreto y tú financias», resumen desde la Consejería madrileña.
Entregas a cuenta
El tercer foco principal de conflicto entre ambas administraciones reside en las entregas a cuenta, es decir, los anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas a partir de la recaudación fiscal y que representan cerca del 77% de los ingresos regionales.
La Comunidad sostiene que la falta de Presupuestos Generales del Estado está generando repetidos retrasos en la actualización de estos anticipos. Según los cálculos del Ejecutivo madrileño, la región ha dejado de recibir más de 750 millones de euros este año por no actualizar las entregas acorde al crecimiento real de la recaudación.
«No es posible gobernar igual sin presupuestos porque esto ocasiona graves consecuencias para las regiones», afirman desde Economía.
El año pasado, recuerdan, las actualizaciones estuvieron bloqueadas por siete meses tras caer un decreto ómnibus del Gobierno y no se regularizaron hasta julio, obligando a la Comunidad a autofinanciarse para mantener servicios esenciales.
Este año, denuncian que la situación se repite. «Estamos en mayo y aún desconocemos cuándo se actualizarán las entregas a cuenta», explican fuentes de la Consejería, que estiman en 376 millones mensuales la cantidad que Madrid deja de recibir actualmente en comparación con lo que debería percibir.
Pero, ¿cuál es el problema si el dinero llegará igualmente? El inconveniente radica en que, durante el retraso en las entregas a cuenta, Madrid debe encontrar mecanismos para continuar financiando los servicios sin que estos se vean afectados. Y esto, aclaran, no es compensado. Es decir, aunque Madrid actúe como un ‘banco’ para cubrir esos retrasos, nadie les abona intereses.
Por esta situación, la consejera Albert ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, solicitando la aprobación «urgente» de un Real Decreto específico para actualizar estos anticipos sin vincularlos a otras medidas legislativas, algo que ocurrió hace semanas cuando se presentaron junto al real decreto para limitar el precio del alquiler.
Desde el Gobierno madrileño insisten en que esta problemática no afecta exclusivamente a Madrid, sino que involucra a todas las comunidades autónomas.
«Todas las regiones están asumiendo con sus propios recursos las medidas aprobadas por el Gobierno central y todas enfrentan demoras en las entregas a cuenta», subrayan desde la Consejería, advirtiendo que este problema «afecta directamente a la liquidez necesaria para sostener los servicios públicos en toda España«.