Las claves
En los últimos dos años, cuatro guardias civiles han fallecido durante operativos contra el narcotráfico en las costas andaluzas.
Las asociaciones profesionales critican que el Ministerio del Interior aún no ha clasificado a la Guardia Civil como una profesión de riesgo, a pesar del incremento de la violencia y la carencia de recursos.
La tragedia ocurrida en Huelva ha intensificado la demanda de fortalecer el Servicio Marítimo, actualizar su equipamiento y declarar zonas de especial singularidad en Andalucía.
Fiscalía y asociaciones alertan sobre el incremento de poder de las organizaciones narcotraficantes, la violencia contra las fuerzas de seguridad y la insuficiencia de medios institucionales.
Las muertes del capitán Jerónimo y el agente Germán frente a las costas de Huelva evidencian las consecuencias de la “batalla desigual” y “peligrosa” que libran diariamente 80.000 guardias civiles contra el narcotráfico, “arriesgando sus vidas para asegurar una España libre de drogas”.
Así lo explica Daniel Fernández, presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), en una carta abierta dirigida tanto a la sociedad como al Gobierno de España.
La crítica de este grupo profesional no ha sido la única reacción tras la muerte de dos veteranos miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se ha generado un clamor en AUGC, JUCIL y AEGC respecto a la gestión del Ministerio del Interior en la lucha contra el narcotráfico.
El secretario general de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia (AUGC), Juan Fernández, ha destacado que la tragedia de Huelva “no fue un accidente inesperado, sino el resultado de un riesgo documentado, analizado y comunicado”.
El 9 de febrero de 2024, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Jiménez perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha que operaba en el puerto de Barbate con total impunidad. El 8 de mayo de 2026, Jerónimo Jiménez Molero y Germán Pérez González fallecieron tras colisionar con otra embarcación de la Guardia Civil mientras perseguían narcotraficantes entre Punta Umbría y Mazagón.
Cuatro vidas se han perdido en dos años, sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha reconocido a la Guardia Civil como profesión de riesgo, según denuncian las asociaciones profesionales. Este sábado, el ministro se traslada a Tenerife para coordinar la llegada del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus, sin modificar su agenda para enfrentar la situación en Huelva.
Así lo expresan agentes del Instituto Armado a EL ESPAÑOL, quienes comentan: «Marlaska y la ministra de Sanidad asistirán alrededor de las seis de la tarde al Puerto de Granadilla, se rumorea que para evitar el funeral de los compañeros«.
Agustín Domínguez, portavoz de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), ha denunciado “el abandono que la Guardia Civil padece por parte del Gobierno de Sánchez”. Reclama que estas muertes no sean en vano: “Es imprescindible reconocer la profesión de riesgo para nuestros compañeros”.
«¿Cuántos guardias más deben morir o resultar heridos para que la Guardia Civil sea considerada una profesión de riesgo?”, se cuestiona el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, quien tampoco pasó desapercibida la ausencia del ministro Grande-Marlaska en Andalucía.
«En estos momentos de dolor, los guardias civiles sienten el apoyo de la sociedad española, en contraste con la indiferencia institucional del ministro del Interior, cuyo abandono queda patente en la falta de asistencia al funeral de los dos compañeros fallecidos en Huelva».
EL ESPAÑOL publicó en febrero de 2026 un reportaje donde los colectivos profesionales denunciaban que el Ministerio del Interior mantenía al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en mínimos, la primera línea de defensa contra las narcolanchas: en la Costa Tropical se redujo el número de agentes de ese cuerpo de 16 a 8 y solo tenía operativas 2 de sus 4 embarcaciones.
Esto ocurre a pesar de que las organizaciones narcotraficantes cuentan con una flota de diez planeadoras, equipadas con motores de entre 600 y 800 caballos de potencia, transformando el mar en una autopista para transportar paquetes de hachís y cocaína a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.
En aquel momento, los guardias civiles entrevistados afirmaban que “en un momento llegaron a estar fuera de servicio 16 de las 21 embarcaciones del Servicio Marítimo en Andalucía”, convirtiendo en un punto vulnerable el área del Alborán y el Mediterráneo.
JUCIL señala que el Ministerio del Interior no ha modificado su postura frente al narcotráfico, cuyos tentáculos ya alcanzan el litoral murciano, con la costa de Águilas como nuevo ‘puerto’ para la distribución: «Faltan recursos y personal». «Hace falta apoyo institucional».
Agustín Domínguez (JUCIL) exige acciones específicas para impedir que Andalucía se convierta en una réplica de lo que sucede en México: «Es necesario declarar Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zonas de especial singularidad«.
Las organizaciones criminales actúan con mayor violencia en las costas andaluzas gracias a una logística reforzada y armamento bélico, como fusiles y subfusiles de asalto.
Esta situación fue advertida hace dos años por la Fiscalía Superior de Andalucía, que en su memoria anual de 2024 -recogida por Europa Press-, describió un «panorama desolador y muy peligroso», en la región.
En dicho informe, la Fiscalía Superior fue contundente al alertar sobre el «aumento del poder corruptor, ajustes de cuentas, robos de droga, violencia contra las fuerzas de seguridad, uso de armas» y «una mayor capacidad para afectar la salud pública».
Estas conclusiones llevaron a la fiscal Ana Tárrago a solicitar “la necesidad de políticas conjuntas de acción”, incrementando la cooperación internacional. Dos años después, lamentablemente, cuatro guardias civiles han perdido la vida en Andalucía.
Francisco Javier Benito, presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), interpreta que lo ocurrido en Huelva este viernes constituye “la crónica de una muerte anunciada con tristeza«.
“A pesar de los sucesos bárbaros de Barbate, no se han implementado las medidas necesarias para erradicar la presencia del narcotráfico en el litoral andaluz, donde actúan con total libertad”. “Basta de soluciones a medias, es momento de encarar este grave problema de seguridad utilizando todas las herramientas del Estado de Derecho, junto con un refuerzo material, humano y legal para los agentes”, reclama Benito.
Otras asociaciones profesionales también exigen fortalecer el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con embarcaciones mejores, mayor seguridad y potencia frente a las planeadoras de los narcotraficantes, además de más personal y mejor equipamiento para los agentes.
Entre el accidente de Barbate, el 9 de febrero de 2024, y el de Huelva, este 8 de mayo de 2026, las demandas de las asociaciones profesionales, cada una desde sus diferentes perspectivas e intereses, coinciden en pedir: calificar a la Guardia Civil como profesión de riesgo; reforzar el Servicio Marítimo; declarar la singularidad del litoral andaluz; y aumentar las penas de prisión para los narcotraficantes, buscando un efecto disuasorio en el Código Penal.
Por ahora, el Ministerio del Interior parece no atender a las asociaciones y vuelve a repetirse el sentimiento de pesar por dos muertes injustas.
En su carta, Daniel Fernández, presidente de Independientes de la Guardia Civil, señala que “la pérdida de nuestros compañeros Germán y Jerónimo, del Servicio Marítimo, no solo es una noticia trágica; es una herida abierta en el corazón de nuestra institución. Murieron como los valientes: protegiendo nuestras costas frente a la lacra del narcotráfico”.
Por su parte, Juan Fernández, secretario general de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia (AUGC), recalca que “nuestros compañeros siguen enfrentándose al narcotráfico en condiciones extremas y con recursos insuficientes”. Esta situación genera una presión y estrés adicionales para los agentes. “Las advertencias estaban sobre la mesa y la Administración nuevamente las ignoró”.
“Este trágico suceso revela, con una crudeza insoportable, los peligros a los que se enfrentan los guardias civiles día a día”, insiste Fernández de IGC, recordando que tras sus números de placa había personas cuyas familias quedan destrozadas.
“Detrás de sus uniformes existían personas excepcionales con vidas plenas, familias que hoy quedan rotas y proyectos pendientes que se desvanecen con el choque de esas embarcaciones. Han entregado sus vidas para que el resto de los españoles pueda descansar tranquilo, sabiendo que alguien vela por su seguridad frente al crimen más brutal”.
“Más allá de las críticas hacia quienes gobiernan, hoy corresponde valorar el trabajo de los que están en primera línea”. “Germán y Jerónimo cumplieron con su deber hasta el final. Su sacrificio obliga a avanzar con aún más determinación, honrando su memoria en cada servicio”.
Juan Fernández, de AUGC, comparte la sensación que prevalece en el Instituto Armado, cuyos agentes destacados en Andalucía regresan a las calles y playas bajo la sombra de dos muertes en sus conciencias: “Nos destroza la pérdida de dos compañeros, y otro en estado grave. Guardias Civiles que luchaban contra esta lacra: el narcotráfico”.