Las claves
Los presidentes de los Tribunales de Instancia critican la reforma judicial promovida por Bolaños, calificándola como «irresponsable» debido a su aplicación sin recursos ni tiempo suficientes.
Señalan que primó el interés político frente a la tutela judicial efectiva y denuncian una desorganización generalizada en la ejecución de la nueva ley.
Los jueces solicitan más recursos humanos y materiales, además de criticar la falta de coordinación y claridad en las competencias dentro del nuevo sistema judicial.
Destacan la desconexión entre jueces y oficinas judiciales, proponiendo el impulso de la figura de funcionario de apoyo directo al juez para optimizar el funcionamiento.
Los presidentes de los Tribunales de Instancia, base de la nueva estructura judicial establecida por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, consideran «irresponsable» que la reforma se implemente «sin recursos, sin tiempo suficiente y sin escucharnos».
Afirman que «ha prevalecido el interés político sobre la tutela judicial efectiva» y advierten que la «desorganización» detectada inicialmente se ha extendido «de forma general».
Estas conclusiones fueron extraídas tras un encuentro en Granada, inaugurado el miércoles por el ministro Félix Bolaños.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió su reforma y la reducción de la litigiosidad que, según él, sucede mientras los magistrados experimentan una realidad distinta.
Bolaños expresó: «Gracias a los presidentes de los Tribunales de Instancia por el esfuerzo en implementar la Ley de Eficiencia, esta transformación os hará legendarios».
«Los presidentes de los Tribunales de Instancia y los miembros de la carrera judicial en este país no buscan ser legendarios», respondieron a Bolaños.
«Solo aspiramos a cumplir con nuestra función jurisdiccional de forma adecuada y leal, protegiendo a los ciudadanos en sus derechos y libertades con todos los recursos materiales y humanos necesarios».
En las conclusiones difundidas hoy, los presidentes lamentan no compartir el optimismo expresado sobre el impacto de esta reforma, haciendo referencia a las declaraciones de Bolaños.
Señalan que la realidad de las fases iniciales en la implantación de la ley de eficiencia contradice datos cuya fuente desconocen y que parecen estar descontextualizados o basados en una selección parcial de información.
«Basta con observar la desorganización visible al inicio, la cual ahora se ha generalizado en los Tribunales de Instancia, afectando de forma evidente los derechos de los ciudadanos», señalan.
Las conclusiones son muy críticas con Bolaños: «Advirtieron la irresponsabilidad que implica implementar sin recursos, sin tiempo suficiente y sin escuchar a quienes garantizan la protección efectiva de los derechos ciudadanos. A pesar de los avisos dirigidos a las distintas Administraciones y de solicitar incluso una moratoria, el interés político ha prevalecido sobre la tutela judicial efectiva», sostienen.
También expresan su queja porque las solicitudes al Consejo General del Poder Judicial «para adoptar medidas ante las disfunciones detectadas no obtuvieron una respuesta eficaz acorde con la gravedad del problema».
«Actualmente, en todo el país, los Tribunales siguen sin disponer de recursos humanos y materiales suficientes para afrontar una reforma calificada como exitosa, mientras los ciudadanos continúan esperando una garantía adecuada de sus derechos», afirman.
Aseguran que los jueces están trabajando «con un esfuerzo personal notable, con tímidas inversiones de las Administraciones competentes y con una preocupante falta de interés político hacia las necesidades reales del servicio público de Justicia».
También mencionan problemas en la implantación del nuevo modelo, donde la coordinación con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), responsables de los servicios comunes, no es siempre efectiva.
Detectan, además, una «desconexión» entre jueces y oficinas judiciales, por lo que consideran esencial desarrollar la figura del funcionario de apoyo directo al juez que, respetando la responsabilidad del LAJ en la dación de cuenta, mantenga una vinculación funcional con el servicio.
Indican que ni la ley ni las instrucciones del CGPJ y del Ministerio de Justicia definen con claridad las competencias de los presidentes de los Tribunales de Instancia respecto a los servicios comunes, los cuales deben considerarse parte integral de los Tribunales, dado que la oficina judicial es una herramienta al servicio de la actividad jurisdiccional.
Y recuerdan que los criterios generales y las instrucciones específicas para el señalamiento de vistas «siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados».