La reforma legal impide alegar el síndrome de alienación parental
En agosto pasado, nuevamente, toda España centró su atención en Maracena (Granada), de manera similar a lo ocurrido en 2017, cuando la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, salió de la vivienda de Juana Rivas, quien en ese momento tenía retenido a su hijo pequeño en contra de las órdenes judiciales, y afirmó: «He visto a los menores. Tienen miedo de su padre. La Justicia debería protegerlos. Los estamos abandonando. No podemos abandonar a Daniel«, refiriéndose al niño.
Así, el pasado martes, al presentar su modificación de la Ley de Infancia, que exige escuchar siempre a los menores en casos de divorcio, independientemente de su edad y madurez, y que prohíbe otorgar la custodia compartida si existen «indicios» de daño emocional —lo que favorece de manera implícita a las autodenominadas «madres protectoras», que a menudo usan ese argumento— Rego defendió con firmeza su propuesta. Comenzó su discurso en rueda de prensa con esta declaración: «Debemos pedir perdón a todos los niños a los que hemos fallado hasta ahora».
Sin embargo, cuando regresó a Madrid tras visitar a Rivas y sus hijos, Daniel, el menor, a quien describió como «aterrorizado» ante la sola idea de retornar con su padre, fue forzado a volver a Italia con Francesco Arcuri, y desde entonces vive «feliz» con él, según aseguran sus profesores y entorno, además de la trabajadora social que lo ha atendido durante siete años en Cerdeña, tal como ha declarado recientemente.
Por añadidura, Daniel, como ha informado reiteradamente EL MUNDO, ha expresado a su entorno estar cansado de las «manipulaciones» de su madre y sus amigas cada vez que viaja a Granada o se encuentra bajo su influencia, siempre con el objetivo de que acuse a Arcuri de malos tratos. La recompensa: «Salvar a mamá», según explican varios profesionales de la salud mental y han confirmado tres sentencias civiles italianas de 2019, 2023 y 2025.
En resumen: el mismo niño que, el 25 de julio pasado, gritaba ante los medios de manera evidentemente forzada, «Mi padre me va a matar», en la puerta del Punto de Encuentro Familiar de Granada, donde fue dejado por su madre y su consejera, Francisca Granados, directora del Centro de Atención a la Mujer de Maracena, quienes lo llevaron allí para la entrega —que no se concretó ese día— a su padre, recuperó su actitud habitual de niño «tranquilo y feliz» en cuanto regresó con Arcuri y sus amigos en Cerdeña, de los cuales Rivas lo había separado durante los siete meses de presunta sustracción.
«No se ha escuchado a Daniel», manifestó entonces Rego. No obstante, las justicias española e italiana han estado escuchando a Daniel y a su hermano Gabriel durante años, aunque negándoles la razón a ella, e incluso condenándola y ordenándole tratamiento para no perjudicarles.
Particularmente, el tribunal civil de Cagliari, encargado desde 2017 de regular las relaciones familiares de los Arcuri Rivas con sus padres, ha mantenido una postura clara, ya que en enero de 2025, cuando Rivas envió un vídeo en que Daniel denuncia presuntos abusos de Arcuri como justificación para que el niño permaneciera con ella en Granada, le ordenó que el menor regresara a Italia de inmediato con la sentencia: «Nada ha cambiado».
Es decir, la corte hizo una excepción permitiendo que el menor pasara la Navidad en España, pese a las «inducciones» previas, otorgándole un voto de confianza a la madre… pero esta volvió a incumplir.
El niño, en concreto, lleva años denunciando esas «inducciones» maternas cuando se le pregunta, llegando incluso a nombrar a las amigas de su madre involucradas.
La Justicia también ha escuchado a Gabriel, el mayor, quien optó por vivir en España con su madre tras decidirlo él mismo, según los peritos italianos, debido a que había «comprado» el victimismo de Rivas. Sin embargo, ni el tribunal ni Arcuri pudieron impedir que un joven de 16 años elija dónde vivir, en este caso prefiriendo el estilo educativo más permisivo de su madre.
Lo que no sucedió fue que se le creyera. En 2018, Abc publicó tres cartas en las que Gabriel denunciaba abusos por parte de su padre que los tribunales italianos calificaron como «increíbles», sin evidencia alguna, contradiciendo todo lo observado por los peritos, y respecto a las cuales el propio joven admitió a la trabajadora social mencionada que eran falsas, como ella ha reiterado ante la Justicia hace apenas mes y medio.
Daniel ha explicado recientemente en Italia a los especialistas que lo asisten que su hermano mayor fue uno de los principales actores en las presuntas manipulaciones que sufrió por parte del entorno materno en 2025 en Granada.
Gabriel permaneció con su hermano el 25 de julio dentro del Punto de Encuentro Familiar y, como relató este diario, su actitud obstaculizadora impidió la entrega de Daniel a Arcuri ese día. Una vez entregado el menor al padre, horas después, el niño, que antes se ocultaba en un baño y agredía a un policía, recibió al padre con normalidad, tal y como pudo constatar este diario en el lugar.
Todos los expertos jurídicos en litigios de Familia conocen el concepto de «conflicto de lealtades», según el cual el hijo de padres divorciados tiende a complacer a ambos, expresando generalmente lo que cree que cada uno desea escuchar. De ahí la enorme complejidad que enfrentan las decisiones judiciales en estos casos, situación que ahora ve un cambio con la reforma propuesta por Rego, así como el posible uso interesado, cuando no malintencionado, de estas disposiciones, incluso bajo la supervisión de la ministra.
La reforma prohíbe que se mencione el Síndrome de Alienación Parental en estos procesos al haber sido desmentida su existencia por la OMS. Sin embargo, nadie en los tribunales de Familia españoles niega la posibilidad de que un progenitor manipule al hijo, sin que exista una categorización científica formal. Principalmente porque se trata de una conducta frecuente observada con regularidad en las audiencias.
La propia Juana Rivas aplica esta lógica, argumentando en Italia lo que niega en España: según su defensa, Daniel no denuncia los mismos daños en Cerdeña que sí en España porque allá vive con su padre, quien supuestamente lo intimida e influye. Por lo tanto, la posible inducción es reversible: una versión se acepta, la otra no.
María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, compareció en 2017 en el Congreso, invitada por Podemos, vistiendo una camiseta con la frase: «Los niños no mienten, los abusadores sí».
En ese momento, Sevilla, que meses después huyó con su hijo tras que los jueces otorgaran la custodia al padre —y que, al igual que Rivas, fue indultada por este Gobierno—, ya había denunciado a los psicólogos forenses que la consideraban un peligro para su hijo.
Según concluyeron los profesionales involucrados, el problema no fue si escuchaban o no al menor, cosa que evidentemente hicieron, sino que no le daban la razón a ella.