Las claves
El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con 15 iniciativas contra la corrupción, en respuesta a la Ley de Integridad Pública impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre las propuestas del PP destaca la petición de convocar elecciones inmediatas, la prohibición de indultos en casos de corrupción y reformas destinadas a garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal.
La propuesta incluye fortalecer la protección de los denunciantes, destituir a cargos investigados en empresas públicas y auditar los rescates realizados por el Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas.
El PP reclama romper pactos con partidos que integren condenados por terrorismo y demanda modificaciones legales para asegurar la independencia y neutralidad de organismos como el CIS.
El Partido Popular ha optado por responder en el Congreso a la «broma pesada» que representa la Ley de Integridad Pública promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hace con un conjunto propio de medidas, «que no verán reflejo en su ley, porque él únicamente encabeza la degradación«.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo presenta esta proposición no de ley, que acusa al sanchismo de «corrupción económica, política, institucional y moral» y le niega capacidad para liderar cualquier proceso de regeneración democrática.
Para la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros es, como mínimo, «una burla».
En el texto explicativo, el PP lo califica como un intento de «disimular una serie de casos» que, según sus datos, suma 16 causas y miles de años de prisión solicitados para «sus 123 imputados».
La PNL registrada este lunes en la Cámara Baja lleva por título Por la integridad en la vida pública y contra la corrupción económica, política, institucional y moral del Gobierno, y concluye que «Pedro Sánchez es totalmente incompatible con cualquier discurso o acción relativas a la integridad pública, porque la corrupción marca su ejercicio del poder«.
Gamarra afirma que «quien ha promovido la corrupción ética, política y económica no está capacitado para liderar ninguna iniciativa de regeneración institucional«. Relaciona esta iniciativa con la mayoría absoluta que, el 24 de junio, aprobó en el Congreso exigir a Sánchez que dimitiera y convocara elecciones.
Nueva etapa
En este momento, Feijóo y su equipo presentan las 15 medidas como la hoja de ruta de «un Gobierno renovado y transparente».
La primera propone precisamente la convocatoria inmediata de elecciones como cumplimiento de la decisión que las Cortes votaron «hace unas semanas» y como punto inicial de una etapa nueva.
El PP enmarca esta PNL dentro de la evolución de su discurso sobre integridad democrática de los últimos años y la vincula con el Plan de Calidad Institucional que Feijóo presentó en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, sede de las Cortes de 1812, en enero de 2023.
En aquella ocasión, el líder popular firmó ese documento como «un compromiso con este país» y como una herramienta de regeneración para un hipotético «postsanchismo».
El objetivo era limpiar las instituciones de «nepotismo, falta de transparencia y arbitrariedad» durante los primeros 100 días de un Gobierno del PP. Sin embargo, aunque ganó las elecciones, Feijóo no logró formar Gobierno.
Tres años y medio después, la exposición de motivos de la PNL indica que el deterioro ya no es solo institucional, sino que afecta a «todos los ámbitos político, económico y moral».
El PP ha ido ajustando y endureciendo su plan, usando ahora términos como «reconstrucción nacional» en lugar de simplemente regeneración.
Feijóo interpreta el proyecto de ley de Sánchez como un esfuerzo para protegerse públicamente de los escándalos que afectan a sus ministros, altos cargos, la SEPI, el fondo de rescate, la financiación del PSOE, el pago de las cloacas y su círculo personal.
Doble desafío
La PNL se plantea así como un doble reto.
Por un lado, desafía al Gobierno, instando a adoptar medidas concretas que lo dejarían expuesto, afectando su política de indultos, pactos parlamentarios, nombramientos de confianza y gestión de empresas públicas.
Por otro, se dirige a sus aliados, a quienes el PP invita a elegir entre adherirse a este plan de «ejemplaridad real» o respaldar a Sánchez.
Si aprueban las 15 medidas, dejarán más aislado al presidente tras la votación del 24 de junio. Si las rechazan, pasarán de ser «cómplices» y «cooperadores necesarios» a convertirse en «coautores» de la corrupción denunciada.
La primera medida exige la convocatoria inmediata de elecciones generales. La segunda prohíbe indultos en casos de corrupción, terrorismo, ataques al orden constitucional y delitos cometidos por altos cargos en el ejercicio de sus funciones.
También se plantean reformas penales y procesales en línea con la nueva directiva europea contra la corrupción. Entre ellas, recuperar las penas por delito de malversación anteriores a la reforma de 2022.
Otra medida fundamental es garantizar la independencia del Ministerio Fiscal. El PP propone un nuevo sistema para designar al fiscal general, con un mandato que no coincida con el del Gobierno y causas de cese más restrictivas, para asegurar «un desempeño imparcial de sus funciones».
Instituciones limpias
El PP solicita reforzar la protección de denunciantes de corrupción mediante canales seguros y anónimos gestionados por una autoridad independiente. Remarca la importancia de asegurar la confidencialidad de la identidad del informante para evitar «represalias laborales, económicas o personales».
En cuanto al ámbito institucional, la PNL reclama el cese inmediato del presidente del CIS, José Félix Tezanos, a quien acusa de haber llevado al organismo al «descrédito» por una gestión «partidista». Exige reformas legales que garanticen independencia, neutralidad y prestigio para la institución demoscópica pública.
La iniciativa también pide romper pactos con partidos como Bildu que integren en sus filas a condenados por terrorismo.
Además, propone modificar la LOREG para inhabilitar a quienes no demuestren arrepentimiento, rechazo al terrorismo y colaboración con la Justicia, y prohibir la financiación pública a partidos que incluyan condenados en sus candidaturas.
Integridad económica
Una de las medidas más contundentes está dirigida a la SEPI y las empresas públicas.
La PNL solicita la destitución inmediata de su presidenta, vicepresidente y demás directivos bajo investigación, una auditoría externa de toda su actividad y el retorno a criterios de profesionalidad, mérito y capacidad en los nombramientos.
Simultáneamente, el PP exige realizar una auditoría independiente a los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas (FASEE).
El objetivo es depurar responsabilidades políticas en operaciones acogidas a «sospecha judicial», las cuales se han convertido en un emblema de la crisis de integridad económica del Gobierno.
Las últimas propuestas buscan eliminar espacios de conflicto de interés y recuperar fondos públicos.
Para ello, se plantea reformar la normativa sobre altos cargos, contratos del sector público y régimen jurídico del sector público, además de fortalecer la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para impedir que cualquier condenado por corrupción pueda «disfrutar de los beneficios obtenidos» a partir de sus delitos.