El partido advierte que Mercedes González y Manuel Llamas mantienen «el pleno ejercicio de sus funciones y la jerarquía superior sobre la unidad cuya actuación se investiga para determinar si intentaron obstaculizarla».
El PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que dirige el ‘caso Leire Díez’ que restrinja a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, «cualquier autoridad de mando» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras avance la investigación.
Lo ha hecho mediante un escrito, al que accedió Europa Press, donde recalca que ambos oficiales, imputados en la causa, continúan «en el pleno ejercicio de sus funciones y con la superioridad jerárquica sobre la unidad a la que se investiga si pretendieron poner trabas».
Los ‘populares’, responsables de la acusación popular unificada en el proceso, solicitan varias «medidas cautelares de protección» para los agentes encargados de la investigación, comenzando por «la prohibición de ejercer cualquier mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, específicamente, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y su personal, asignando estas funciones a un mando externo a la cadena investigada».
Además, abogan por impedir que González y Llamas puedan «iniciar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o cualquier procedimiento disciplinario que afecten a los responsables y agentes de la UCO mientras el procedimiento continúe».
También solicitan que se les restrinja el acceso «a la documentación, sistemas y expedientes vinculados a la investigación en curso, así como que se les prohíba comunicarse, directa o indirectamente, con agentes y testigos que han declarado dentro de la causa».
Al mismo tiempo, dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, la adopción de «todas las medidas que considere necesarias para garantizar la integridad de la investigación, la protección de las pruebas y la seguridad de los agentes involucrados».
El PP recuerda que el juez imputó a González y Llamas por delitos presuntos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia relacionados con obstrucción, «que implican la utilización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil a través de sucesivas informaciones reservadas para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en asuntos vinculados al entorno del Gobierno y del PSOE».
Destaca que el bien jurídico a resguardar «no solo es el adecuado funcionamiento de la Administración, sino principalmente la integridad de la labor de apoyo a la Justicia que realiza la UCO, bajo la supervisión de los órganos judiciales, en procedimientos penales de alta sensibilidad».
«Es un hecho público y notorio que, a pesar de estar investigados, tanto la directora general como el DAO continúan en sus cargos, sin ninguna medida administrativa de cese o suspensión y sin que hayan presentado renuncia», añaden.
Esta situación, según su criterio, «es objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, dado que ambos máximos responsables mantienen completo control directo sobre los agentes de la UCO y quienes gestionan mando, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de recursos».
Tras señalar que el juez «ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO», el partido señala que «el riesgo no es una mera hipótesis, sino una realidad constatada por el propio instructor, quien ordenó a la UCO mantener discreción en el desarrollo de la investigación y no informar a la cúpula del Cuerpo, para evitar que los detalles se filtraran a los dos máximos responsables investigados».
En representación de la acusación popular unificada, se afirma que «esa discreción resulta insuficiente si los investigados conservan demás facultades sobre la unidad», por lo que consideran necesario implementar esas medidas cautelares, ya que «existe un riesgo de represalias contra testigos y agentes», pues «los mandos de la UCO que declararon bajo juramento sobre las presiones recibidas siguen subordinados orgánicamente a los investigados», quienes ante el juez negaron haber presionado a dicha unidad.
Los ‘populares’ han solicitado por segunda vez la citación como investigado del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, predecesor de la actual directora, petición que el juez Pedraz rechazó inicialmente por ausencia de indicios en su contra.
En un documento al que tuvo acceso esta agencia, sostienen que el exjefe de la UCO Rafael Yuste reveló ante agentes de esa misma unidad que recibió presiones de Marcos y Llamas para «mantener una actitud pasiva» en la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Así, enfatizan que los hechos investigados «responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, liderada institucionalmente por la directora general».
«La coincidencia temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones impartidas a la UCO no puede analizarse sin incluir a quien, entre junio de 2023 y septiembre de 2024, estuvo al mando de dicha estructura», argumentan.
Por ello, desde la perspectiva del PP, resulta «incoherente» que la investigación formalmente apunte al ‘número dos’ operativo –Llamas– y a la directora general –González– mientras no se llame al procedimiento a quien fue superior jerárquico del primero y predecesor de la segunda, y que tanto Yuste como Llamas señalan como partícipe activo en los hechos.»
De este modo, la acusación popular unificada solicita al juez que llame a declarar como imputado a Marcos para esclarecer «su conocimiento y posible autorización de las informaciones reservadas contra la UCO»; así como «el alcance de las instrucciones dadas a los mandos para que adoptasen una postura pasiva o sin proactividad en casos con implicaciones políticas».