Las claves
El acuerdo climático presentado por Sánchez y Aagesen no ha cumplido con las expectativas de nuevos recursos y coordinación, según críticas de la oposición y las CCAA del PP.
España se ha visto obligada a solicitar apoyo a la UE para hacer frente a los incendios debido a la falta de hidroaviones operativos y la demora en la llegada de los nuevos aviones prometidos.
El Ejecutivo no ha convocado a las Comunidades Autónomas ni ha informado al Congreso sobre el pacto, generando reproches por la ausencia de diálogo y transparencia.
La gestión de la crisis ha desatado un duro conflicto político entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas, con especial tensión en Madrid.
En la madrugada del jueves al viernes, España constató una vez más que la «emergencia climática» va más allá de un concepto político. Tres grandes incendios en Madrid, «incontrolables», motivaron la declaración de la Emergencia nacional.
Han transcurrido apenas dos semanas desde que el fuego en Los Gallardos (Almería) causara la muerte de 13 personas.
En este escenario, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha vuelto a poner sobre la mesa el Pacto de Estado que Pedro Sánchez anunció el verano pasado, durante los incendios en Orense y Castilla y León. Una iniciativa más discursiva que práctica, que, según la oposición, «se ha desvanecido».
No se ha materializado el despliegue de recursos prometido, tampoco se ha coordinado el trabajo con las Comunidades Autónomas competentes, ni se ha ofrecido ningún informe en el Congreso.
La vicepresidenta organizó en octubre pasado en Ponferrada «una convención» reivindicando un «gran pacto país», pero nunca ha convocado a los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial de Transición Ecológica para avanzar en el acuerdo, según denuncias desde las autonomías.
Las CCAA del PP declinaron asistir al considerar que no se trataba de «un auténtico espacio de cogobernanza», sino de «mera propaganda» y una foto favorable al Gobierno «sin un trabajo político real detrás».
«Desdén hacia el Congreso»
De modo paralelo, la vicepresidenta tampoco ha comparecido ante las Cortes para detallar qué medidas propone ni las acciones desarrolladas para impulsar ese pacto.
Lo anunció públicamente el 23 de enero, gestionando una petición para intervenir en Pleno y «informar sobre los avances en las propuestas del Pacto de Estado contra la emergencia climática». Sin embargo, no asistió al Pleno para exponer ningún avance, compromiso o cronograma, y el asunto fue quedando en el olvido.
No obstante, esta semana, Aagesen ha repetido en radio que «los incendios también se apagan en invierno».
Seis meses después, no se ha concretado nada. El pasado 14 de mayo, la propia vicepresidenta ordenó anular la solicitud de comparecencia. EL ESPAÑOL accedió a ese documento de retiro de su compromiso para informar en sede parlamentaria sobre el pacto.
Curiosamente, a la semana siguiente, Sánchez aparecía junto a Aagesen en la base de la UME en Torrejón para presentar «el mayor despliegue estatal jamás realizado» en la campaña antiincendios estival.
Sin embargo, ese despliegue no se ha concretado realmente. Mientras la narrativa política prometía recursos adicionales y mejor coordinación, la ejecución operativa ha quedado rezagada.
Aviones averiados y envejecidos
El 6 de julio, poco antes de la tragedia en Almería, el Gobierno pidió disculpas por «el retraso respecto a campañas anteriores» y reconoció en un informe interno a las CCAA que la flota de hidroaviones disponible era inferior a la prometida y que al menos tres unidades estaban fuera de servicio.
El documento admitía además, que la mayoría de los aviones anfibios que sostienen el operativo estatal contra incendios son modelos Canadair con más de 40 años en servicio, lo que supone un aumento en incidencias no previstas junto a los mantenimientos regulares.
Ya en 2024, el Ejecutivo comunicó la adquisición de siete nuevas aeronaves por un monto de 375 millones de euros, pero se espera que estos aparatos no entren en funcionamiento al menos hasta 2028, fuera de la campaña actual.
El resultado de esta gestión se manifestó en la declaración de Emergencia nacional este viernes.
España requirió asistencia europea y la UE activó el envío de cuatro hidroaviones procedentes de Grecia e Italia para reforzar un operativo nacional que no cuenta con todos los recursos prometidos ni todos operativos.
En Madrid, los incendios han devastado miles de hectáreas al suroeste de la región, y más de 40.000 personas han sido evacuadas o confinadas, incluyendo residencias de ancianos, en un operativo que la propia Comunidad califica como «situación crítica».
Conflicto político
La declaración de Emergencia nacional ha ido acompañada de un incremento en las tensiones políticas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aprovechó la coyuntura para culpar a Isabel Díaz Ayuso de «reducir impuestos para los más ricos y luego exigir que el Gobierno solucione sus problemas» frente a los incendios.
El ministro dirigió sus críticas directamente al PP y a la presidenta madrileña en redes sociales y declaraciones públicas, reprochándoles falta de previsión y acusándolos de usar la crisis para eludir su responsabilidad, lo que ha intensificado el conflicto institucional en pleno operativo de extinción.
Desde el PP respondieron que «no están para disputas». Recordaron que gobiernan en 11 de las 17 Comunidades Autónomas y exigieron al Estado que proporcione «todos los medios» y deje de emplear insultos para encubrir carencias materiales y un «pacto ficticio que sólo existe en palabras».
Otra convención, «papel mojado»
Desde el verano de 2025, los incendios forestales se han convertido en una excusa recurrente para reactivar el discurso del pacto, junto con llamados a la «unidad» que el propio Alberto Núñez Feijóo ha dado por finalizados, proponiendo su propia iniciativa de acuerdo para la «prevención, coordinación y respuesta ante riesgos naturales».
La situación en el terreno mezcla verdades con promesas incumplidas: es cierto, como afirma Aagesen, que su Ministerio dispone de 11 brigadas contra incendios desplegadas a nivel nacional que operan los 365 días del año, cuando en 2018 sólo funcionaban durante algunos meses.
Pero las «siete nuevas aeronaves» corresponden a un contrato futuro que no aportará ningún avión operativo para la campaña de 2026, mientras los viejos hidroaviones continúan cubriendo la extinción.
Aagesen ha anunciado otra «gran convención» sobre la emergencia climática para otoño, previsiblemente con el mismo rechazo de las CCAA del PP.
Porque será nuevamente un congreso con presencia de agentes sociales y organizaciones civiles, pero sin convocatoria a la conferencia sectorial con las autonomías.
Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, acusó al Ejecutivo este viernes de «propaganda», de llegar a la crisis sin previsión y de mantener un pacto que es «papel mojado», sin reuniones ni acuerdos reales.
La cancelación en mayo de la comparecencia anunciada en enero resume esta crítica, según el PP.
El Gobierno «prefirió anular» la rendición de cuentas ante los representantes políticos y enfocarse en un gran evento de comunicación con brigadistas y helicópteros, antes de una campaña antiincendios marcada por más conflictos que recursos y diálogo.