La mayoría de los receptores del Ingreso Mínimo Vital también perciben otra ayuda social, siendo el subsidio por desempleo la más común

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que la mayoría de quienes reciben el ingreso mínimo vital también accede a otras prestaciones públicas, especialmente el subsidio por desempleo

Ingreso Mínimo Vital. (Montaje Infobae)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) resalta en su quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el 51% de los beneficiarios en España reciben al menos una ayuda social adicional. Además, un 16% combina el IMV con dos o más subvenciones. Según el estudio publicado este jueves, el subsidio por desempleo es la prestación que con mayor frecuencia se suma al IMV, especialmente en personas mayores de 52 años, donde la concurrencia de ambas ayudas se duplica en comparación con otros grupos etarios. Este fenómeno refleja una superposición de prestaciones que, lejos de ser excepcional, se ha establecido como una constante entre los receptores. El informe subraya que, aunque el IMV ha mejorado la protección ante la pobreza, la coordinación con el resto del sistema de ayudas continúa siendo un desafío pendiente.

Durante 2025, 455.401 hogares en territorio fiscal común recibieron el IMV, representando un incremento del 16% respecto al año previo. El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) benefició a 540.638 hogares, con un crecimiento del 20%. La cobertura del IMV alcanzó el 44,2% de los hogares potencialmente elegibles, mientras que el CAPI cubrió al 27,9%. Sin embargo, el 52% de los hogares que cumplen los criterios para acceder al IMV todavía no han tramitado la prestación.

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La AIReF atribuye esta situación a obstáculos administrativos, falta de información y a la percepción de que el proceso de solicitud es complicado. En 2025, el plazo promedio para procesar una solicitud se redujo a 99 días, gracias a la ampliación de los límites de renta y patrimonio, así como a la implementación de un sistema de revisión anticipada. Estas mejoras permiten ajustar las cuantías de las prestaciones a la situación económica más reciente de las familias, aunque no han sido suficientes para alcanzar una cobertura universal entre aquellos que cumplen los requisitos.

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El informe indica que la mayoría de los beneficiarios del IMV no depende únicamente de esta prestación para subsistir. Más de la mitad recibe alguna otra ayuda pública durante el año, en muchos casos simultáneamente. El subsidio por desempleo es el más común, aunque también existen ayudas familiares, complementos de infancia y subsidios autonómicos o locales. Un 16% de los hogares combina tres o más ayudas, lo que ejemplifica la fragmentación del sistema de protección social en España.

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La AIReF advierte que una mayor intensidad protectora del IMV se relaciona con una permanencia más prolongada en la ayuda. Cerca del 46% de los hogares beneficiarios continúa recibiendo el IMV cinco años después de su concesión inicial. Este dato, según el organismo, refuerza la necesidad de reformular los incentivos al empleo y mejorar la vinculación del IMV con el mercado laboral. El objetivo es evitar que la prestación se consolide como un ingreso permanente y fomentar la integración sociolaboral de los beneficiarios.

España, de los países europeos que ofrecen más prestaciones

En comparación con otros países de Europa, España brinda una de las prestaciones de último recurso más elevadas dentro de la Unión Europea. No obstante, tanto la cobertura como la capacidad del IMV para reducir la pobreza permanecen por debajo de la media comunitaria. Desde 2019, la cobertura de la pobreza vinculada al IMV ha crecido cerca de un 90%, aunque la disminución de la tasa y la brecha de pobreza son inferiores al promedio europeo.

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Entre las sugerencias incluidas en el informe, la AIReF recomienda fortalecer la coherencia del IMV con el resto del sistema de protección social y reevaluar su diseño, tomando como referencia las experiencias de otros países europeos. Asimismo, plantea avanzar hacia un sistema de verificación más automatizado, basado en información administrativa actualizada, con el fin de reducir las barreras de acceso y los periodos sin protección.

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