El ex presidente del Gobierno describe el fallo como «histórico» y anticipa que resolverá «la grave crisis política, institucional y social» que se originó con el ‘procés’

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero opina que la decisión de la Justicia europea que sostiene la validez de la Ley de Amnistía fortalece el Estado de Derecho, que se actualiza en sus principios democráticos, y llama a quienes «criticaron» la ley «y a quienes la apoyamos» a iniciar «un proceso de reflexión».
Además, califica el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como «histórico» y destaca que al ratificar ampliamente esta normativa en relación con el derecho comunitario hay «fundamento» para albergar «esperanza». Por ello, anticipa que esta decisión contribuirá a superar «la grave crisis política, institucional y social» que comenzó en 2017 con el llamado procés en Cataluña.
Zapatero afirma, en una entrevista exclusiva a EL MUNDO tras examinar el fallo, que «la sentencia del máximo tribunal de la Unión Europea, custodio de los principios y valores del espacio de libertad y derechos humanos al que pertenecemos, ha respaldado la Ley de Amnistía con firmeza y fundamento en los principios democráticos del Estado de Derecho».
El expresidente del PSOE rompe así su silencio por primera vez tras ser imputado por la Audiencia Nacional en mayo pasado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, contrabando, falsedad y contra la Hacienda pública. Desde entonces, Zapatero optó por guardar silencio bajo asesoramiento legal, rechazó conceder entrevistas y ahora hace una excepción para pronunciarse sobre una norma en cuya negociación y elaboración participó activamente representando al Gobierno de Pedro Sánchez.
El antiguo jefe del Ejecutivo subraya que la ley, que entró en vigor en 2024 y benefició a más de 300 personas entre políticos, policías, ciudadanos y condenados relacionados con el procés, «fue creada para pacificar las consecuencias de la grave crisis política, institucional y social». Añade que con el fallo, que responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional acerca de si el gasto en el proceso independentista comprometió los intereses financieros europeos o si vulnera el derecho comunitario en materia de terrorismo, «nuestro Estado de Derecho se fortalece y renueva en sus principios democráticos». Para Rodríguez Zapatero, estos principios «se basan en la ley como expresión de la voluntad popular y en la reconciliación y convivencia como valores esenciales de una sociedad democrática».
El ex mandatario, que en estos momentos está enfocado en su estrategia de defensa en el caso Plus Ultra, donde ya ha solicitado la nulidad del proceso alegando probables irregularidades en la investigación, aprovecha para enviar un mensaje a la oposición liderada por el PP. «Sería muy recomendable que quienes atacaron esta ley y quienes la defendimos, emprendieran un proceso de reflexión, tan necesario en una sociedad plural», añade. Todo ello en relación con «las acciones iniciadas en 2023», año en que comenzó la negociación de la norma. «Personalmente creo que hoy el futuro de la democracia en España es más firme gracias a esta histórica sentencia del TJUE, lo cual representa un motivo de esperanza para todos», concluye.
El primer ex presidente español investigado judicialmente durante la democracia lideró las conversaciones con el ex presidente catalán Carles Puigdemont en Suiza hasta el otoño pasado, cuando la formación independentista decidió retirar su apoyo al Gobierno y romper el pacto de investidura. A partir de entonces, según reveló este periódico, continuó contactos indirectos con la dirigencia de Junts a través de mediadores suizos coordinados por la fundación Henri Dunant, e informó personalmente al presidente Pedro Sánchez del progreso de las negociaciones.
Entre los mensajes que Junts transmitió al PSOE mediante Zapatero tras retirar su respaldo, se incluye un documento hasta ahora secreto en el que el equipo de Puigdemont culpa directamente al Ejecutivo de haber empleado las resoluciones judiciales sobre la Ley de Amnistía, especialmente los dictámenes del Tribunal Constitucional, para engañarles y evitar que retiraran el apoyo al Gobierno.
Junts recrimina duramente al Gobierno de Pedro Sánchez haberles prometido ya en 2024 que el Constitucional no solo respaldaría la Amnistía, sino permitiría el regreso de Carles Puigdemont, situación que aún no se ha materializado, ya que el Tribunal Supremo considera que la ley no es aplicable al ex presidente catalán debido al delito de malversación de fondos públicos. Por ello, atribuyen a los negociadores del PSOE el intento de convencerles mediante un «baile de fechas» respecto a los fallos del Tribunal Constitucional que nunca se produjeron según lo pactado.
José Luis Rodríguez Zapatero intentó sin éxito apaciguar a los secesionistas, explicándoles que el Gobierno socialista hizo todo lo posible con la aprobación de la Ley de Amnistía y que la oposición de los tribunales españoles a su aplicación completa estaba fuera de su control. En diversas ocasiones les manifestó que él «prefería vivir en un país en el que no coincidiera con algunas resoluciones judiciales», algo que ya experimentó como presidente con el Estatuto de Cataluña.
EL MUNDO publicó en 2024 la primera versión de la Ley de Amnistía que les enviaron los negociadores socialistas; datada el 17 de septiembre de 2023, excluía totalmente los delitos de terrorismo y traición contemplados en el Código Penal. Por tanto, de haberse mantenido sin cambios aquel documento de 17 folios, Puigdemont, cuyo retorno desbloquea el fallo del TJUE, nunca habría podido ser amnistiado.
Las negociaciones con el equipo de Puigdemont, que ahora se atribuye la versión final del texto, se adaptaron a sus demandas. No en vano, se intercambiaron más de veinte versiones entre las partes, hasta que finalmente se estableció el derecho comunitario como referencia, sustituyendo al Código Penal español.

