En su informe sobre el Estado de Derecho, que Bruselas publicará este viernes, también expresa su preocupación por la reforma aún incompleta del CGPJ y su sistema de selección.
A la Comisión Europea no le agradan las críticas y presiones que el Gobierno ejerce sobre el poder judicial, aspecto que se recoge en el informe sobre el Estado de Derecho que la UE tiene previsto publicar este viernes. Según han informado a EL MUNDO fuentes próximas al documento, Bruselas vuelve a enfatizar este tema, sobre el cual ya ha alertado anteriormente, y reprende al Ejecutivo de Pedro Sánchez justo cuando algunos de sus miembros están realizando precisamente esa acción: apuntar al juez y cuestionar la condena de nueve años de inhabilitación contra David Sánchez, hermano del presidente, por un delito de prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz; además de atacar a la Audiencia de Madrid tras la confirmación del juicio contra Begoña Gómez.
El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el martes la sentencia como «albañilería judicial», subrayando que esta etapa «se estudiará en los libros de historia como el momento en que se tensionaron las estructuras» de las «instituciones más fundamentales con el único propósito de derribar a un Gobierno». El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, calificó el fallo como una «auténtica barbaridad», mientras que fuentes de Moncloa, según esta publicación, añadieron que «el juicio fue transparente y todas las acusaciones fueron desmontadas una a una». «Begoña Gómez es inocente, se trata de una causa política», señalaron ayer desde Moncloa respecto a la esposa del presidente. Exactamente lo que Bruselas considera inadecuado.
La Comisión también toma en consideración la condena al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de que filtró correos electrónicos y datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por divulgar información confidencial. La sentencia impuso dos años de inhabilitación, una multa económica y una sanción, algo poco habitual que, sin duda, ha llamado la atención de Bruselas.
El informe de Bruselas insiste igualmente en la importancia de finalizar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta es una reclamación recurrente de la Comisión Europea, que indica que el sistema de elección sigue sin cambios. Bruselas demanda que un mayor porcentaje de los vocales sea elegido directamente por jueces, conforme a los estándares del Consejo de Europa, y que se reduzca la influencia del Parlamento en el proceso. No obstante, el Gobierno no ha logrado avances en esta exigencia y las medidas adoptadas se consideran insuficientes para la UE.
Asimismo, las fuentes consultadas señalan que la Comisión tampoco queda convencida del uso que el Ejecutivo hace del denominado cuarto turno. Este es un acceso a la magistratura destinado a candidatos que no han superado la oposición, reservado exclusivamente para juristas con reconocida capacidad y experiencia.
El Gobierno de Sánchez ha defendido la importancia de potenciar esta vía y, de hecho, dentro de la última macroconvocatoria para jueces y fiscales anunciada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, se incluyen 125 plazas de magistrados por el cuarto turno. Varias asociaciones han advertido que fomentar este método podría disminuir la relevancia del acceso mediante oposición, y opinan que debe ser una alternativa excepcional y urgente, no una práctica habitual.
Con todo lo anterior, la Comisión solicitará a España que avance en las reformas pendientes, en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la transparencia. No hará referencia, por ejemplo, a la sentencia contra el ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ya que ocurrió en 2026 y el informe corresponde al año 2025. El documento anual sobre el Estado de Derecho evalúa la situación judicial de los 27 países y siempre recibe fuertes presiones. De hecho, Bolaños habría trabajado y presionado intensamente para intentar contener las críticas y advertencias de Bruselas.
Esta presión y el intenso trabajo hasta el último momento de los técnicos de la Comisión hacen posible que el texto final sufra modificaciones de última hora, aunque las fuentes aseguran que todos los puntos señalados estarán presentes en el documento definitivo. Además, según informó ayer Politico y este medio pudo confirmar, en ese texto también se equiparará a España con Hungría en cuanto a cumplimiento normativo, país gobernado por Viktor Orban durante 16 años.
La Comisión Europea instará a España y a Hungría a profundizar en las reformas relacionadas con justicia, transparencia y lucha contra la corrupción. Bruselas recalca que ni la Ley de Integridad Pública ni el Plan Estatal Anticorrupción aprobados por el Gobierno son suficientes.