La TJUE respalda la ley de amnistía de España, señalando que no viola ni las normativas de la UE ni las antiterroristas, aunque la orden de detención contra Puigdemont sigue vigente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha otorgado un amplio respaldo a la ley de amnistía española en relación con la legislación europea, una decisión que afecta directamente al caso de Carles Puigdemont, quien aún espera un fallo del Tribunal Supremo.
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Los jueces de Luxemburgo consideran que esta legislación no entra en conflicto con los intereses financieros de la Unión Europea ni contradice la directiva europea sobre terrorismo.
Ante dos peticiones distintas presentadas por el Tribunal de Cuentas español y la Audiencia Nacional para obtener un pronunciamiento preliminar, respecto al caso donde Puigdemont está investigado por terrorismo, los magistrados luxemburgueses han ratificado la opinión (fuente en español) que el Abogado General del Tribunal emitió en noviembre pasado.
A pesar de que la ley fue aprobada en circunstancias muy específicas, como condición impuesta por los partidos ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y sin la consulta previa a tribunales europeos, el Abogado General Dean Spielmann ya dio luz verde al texto en ese momento, argumentando que se había aprobado «en un auténtico contexto de reconciliación política y social» y descartando que constituyera una «amnistía propia».
No obstante, el TJUE no decidirá sobre la aplicación concreta de la amnistía a Puigdemont ni si la orden de detención interna sigue vigente. Esta resolución corresponde a los tribunales españoles, encargados de interpretar y aplicar el criterio europeo en los procesos pendientes.
¿Puede Puigdemont regresar ahora a España?
No de forma inmediata. El respaldo del TJUE a la ley de amnistía (PDF) por sí solo no anula la orden de detención que pesa sobre Puigdemont desde hace casi nueve años. Dicha orden está en manos del Tribunal Supremo, que hasta ahora ha rechazado concederle la amnistía alegando enriquecimiento personal mediante la desviación de fondos para el referéndum del 1 de octubre.
La decisión final la tiene el Tribunal Constitucional, que examina el recurso de Puigdemont por protección constitucional y no se pronunciará hasta octubre, tras el receso judicial de verano. Sólo si el Tribunal Constitucional falla a favor del ex presidente y ordena al Tribunal Supremo retirar la orden, podrá Puigdemon volver a España sin riesgo de detención.
El origen de una norma que paraliza a dos tribunales
El Congreso aprobó la ley de amnistía en noviembre de 2023, como condición establecida por Junts y ERC para respaldar a Pedro Sánchez tras unas elecciones sin mayoría clara. Esta ley elimina las responsabilidades penales relacionadas con los juicios catalanes, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia y el malversación de fondos vinculados a esos sucesos, aunque excluye el enriquecimiento personal y los actos de terrorismo que hayan puesto en peligro la vida o integridad física.
El Partido Popular impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional, que la validó el 26 de junio de 2025 por seis votos contra cuatro, con la mayoría progresista encabezada por Cándido Conde-Pumpido rechazando que se tratara de una «amnistía propia».
Pero esta afirmación no resolvió el conflicto: el Tribunal Supremo, con Pablo Llarena como juez instructor en el caso del ‘procés’, ha seguido negando la aplicación de la ley a Puigdemont, argumentando que existió enriquecimiento personal mediante el uso indebido de fondos para la votación del 1 de octubre, interpretación confirmada en abril de 2025 por la Sala de Apelaciones del Supremo.
Este choque entre tribunales españoles llevó el asunto a Luxemburgo. El Tribunal de Cuentas preguntó al TJUE si la eliminación de la responsabilidad contable por los hechos del 1 de octubre de 2017 afecta a los intereses financieros de la UE, y la Audiencia Nacional consultó si la amnistía es aplicable a los Comités de Defensa de la República, cuyos miembros están bajo investigación por terrorismo.
Spielmann respondió negativamente a ambas consultas en noviembre, allanando el camino para la sentencia del jueves. Puigdemont sigue siendo el eje del asunto, residiendo en Bélgica desde octubre de 2017, excepto por una breve aparición en Barcelona en agosto de 2024.
A partir de ahora, la resolución del TJUE se integrará en los argumentos que deben considerar tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional en los procesos pendientes relacionados con la amnistía.
La sentencia europea fortalece la posición de quienes defienden la constitucionalidad de la ley y su conformidad con el derecho europeo, aunque no resuelve por sí sola la situación legal de Puigdemont.