Las claves
La Comisión Europea censura la falta de transparencia y el uso parcial de la publicidad institucional en España, destacando discriminación entre medios y ausencia de criterios definidos.
El informe alerta sobre la influencia política y económica en los medios, sobre todo mediante la distribución arbitraria de fondos públicos y el estancamiento de la nueva ley de publicidad.
Bruselas denuncia ataques y acoso a periodistas en España, enfatizando que el 73% de las periodistas femeninas sufren acoso permanente en redes sociales.
La Comisión relaciona el empeoramiento de la libertad de prensa y la independencia judicial con la carencia de reformas efectivas y la exposición de los medios a presiones económicas y violencia.
La Comisión Europea ha centrado su atención en la distribución de la publicidad institucional en España y su empleo como «herramienta de influencia política» que afecta a la pluralidad mediática.
En su Informe sobre el Estado de derecho en España 2026, el Ejecutivo comunitario indica que «la reforma legal progresa», aunque en realidad el anteproyecto de Ley de Publicidad del sector público permanece detenido en fase de revisión, tras ser aprobado en primera ronda por el Consejo de Ministros el pasado febrero.
Y mientras la norma del ministro Óscar López se encuentra paralizada, según destaca la Comisión, sigue vigente un sistema opaco y «discriminatorio» respaldado por nuevos reglamentos y criterios secundarios que Moncloa sostiene bajo la legislación heredada de 2005.
El informe indica que el Gobierno contempla en su anteproyecto un límite del 35% de ingresos por publicidad institucional dentro de la facturación total, para impedir que un medio dependa casi exclusivamente del dinero público.
No obstante, advierte que, hasta que esta norma entre en vigor, persisten las críticas de los actores del sector sobre el uso de campañas estatales sin criterios claros ni información sobre la asignación de fondos, especialmente en períodos electorales.
Según Bruselas, las críticas de los editores se centran en tres aspectos: el trato «discriminatorio» entre medios, la «falta de datos relevantes» sobre beneficiarios y montos, y la «carencia de criterios equitativos» en la distribución de recursos.
El resultado es una asignación arbitraria que favorece a grupos afines y perjudica a cabeceras incómodas, tal y como ha denunciado EL ESPAÑOL ante el Consejo de Europa y Naciones Unidas.
Los datos del último Informe de Publicidad y Comunicación Institucional del propio Gobierno confirman este sesgo.
Moncloa destinó en 2025 el 16,6% de toda su inversión institucional, 12,2 millones, al grupo Prisa, mientras que EL ESPAÑOL, líder digital según el medidor oficial GfK, recibió apenas el 0,47%,
La discriminación hacia los medios digitales es generalizada: Titania, editor de El Confidencial, apenas alcanzó 117.000 euros, un 0,16% del total, pese a su relevancia informativa.
El Gobierno, con 88 millones invertidos aquel año, se consolidó como el principal anunciante de España, superando a cualquier multinacional privada, lo que multiplica el impacto de sus decisiones en la sostenibilidad de los medios.
La presión política no se circunscribe a la Administración central, recuerda la Comisión Europea; también se reproduce a nivel autonómico con nuevas leyes de publicidad institucional que otorgan un amplio margen a los gobiernos regionales.
Simultáneamente, la reforma de RTVE y otros organismos públicos ha generado críticas en los consejos de informativos y organizaciones profesionales por el riesgo de interferencia en la línea editorial.
Periodistas agredidos y acosados
La Comisión Europea examina no solo las cuestiones económicas, sino también la seguridad y libertad de los periodistas en España.
Desde el último informe, el Consejo de Europa ha registrado seis alertas nuevas sobre ataques a la integridad física, acoso y hostigamiento a profesionales de la información.
Además, la plataforma Media Freedom Rapid Response documenta 53 alertas nuevas relacionadas principalmente con agresiones físicas, hostigamiento, intimidación legal, obstrucción al acceso a la información y presiones editoriales.
Bruselas recoge que las organizaciones del sector continúan documentando episodios de violencia, campañas de odio en redes sociales y señalamientos por parte de dirigentes políticos y funcionarios públicos.
Un informe del Ministerio de Igualdad citado por la Comisión dibuja un panorama especialmente preocupante en el caso de las periodistas mujeres.
El 73% declara sufrir acoso continuo en redes sociales, lo que provoca directamente autocensura y renuncias a cubrir determinados temas o personajes.
La precariedad laboral se identifica como otro factor de vulnerabilidad y limitación en la libertad para ejercer una profesión fundamental para el Estado de derecho y la supervisión del poder.
Los expertos consultados por Bruselas insisten en que los contratos temporales, la presión de la digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial y la dependencia de la publicidad institucional afectan negativamente la independencia real de las redacciones.
EL ESPAÑOL ha experimentado directamente la cara más dura de este clima. En octubre de 2025, uno de sus reporteros sufrió una agresión grave en Pamplona mientras cubría una protesta ilegal y episodios de kale borroka convocados por grupos abertzales.
El periodista fue atacado con pedradas, patadas y golpes mientras trataba de continuar con su trabajo, padeció heridas severas y fue evacuado entre un coro de insultos. En su testimonio posterior lo describió como «un infierno» y relató que los agresores lo identificaron como reportero de EL ESPAÑOL antes de atacarle.
El Gobierno no condenó de forma clara y explícita esta agresión, a pesar de las reiteradas solicitudes de este diario y asociaciones de prensa.
La Comisión integra estas observaciones en su capítulo sobre España, donde vincula la presión económica, la interferencia política y los ataques físicos y digitales como un problema estructural para la libertad de prensa.
El peor informe anual
En su evaluación global, el Ejecutivo comunitario valora más severamente que nunca a España, y critica al Gobierno de Sánchez por la falta de avances concretos en la lucha contra la corrupción, los conflictos de interés y la independencia judicial.
Bruselas subraya que persisten «dificultades» para investigar y procesar casos graves de corrupción, alerta sobre la capacidad limitada de la Oficina de Conflictos de Intereses y señala riesgos constantes de corrupción en contratación pública y financiación partidaria.
El informe recoge también la preocupación de la judicatura por las «acusaciones de ‘lawfare’ judicial» lanzadas desde el ámbito político y demanda al Ejecutivo que impida ataques que minen la independencia de los jueces.
Paralelamente, exige desbloquear la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ y desvincular de una vez el mandato del fiscal general del ciclo político gubernamental, una reforma anunciada que lleva estancada en el Congreso con 25 prórrogas del periodo de enmiendas desde noviembre pasado.
En este marco, el uso partidista de la publicidad institucional y la desprotección frente a agresiones a periodistas se convierten para Bruselas en indicadores esenciales del deterioro del Estado de derecho en España.
La Comisión advierte que sin reglas claras, transparencia y seguridad para los medios y sus profesionales, la democracia queda vulnerable frente a la presión económica y a la violencia contra quienes la vigilan.