La situación genera preocupación entre los mandos del Cuerpo hasta el punto de que han alertado al Ministerio del Interior.
El proceso masivo de regularización de migrantes residentes en España impulsado por el Gobierno enfrentará un nuevo desafío, según advierten expertos en Extranjería. El temor a un «colapso» durante la segunda fase del procedimiento, cuando los solicitantes estén regularizados, preocupa tanto a los altos mandos policiales que ya han emitido una alerta al Ministerio del Interior.
La expedición de las tarjetas de identificación de extranjeros (TIE), según las mismas fuentes, será un trámite «extenuante» tanto para los solicitantes como para los agentes de las brigadas de Extranjería debido al volumen de trabajo, la carencia de recursos humanos y técnicos, y la implicación de mafias en el proceso. Altos mandos policiales advierten que la formalización de la situación legal de estos extranjeros será muy complicada y critican, una vez más, la «falta de planificación por parte del Ministerio».
Fuentes con conocimiento del sistema señalan la participación de ingenieros informáticos que bloquean citas para luego venderlas a precios que oscilan entre 100 y 2.000 euros. Tras recibir el pago, los delincuentes introducen sus datos y confirman la reserva. Así, las citas aparecen en el sistema como ocupadas -esperando ser comercializadas-, impidiendo el acceso a otros extranjeros. «Esta práctica agrava y contribuye al colapso del sistema», argumentan.
Los mandos insisten en que la Policía Nacional carecerá de la capacidad para gestionar a más de 1.200.000 personas que legalizarán su situación en España, y que el departamento de Fernando Grande-Marlaska está «plenamente» informado sobre el escenario que se inicia. Será en ese momento cuando el Ministerio de Migraciones —que, según denuncian los jefes policiales, asumió el proceso de regularización— entregue los expedientes a la Policía para la emisión de las tarjetas de identificación.
El hecho de que, según los altos mandos, se les haya excluido «deliberadamente» del proceso para delegarlo en el área de Elma Sáiz ha provocado un descontento notable. Esta decisión, a su juicio, disminuye los mecanismos para verificar la autenticidad documental de los interesados y abre la puerta, advierten, a posibles errores en la comprobación, por ejemplo, de antecedentes penales. La confusión sobre quién debía tramitar los expedientes ha sido constante desde que Pedro Sánchez anunció la medida en febrero. La labor de las brigadas de Extranjería queda, por tanto, limitada, según las mismas fuentes, a tareas puramente administrativas. «La Policía se encargará únicamente de documentar las tarjetas validadas por Migraciones».
Precisamente en ese trámite los agentes prevén encontrar «numerosas» dificultades debido a la «incapacidad del sistema», que, según las fuentes, «no resistirá el volumen de gestiones». A ello se suman las predicciones de los altos cargos de Extranjería consultados, que estiman que España aceptará a tres millones de inmigrantes en situación legal junto a sus familias en un año, a través del proceso extraordinario de regularización, complicando aún más la situación.
El cálculo de los responsables del área se basa en el impacto de las reagrupaciones familiares que estiman solicitarán los 1.200.000 peticionarios. Temen que las mafias encuentren una oportunidad lucrativa en estas reagrupaciones, lo que, aclaran, desbaratará nuevamente las previsiones. «Se pueden dar situaciones donde personas de otros países paguen a quienes ya tienen situación legal para que les permitan hacerse pasar por familiares como hijos o padres. Es decir, pagar por documentos y certificados. Ya se observan casos así, incluso con testigos, aunque se detecta rápido por la baja cantidad de solicitantes».
Desde el principio, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó sobre el escenario que le planteó el Ejecutivo central. Manifestó su descontento por no haber recibido instrucciones claras sobre cómo encarar esta reforma estructural, catalogada por el Gobierno como una «urgencia social», e incluso elaboró un informe contundente en el que expresaba su total desconfianza en el proceso y refutaba, con datos, la «urgencia» argumentada por Pedro Sánchez.
El documento estaba firmado por el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete, quien además advertía sobre «efectos negativos significativos» como la «desconfianza social».