Las claves
Junts respaldará junto a PP y Vox el voto en contra a la senda de déficit impulsada por Pedro Sánchez, complicando la aprobación de los Presupuestos de 2027.
Aunque se haya distanciado de Sánchez, Junts jugará un papel fundamental en la aprobación del rescate de RTVE y en la convalidación del decreto que refuerza el sistema de Dependencia.
El rescate a RTVE, con un déficit de hasta 941 millones debido a impuestos no abonados, será costeado por el Estado si así lo determina la justicia.
La reforma del sistema de Dependencia incrementará las transferencias estatales a Cataluña, beneficiando significativamente a esta comunidad autónoma.
Este martes, Junts votará junto a PP y Vox en contra de la senda de déficit que propone Pedro Sánchez, que es el primer paso para aprobar los Presupuestos de 2027. Sin embargo, simultáneamente, será esencial para aprobar el rescate de RTVE, financiado por los impuestos de los ciudadanos, y para ratificar el decreto que fortalece el sistema de Dependencia.
El partido de Carles Puigdemont mantiene así su distanciamiento político respecto al presidente, que se formalizó hace tres semanas al apoyar una moción del PP para acabar con la legislatura por mayoría absoluta. Aun así, seguirá su línea de respaldar las iniciativas que, según sus fuentes, «benefician de manera directa a Cataluña».
En este pleno extraordinario, coexisten dos frentes: Junts rechazará la senda de estabilidad para presionar a Sánchez a que abandone el cargo, pero apoyará dos cuestiones, una con impacto mediático y otra de carácter social, que serán aprobadas gracias a los votos de los diputados independentistas.
Desde el entorno de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, confirman a este medio que se mantendrán en la negativa a los Presupuestos, y lo demostrarán en la votación de este martes, subrayando que «la confianza política está quebrada».
No obstante, Junts es consciente de que el rescate a RTVE, que apenas lleva nueve meses emitiendo La2 en catalán (uno de los pocos compromisos realmente cumplidos por el PSOE) y donde ostenta un asiento en el consejo de administración, le resulta beneficioso, especialmente por la reforma de Dependencia que incrementa notablemente las transferencias estatales a la Generalitat.
El déficit que afronta RTVE asciende hasta 941 millones por impuestos sin pagar desde 2015, según Hacienda, situación que la coloca en riesgo de disolución.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio, establece que cualquier impacto fiscal negativo se considerará «coste del servicio público», lo que se traduce en un derecho de cobro frente al Estado.
En otras palabras, si la Audiencia Nacional falla, como se prevé, que la corporación pública no abonó correctamente el IVA durante más de una década, los impuestos deberán ser absorbidos por los contribuyentes, apoyados mediante mayores transferencias estatales a la televisión pública.
La reforma del sistema de Dependencia compromete al Estado a financiar la mitad del coste del sistema en todo el territorio, más notablemente beneficiando a Cataluña, comunidad con uno de los mayores gastos sociales.
Hacienda continuará con su plan
Junts cortó “definitivamente” con Sánchez en noviembre de 2025 y hace tres semanas, se alineó con PP y Vox para apoyar una moción que exige la dimisión del presidente, la convocatoria electoral o una cuestión de confianza, situándose ya en un escenario de fin de ciclo político.
El Ministerio de Hacienda da por sentado que perderá la votación sobre la senda de estabilidad. Lo acepta en privado y ya planifica el siguiente paso contemplado en la ley: presentar la senda una segunda vez en un pleno extraordinario en agosto, bajo la figura de Diputación Permanente.
El Ejecutivo presentará las mismas cifras de déficit, deuda y regla de gasto, y Junts repetirá su voto en contra, como han confirmado las fuentes: «Misma senda, mismo voto».
La Ley de Estabilidad exige presentar esa senda en dos ocasiones, aunque no define un mecanismo claro en caso de que ambas sean rechazadas, circunstancia que Moncloa interpretó hace dos años como un vacío legal susceptible de ser usado a su favor.
Por ello, la Abogacía del Estado concluyó que, si en ninguna de las dos oportunidades se logra la mayoría, Hacienda podrá continuar con los Presupuestos, basándose en los objetivos ya comunicados a Bruselas.
Esos objetivos forman parte del plan fiscal estructural a medio plazo acordado con la Comisión Europea, que establecen el déficit, la deuda y el crecimiento del gasto primario que España debe respetar entre 2027 y 2029. Esta vía suele ofrecer menos flexibilidad a autonomías y ayuntamientos que la senda actual.
«Con senda o sin senda, vamos a presentar Presupuestos», ha afirmado Hacienda en reiteradas ocasiones, amparándose en el mandato constitucional que impone la entrega anual de cuentas… aunque no se ha cumplido desde 2022.
941 millones para RTVE
Por otro lado, el rescate de RTVE es una cuestión más tangible y concreta. La corporación pública enfrenta una disputa con Hacienda sobre IVA y otros impuestos que podría obligarla a provisionar hasta 941 millones.
Si RTVE tuviera que reflejar esa contingencia fiscal de forma inmediata en sus cuentas, incurriría en causa de disolución. La Audiencia Nacional ya condenó a Telemadrid a pagar más de 17 millones en un proceso similar.
El decreto modifica el marco jurídico para evitar ese escenario: incorpora un nuevo artículo 33 bis en la Ley 17/2006 y reconoce que los impuestos «no deducibles» soportados por RTVE se considerarán parte del coste del servicio público audiovisual.
El aspecto contable esencial radica en la doble anotación ordenada: por un lado, RTVE registra el gasto fiscal como coste del servicio; por otro, simultáneamente documenta un derecho de cobro frente al Estado por la misma cantidad, aunque la devolución efectiva pueda efectuarse en ejercicios futuros.
Así, el riesgo económico es desplazado del balance de RTVE hacia los Presupuestos Generales del Estado. Los contribuyentes asumirá la carga si la Audiencia Nacional concluye, como se espera, que la cadena aplicó incorrectamente el IVA desde 2015.
Junts tiene representación en el consejo de administración de RTVE y logró en octubre de 2025 la creación de una segunda cadena íntegramente en catalán. Por ello, el rescate fortalece un medio donde disponen de capacidad de influencia y presencia en lengua propia.
Gran dependencia y ELA
La otra gran iniciativa que Junts apoyará es el decreto de Dependencia. Se trata de una reforma que el PSOE presenta como histórica y que afecta a la financiación y al catálogo de derechos en todo el país.
Por primera vez, el Estado aportará fondos para asumir, como mínimo, el 50% que impone la ley sobre el coste del sistema de atención a la dependencia, incrementándose las cantidades transferidas a las Comunidades Autónomas por cada caso reconocido.
Las nuevas cifras suponen más dinero para los grados III (gran dependencia), II (dependencia severa) e I (dependencia moderada). Además, la creación del grado III+ para dependencia extrema, relacionado con enfermedades como la ELA, aporta un paquete de recursos considerable.
Junts fue uno de los partidos más activos en impulsar la conocida ‘ley ELA’, cuya tramitación el PSOE retrasó durante años. Ahora, la reforma flexibiliza los planes individuales de atención, facilita la compatibilidad entre prestaciones y servicios, fortalece la asistencia personal y amplía la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Consecuentemente, Cataluña resultará especialmente favorecida, recibiendo más recursos por expediente y mayor autonomía para desplegar su propio modelo de cuidados en el hogar y en la comunidad.
Junts, que ya apoyó esta reforma en comisión, también obtendrá beneficio político.
El mensaje subyacente mantiene coherencia con su línea política. No apoyará a Sánchez, pero respaldará aquello que encaja con una frase que Nogueras repite en privado: «Nosotros vamos a lo nuestro, a ver si lo comprenden».