Las claves
Pedro Sánchez afronta una creciente presión política debido a la acumulación de casos de presunta corrupción relacionados con su entorno cercano dentro del PSOE y el Gobierno.
Diversos antiguos colaboradores y altos cargos socialistas, entre ellos Ábalos, Cerdán, Serrano y la directora de la Guardia Civil, están siendo investigados en distintas tramas judiciales.
Aunque la Justicia no ha encontrado evidencias directas que impliquen penalmente a Sánchez, el PSOE podría ser imputado como persona jurídica por facilitar la red de las cloacas.
El alejamiento de sus aliados y las dificultades para aprobar medidas en el Congreso debilitan políticamente a Sánchez, pensando en una posible precampaña electoral para 2027.
«Ciertos actores políticos y mediáticos intentan confundir a la población y generar la impresión de una corrupción generalizada que en realidad no existe», señaló Pedro Sánchez el 24 de junio durante su intervención en el Pleno del Congreso para responder por los escándalos que le afectan.
Esta postura, que consiste en negar la existencia de «corrupción generalizada«, ha sustentado desde entonces el relato de Moncloa y, por ende, los discursos difundidos entre ministros y dirigentes.
Aunque la palabra «generalizada» carece de una definición clara y medible, no pasa una semana sin que aparezcan nuevos indicios que aumentan la percepción de que la corrupción involucra directamente a Sánchez, afectando así al Gobierno y al PSOE.
Esto se evidencia, por ejemplo, en que están imputados o condenados quienes han sido en diferentes momentos las manos derechas del presidente, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y ahora Juanma Serrano. Aparece una cadena de supuesta corrupción que abarca casi toda su trayectoria, tanto antes como después de llegar a Moncloa.
Porque la Fiscalía, el juez y la Guardia Civil sospechan que el PSOE financió una red de cloacas que buscaba frenar procesos judiciales que le perjudicaban.
Existen indicios de que esta red se infiltró en la SEPI, el holding de empresas públicas que administra cerca de 4.000 millones de euros, y la controló desde el exterior.
Además, están imputadas la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la presidenta de la Sepi, Belén Gualda; y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Sánchez continúa respaldando a las tres a pesar de su implicación señalada por el instructor.
El presidente también ha defendido a José Luis Rodríguez Zapatero, sin que éste haya cumplido su compromiso de aclarar por qué guardaba valiosas joyas en su caja fuerte.
Existen asimismo varias causas bajo secreto judicial relacionadas con las cuentas del PSOE y adjudicaciones públicas, lo que anticipa numerosas informaciones incómodas derivadas de informes policiales, órdenes judiciales y citaciones en los próximos meses.
Por consiguiente, se pone en duda la idea de «corrupción no generalizada», que Sánchez utilizó como escudo para contener la avalancha.
La ‘smoking gun tape’
Desde Moncloa afirman que en ninguno de estos casos existen indicios que apunten a la implicación directa de Sánchez. No se dispone de lo que se denomina «pistola humeante».
Este término se popularizó en 1974 tras revelarse una conversación entre Richard Nixon y su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, donde discutían el uso de la CIA para frenar la investigación del FBI respecto al robo del Watergate.
La grabación demostraba la participación activa del presidente desde el inicio en el intento de encubrimiento.
Al hacerse pública, la prensa estadounidense la denominó «smoking gun tape» («la cinta de la pistola humeante»), ya que representaba la prueba definitiva que hasta entonces faltaba para implicar al presidente.
Actualmente, según el Gobierno, no existe esa evidencia. Aunque hay referencias de otros que mencionan al «number one» o «el presidente», no son suficientes para proceder penalmente contra Sánchez, es decir, para imputarlo.
Sin embargo, parece probable que la Audiencia Nacional impute al PSOE como persona jurídica una vez que los investigadores concluyan que el partido facilitó la infraestructura para la red de cloacas y consideren que la gerente imputada falsificó facturas.
Este avance judicial sería inédito para un partido político en España y aumentaría la responsabilidad política del secretario general del PSOE.
Por otro lado, está la responsabilidad política derivada de la acumulación de «manos derechas» imputadas o de la posibilidad de que Sánchez tuviese conocimiento de algunos hechos investigados.
Incluso sus socios de Gobierno y del Parlamento mantienen dudas sobre él, aunque evitan actuar por temor a facilitar la entrada de Vox en el Ejecutivo.
Se aplica aquí la teoría que Sánchez empleó como líder de la oposición para exigir la dimisión de Mariano Rajoy debido a sus casos de corrupción: si sabía, es responsable directo; y si no, por nombrar personas inadecuadas y no supervisar a su entorno.
Esta situación conduce a Sánchez a una asfixia política, con grandes dificultades para aprobar iniciativas en el Congreso, con una mayoría de la Cámara pidiendo su dimisión o elecciones anticipadas y el lógico distanciamiento progresivo de sus aliados de cara a la precampaña electoral que comenzará en septiembre para las elecciones de febrero o marzo de 2027.
Este proceso se acentuará si se percibe que la cercanía a Sánchez resulta políticamente perjudicial.
Dudas sobre Sánchez
Durante su intervención en el Congreso, Sánchez dividió los casos de presunta corrupción en tres categorías.
Primero, el caso de su esposa y su hermano, que atribuyó a una persecución. En segundo lugar, el de Zapatero, del cual intentó desvincular al Gobierno.
Finalmente, los casos de Ábalos, Cerdán y Leire Díez, que reconoció, pero trató de limitar la responsabilidad exclusivamente a esos tres.
Este muro defensivo comienza a resquebrajarse.
Las sospechas sobre el conocimiento de Sánchez respecto a los hechos empezaron en 2024, cuando Ábalos fue imputado.
El presidente nunca explicó las razones para destituir a Ábalos en julio de 2021 ni por qué lo reincorporó a las listas del PSOE en las generales de 2023.
Según la versión oficial, tampoco tenía conocimiento de los movimientos de su mano derecha tanto en el partido como en el Gobierno, ni de las acciones que condujeron a la prisión de Cerdán.
Sánchez ignoró las recomendaciones de no sostener en la Ejecutiva del PSOE a Juanfran Serrano, la mano derecha de Cerdán, tras su encarcelamiento. Actualmente, la Audiencia Nacional apunta contra Serrano, diputado en el Congreso.
Los informes policiales, los escritos de la Fiscalía y las resoluciones judiciales desmienten en estas semanas otro de los argumentos defensivos de Sánchez, apoyado por sus ministros: que la red de las cloacas y Leire Díez son responsabilidad exclusiva de Cerdán, ajena al PSOE.
Esa explicación soslaya que Cerdán fue secretario de Organización y, por tanto, representaba al PSOE. Y omite la estrecha y lógica relación de Cerdán con Sánchez.
Sánchez y sus ministros han hablado de las «andanzas de Leire», de la «pequeña Nicolás» o de «Anacleto, agente secreto», pero los documentos judiciales revelan otra realidad.
El discurso de Moncloa se enfrenta a detalles que surgen en las investigaciones, como la reunión que dio origen a la red, según el juez, y las maniobras en torno a la SEPI.
En manos de las cloacas
La reunión fundacional tuvo lugar en abril de 2024, durante el periodo en que Sánchez se encerró para decidir si continuaba al frente tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
De esa etapa se derivó una estrategia pública para enfrentar lo que denominaron «las máquinas del fango» o «pseudomedios» y para reformar la Justicia.
Además, en esa reunión, según el juez, se puso en marcha un nuevo frente: la red de cloacas para bloquear procesos judiciales en su contra y difundir información dañina sobre otros casos que les favorecieran.
Cabe destacar que participó Antonio Hernando, quien entonces era el número dos del Gabinete del presidente.
Durante esos días, Sánchez solo mantuvo contacto con su Gabinete, es decir, con Óscar López y Hernando, lo que debilita la tesis del desconocimiento por parte de Sánchez.
Actualmente, Hernando es la «nueva mano derecha» de Sánchez. Aunque es secretario de Estado de Telecomunicaciones, su rol trasciende esa función.
Ingresó en la Ejecutiva del PSOE hace un año y asumió el papel de sustituir a Cerdán como negociador, puente con el PSOE y, especialmente, interlocutor con socios como PNV y Junts.
Los documentos judiciales y policiales sobre la red de las cloacas avanzan además al sostener que dicha red ejerció control sobre la SEPI.
Incluso, según pruebas documentales como la agenda de Leire Díez, se confirma que Vicente Fernández mantenía influencia en el holding cuando ya había dejado la presidencia.
Esto representa una presunta irregularidad insólita en la Administración pública y plantea interrogantes sobre la responsabilidad política de los máximos responsables de la Sepi, esto es, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno.
Dicha responsabilidad es principalmente política y, según los datos conocidos, no penal, pero contribuye a la situación de debilidad política de Sánchez.
Si esto fuera una serie, podría adelantarse que en la próxima temporada las distintas tramas se entrelazarán y, sobre todo, podría darse un giro si alguno de los implicados opta por la «vía Aldama», es decir, la confesión y colaboración con la Justicia.
Podrían acogerse a esta opción Julio Martínez, acusado de ser testaferro de Zapatero; Leire Díez, con numerosos indicios en su contra; y el propio Santos Cerdán, entre otros.
En definitiva, el futuro de Sánchez y su aspiración de llegar a 2027 para intentar una nueva remontada queda condicionado por quienes él mismo ha señalado como principales responsables de las tramas.