La Abogacía General del Estado ha designado al letrado para la defensa de Manuel Llamas, investigado por la supuesta apertura indebida de expedientes a agentes de la UCO, reubicando en primer plano a uno de los juristas más destacados de los últimos años

Edmundo Bal, diputado del Congreso y portavoz adjunto de Ciudadanos

Edmundo Bal vuelve a estar vinculado a uno de los procesos judiciales que mayor trascendencia política tienen en estos momentos. La Abogacía General del Estado ha confiado en este abogado para representar al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, quien está siendo investigado en el denominado ‘caso Leire’. Esta decisión sitúa nuevamente en primer plano a un jurista que durante años fue una referencia estatal antes de convertirse en una figura reconocida de Ciudadanos.

Será Bal quien asuma la defensa de Llamas cuando comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional, acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia. La investigación verifica si las informaciones reservadas dirigidas contra varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de investigaciones relacionadas con el PSOE y el círculo cercano del presidente del Gobierno, tuvieron un fin disciplinario legítimo o si, según la Fiscalía Anticorrupción, se emplearon como un medio para presionar a los investigadores. A diferencia del DAO, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien también está siendo investigada, ha optado por una defensa privada.

Para Bal, esta asignación representa un regreso a un campo profesional que domina completamente. Antes de su carrera política, había consolidado una carrera sólida en el departamento penal de la Abogacía del Estado, participando en algunos de los casos judiciales más complejos y mediáticos de las últimas décadas. No obstante, su nombre trascendió definitivamente el ámbito jurídico en 2018, cuando el juicio del ‘procés’ alteró radicalmente su trayectoria.

Del departamento penal al Congreso

Nacido en Huelva el 2 de julio de 1967, y criado casi en su totalidad en Madrid, Bal ha asociado siempre su vocación por el servicio público a sus raíces familiares. Su padre fue funcionario del Ministerio de Hacienda y su madre, ama de casa. En varias ocasiones ha sintetizado esa influencia afirmando haber heredado de su padre “la racionalidad” y de su madre “la pasión”.

Cursó estudios en los colegios Agustinianos de Moratalaz y Nuestra Señora del Buen Consejo, antes de graduarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Durante la universidad conoció a quien sería su esposa y, al concluir, tenía perfectamente definido que quería ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado. Aprobó la oposición en poco más de dos años, un tiempo especialmente breve para un examen de tanta exigencia dentro de la Administración, y en mayo de 1993, con solo 25 años, asumió su primer destino en Huesca. Posteriormente trabajó en Zaragoza y finalmente desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Madrid.

Edmundo Bal, exdirigente de Ciudadanos y abogado del Estado (Europa Press)

Exceptuando un breve período en el sector privado —una experiencia que él mismo ha reconocido no le terminó de satisfacer—, su trayectoria profesional ha transcurrido íntegramente en la Abogacía del Estado. Allí fue especializándose en el área penal, hasta intervenir en algunos de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas, como la trama Gürtel, investigaciones sobre la familia Pujol, el caso Unió o la denominada lista Falciani. También formó parte de procedimientos relacionados con fraude fiscal contra destacados futbolistas internacionales, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Luka Modric, Ángel Di María y Xabi Alonso.

Hasta entonces, su perfil predominante era el de un técnico. Reconocido en el ámbito jurídico, pero prácticamente desconocido para el público en general. Todo cambió con el ‘procés’. Como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado, discrepó del criterio que finalmente adoptó la institución respecto al escrito de acusación contra los líderes independentistas. Bal defendía preservar el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado decidió acusar por sedición y malversación. Su negativa a firmar el escrito motivó su sustitución en el procedimiento por decisión de la entonces abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Este episodio representó un punto de inflexión. En cuestión de semanas, pasó de protagonizar un conflicto interno en la Abogacía del Estado a recibir la llamada de Albert Rivera para sumarse a las listas de Ciudadanos en las elecciones generales de 2019. El propio Edmundo Bal ha relatado que acudió a aquella reunión convencido de que el líder del partido únicamente buscaba asesoramiento jurídico y que nunca imaginó que terminaría siendo propuesto para un escaño en el Congreso.

Regreso al origen

Su llegada a la política fue tan rápida como intensa. En pocos meses abandonó el perfil de alto funcionario para convertirse en uno de los dirigentes de mayor visibilidad dentro de Ciudadanos. Desempeñó cargos como diputado, portavoz adjunto del grupo parlamentario y posteriormente portavoz nacional del partido. En 2021 lideró la candidatura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque el resultado electoral dejó a Ciudadanos sin representación en la Asamblea y evidenció el acelerado declive del partido.

La pérdida de representación en las principales instituciones marcó también el fin de su etapa política. Tras perder el escaño en las elecciones generales de 2023, abandonó Ciudadanos —ha señalado públicamente que fue apartado por la dirección encabezada por Adrián Vázquez— y retomó su labor en la Abogacía del Estado.

Su reinserción no fue inmediata en el departamento penal. Durante algo más de un año trabajó en la sección social, ocupándose principalmente de casos ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Solo en enero pasado regresó a la jurisdicción penal, ámbito en el que construyó la mayor parte de su carrera antes de su etapa política.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, declaró este martes en el Senado que “nunca, jamás” ha interferido en investigación alguna de la UCO ni ha participado en esquemas para anular causas judiciales. (Europa Press / Senado)

Este retorno coincide ahora con otro proceso de gran relevancia institucional. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Manuel Llamas y Mercedes González emplearon la potestad disciplinaria de la Guardia Civil para abrir diversas informaciones reservadas contra agentes de la UCO que examinaban causas delicadas para el PSOE y el entorno familiar del presidente del Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esas actuaciones podrían haberse usado como un instrumento de coacción institucional con el fin de influir en el trabajo de los investigadores.

En este escenario, la Abogacía General del Estado ha confiado la defensa del DAO a un abogado habituado a manejar asuntos jurídicos de alta complejidad y gran impacto político. Ocho años después de dejar el departamento penal debido al conflicto suscitado por el juicio del ‘procés’, Edmundo Bal vuelve a posicionarse en el centro de uno de los procesos de mayor impacto institucional en el país, esta vez recuperando el rol con el que consolidó su carrera mucho antes de que la política lo colocara en el ojo público.