El juez afirma que no pretendía «ofender» a la Policía al sugerir que agentes podrían facilitar la fuga de la esposa de Sánchez, pero destaca que existen «sentencias condenatorias» contra policías, incluyendo a «algún alto responsable del aeropuerto de Barajas».
«NO SE NIEGA QUE ESE RIESGO DE FUGA EXISTE»: con esta expresión en mayúsculas -referida al recurso presentado por Begoña Gómez- y citando el caso del antiguo primer ministro italiano Bettino Craxi, que escapó a Túnez en 1994, el juez Juan Carlos Peinado, titular de Instrucción 41 de Madrid, resolvió la solicitud de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez para revertir la medida de retirada del pasaporte, que le fue impuesta hasta el juicio por cargos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
Peinado se muestra en contra de anular la pérdida del pasaporte y expone que la presencia de escoltas y policías alrededor de Gómez no garantiza que ella no intente fugarse: «No sería la primera vez que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), huye ante un proceso judicial por corrupción a un país africano (Túnez)», señala para ejemplificar el caso de Craxi, quien escapó allí en 1994 y murió sin regresar a Italia en 2000, evitando la acción judicial.
Además, Peinado menciona que Craxi actuó así a pesar de contar sin duda con toda la escolta necesaria, para argumentar que incluso con policías cerca, Gómez podría escapar.
Respecto a su afirmación de que esos mismos policías que la custodian podrían facilitar la huida —el juez escribió en el auto que ordenó la retirada del pasaporte que los escoltas podrían «ser exactamente quienes colaboren para facilitar esa fuga»—, Peinado aclara, en mayúsculas, que «NO SE ASEGURA QUE SEA PROBABLE, NI PREVISIBLE, SIENDO SOLO UNA HIPÓTESIS».
Los sindicatos policiales expresaron hace un mes su rechazo a esta afirmación, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteó una queja formal ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien tras un empate en la votación del Consejo sobre la posible apertura de expediente disciplinario a Peinado, remitió el caso a un instructor para evaluar si el juez se excedió.
«En ningún momento se pretendió ofender ni menospreciar la labor de estos funcionarios», sostiene Peinado en el auto conocido este miércoles —y que envió el pasado 30 de junio, antes de su salida de vacaciones—, elogiando su «trabajo dedicado», «aunque falten los medios adecuados», y defendiendo que no pone en duda su «profesionalismo ejemplar», en relación con su sugerencia sobre la posible colaboración policial para la fuga de Gómez.
Del mismo modo, señala que «si dentro del cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado no existiera la posibilidad de que alguno incumpliera sus responsabilidades, no tendría sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos […], y no se contemplaría su mantenimiento».
«En la Audiencia Nacional», añade, «se han registrado diversos casos que han investigado conductas de policías nacionales que terminaron en sentencias condenatorias», mencionando a «un alto responsable del aeropuerto Madrid-Barajas».
Peinado, próximo a la jubilación, reprocha también a los abogados de Gómez que presentaran su recurso «como si pretendieran instruir al órgano, ignorando el principio Iura novit curia [El tribunal conoce el derecho]«, y decide que no procede revertir la eliminación del pasaporte a Begoña Gómez.