El Alto Tribunal considera que no es adecuado plantear «una cuestión prejudicial» en esta fase procesal.
No se realizará consulta a Europa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido no remitir el procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes llevado a cabo en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ni tampoco suspender el real decreto del 14 de abril que dio inicio a esta regularización.
Como informó EL MUNDO, el Alto Tribunal planteó el 30 de junio a las partes la posibilidad de presentar ante el TJUE «una cuestión prejudicial interpretativa sobre varios aspectos del real decreto que podrían, en su caso, entrar en conflicto con el derecho de la UE».
Sin embargo, los jueces han decidido que «en relación con la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala considera que, tras analizar los argumentos presentados por las partes y habiendo acordado no suspender estos autos, no es oportuno plantear dicha cuestión en este momento del proceso».
Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que, al haber rechazado la Sala la suspensión cautelar del decreto, no tiene sentido plantear la prejudicial «en esta etapa». No obstante, estas fuentes no descartan que la cuestión pueda ser elevada al TJUE una vez concluida la tramitación del recurso.
Ninguno de los tres magistrados — Wenceslao Olea, Carlos Lesmes y Fernando Román — ha presentado votos particulares discrepantes respecto a las resoluciones adoptadas.
La Abogacía del Estado, representando al Gobierno Central, se mostró en contra de acudir a la Justicia europea, postura que contrastó con la defensa que hicieron la Comunidad Valenciana y Aragón, las comunidades autónomas que impugnaron la regularización.
El Supremo ya desestimó la paralización del proceso el 22 de mayo, tras la solicitud presentada por la Comunidad de Madrid y Vox.