Según la Comisión Europea, su propósito es “erradicar este negocio y salvar las vidas de miles de personas que aspiran a una vida mejor”
Este jueves, la Unión Europea ha planteado la incorporación de un nuevo marco sancionador dirigido al tráfico de migrantes, la trata de personas y demás tipos de delincuencia organizada, que incluiría medidas como la congelación de activos y la prohibición de viajar para quienes infrinjan las normas. Esta iniciativa comunitaria se enmarca en una política migratoria más estricta dentro de la Unión, con regulaciones recientes que facultan a los Estados miembros a trasladar a migrantes con órdenes de expulsión hacia centros situados en países terceros fuera del bloque.
“Existe un objetivo común: desmantelar su negocio y proteger las vidas de miles que anhelan una existencia mejor”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, refiriéndose a la campaña de la UE contra traficantes de migrantes y de personas. Añadió, además, que “corresponde a nosotros decidir quién puede ingresar a nuestro territorio y bajo qué condiciones”.
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Presentada en medio de intensos debates sobre la política antimigratoria europea, esta propuesta debe obtener la aprobación unánime del Consejo Europeo para poder ser aplicada. Su finalidad principal es desarticular el esquema comercial de los traficantes, limitar sus desplazamientos y eliminar sus ganancias.
Específicamente, la iniciativa se centra en actividades ilegales originadas fuera de la Unión, incluyendo conductas relacionadas con el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el tráfico y otras acciones vinculadas con drogas ilícitas, además de la producción y tráfico ilegal de armas de fuego y el blanqueo de capitales; también abarca a las personas y entidades identificadas que participen en estas actividades.
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Detención de menores y registro domiciliario
La iniciativa choca con las normativas impulsadas por la derecha europea dirigidas a acelerar la expulsión de migrantes y a establecer centros en terceros países, prácticas ya aplicadas en Italia y Albania. Además, el proyecto extiende los plazos de detención e incluye sanciones como prohibiciones de entrada, multas y posibles penas penales por falta de cooperación. También autoriza a las autoridades a confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y realizar registros domiciliarios.
Este acuerdo faculta a las autoridades para registrar a migrantes y “locales pertinentes”, término que los defensores de derechos humanos consideran excesivamente amplio, ya que facilita redadas en viviendas. La diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, criticó que la legalización de estos centros fuera de la UE, junto con “la aprobación de la detención de menores y las visitas domiciliarias inspiradas en el modelo ICE de Estados Unidos, constituyen un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.
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Varios países ya han comenzado a avanzar en la aplicación de esta normativa. Países Bajos, junto a Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria colaboran para la creación de centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las negociaciones bilaterales con Uganda para un acuerdo similar se han suspendido. Por otro lado, dentro del grupo de los Veintisiete, algunos Estados han rechazado su implementación, como es el caso de España, que con su proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha seguido un camino distinto al establecido por la línea política del Parlamento Europeo.