De Next Caliope Generation Innova supuestamente recibió cinco millones de euros pagados a un alto directivo del Ministerio de Transición Ecológica a cambio de favores relacionados con el medio ambiente, y, según Anticorrupción, a esta empresa llegan «fondos ilícitos» procedentes de beneficios otorgados por entidades públicas.
El presunto caso de corrupción vinculado al ex mano derecha (2021-2025) de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, que investiga la Guardia Civil y la Justicia, poco a poco deja de parecer un conjunto disperso de causas sin relación aparente para consolidarse en una trama extensa y unificada. Esta gira, en ocasiones de forma directa y a veces tangencial, alrededor del colaborador principal del antiguo segundo al mando del Partido Socialista, Antxon Alonso.
Originalmente, los casos Koldo, Leire Díez, Sepi y Forestalia se presentaban como distintas corruptelas asociadas al PSOE, con algunos protagonistas repetidos de manera sospechosa. Sin embargo, estas investigaciones se están interconectando cada vez más, y Antxon Alonso se ha consolidado como el socio oculto (a través de contrato privado) del ex número 2 del PSOE en Servinabar, constituyendo el vínculo más evidente entre los casos.
El más reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que una de las empresas clave en el caso Forestalia –donde se acusa al ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, de haber recibido cinco millones por favorecer a la firma de Fernando Samper– también sirvió, no para pagar cohechos, sino como presunto canal de cobros en el caso Sepi. Este último está encabezado por el ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero, y la fontanera socialista Leire Díez, quien mantiene su propia causa homónima, en la cual el juez Santiago Pedraz la acusa de intentar «desestabilizar» las investigaciones judiciales contra el PSOE.
La empresa en cuestión, Next Generation Caliope Innova SL, ilustra cómo las redes corruptas tienden a enlazarse entre sí. Esta compañía estuvo relacionada con las sociedades supuestamente utilizadas para sobornar a Domínguez con hasta cinco millones de euros. Además, según Anticorrupción, esta sociedad, junto con Servinabar y otra firma llamada Mediaciones Martínez, se empleó para la «gestión y circulación de fondos de aparente origen ilícito» en el marco del caso Sepi, conforme a un informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Los hechos también ponen en evidencia cómo dos unidades policiales, ambas dependientes de la Guardia Civil, terminan convergiendo al investigar en paralelo un mismo hilo desde distintas vertientes.
La UCO inició su investigación focalizada en Santos Cerdán tras la explosión del caso Mascarillas y, en parte, motivada por una sencilla denuncia anónima en Navarra contra Servinabar, empresa supuestamente empleada para facilitar contratos y cohechos. Un denunciante anónimo advirtió que esta sociedad, fundada en 2015 por Antxon, ganaba licitaciones millonarias sin disponer de una plantilla significativa ni base operativa sólida. Dentro de Servinabar se efectuaron pagos a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, quien también trabajaba para esa empresa. Los investigadores rápidamente comprendieron que Servinabar sería presuntamente un instrumento para obtener contratos públicos y las correspondientes comisiones ilegales, por lo que cualquier operación relacionada podría estar marcada por presunta ilegalidad.
Durante la investigación, la UCO descubrió el chat denominado Hirurok, donde Antxon, Leire y Vicente Fernández planificaban negocios con apariencia ilícita. En este chat se identificaron cinco operaciones destinadas a la presunta comisión ilegal de pagos, una de ellas relacionada con Forestalia: la recepción grupal de 200.000 euros a cambio de asegurarle a Samper un rescate público de 17 millones para una de sus compañías, Arapellets.
El otro hilo relacionado con Next Generation Caliope Innova partía de una zona remota y hermosa de Teruel, el Maestrazgo. Allí, la rama medioambiental de la UCO, conocida como UCOMA, comenzó hace años a investigar si Fernando Samper, heredero del grupo cárnico Grupo Jorge y convertido en empresario de parques eólicos en Aragón, había sobornado a funcionarios para obtener los permisos ambientales necesarios para la instalación de aerogeneradores.
El esquema de negocio de Samper consistía en iniciar los parques, obtener los permisos y luego venderlos generando una plusvalía. Para lograrlo, presuntamente controló el Inaga, la autoridad aragonesa encargada de autorizar los permisos. No obstante, cuando los proyectos excedían una producción eléctrica de 50 megavatios, debían ser aprobados directamente en Madrid, en el Ministerio.
Fernando Samper habría buscado entonces una entrada en Madrid, y la hipótesis de los informes policiales apunta a que lo consiguió gracias a la intermediación de Antxon Alonso, quien también facilitó al empresario zaragozano reuniones con el Gobierno navarro, concretamente con el consejero José María Aierdi. Antxon hizo las gestiones para contactar con el subdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, que entre 2022 y 2023 gestionó solo decenas de expedientes complejos, asumiendo más proyectos que los casi cincuenta funcionarios a su cargo. EL MUNDO publicó en noviembre que varios funcionarios habían denunciado recibir «presiones», y en febrero UCOMA detuvo a Domínguez: los agentes confirmaron que se le habían pagado cinco millones. Ante la pregunta de quién lo conectó con Forestalia, respondió «Antxon».