El órgano de dirección de los jueces demanda una reunión urgente con los representantes del Ministerio.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes, por unanimidad, solicitar al Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños la convocatoria inmediata de la Comisión Mixta, integrada por representantes de dicho departamento, para tratar la decisión de negar la autorización económica previa a las medidas de refuerzo en diversos órganos judiciales de todo el país.
Durante la sesión de hoy, la Permanente reiteró su petición de que Justicia reconsidere las medidas de refuerzo solicitadas para órganos judiciales especializados en asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación, incluyendo cláusulas abusivas.
El informe del Servicio de Inspección, que fue analizado este martes y al que ha tenido acceso EL MUNDO, indica que la denegación total o parcial de la renovación de comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en este ámbito, provocará la suspensión —y no resolución— de al menos 12.470 casos durante el segundo semestre del año. La Comisión Permanente hizo llegar el mencionado informe al Ministerio de Justicia.
El primer día del mes, los vocales acordaron por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que revise su decisión de denegar la autorización económica previa para medidas de refuerzo en sesenta y dos órganos judiciales distribuidos por toda España, expresando su preocupación ante la situación actual, que obligará a detener y suspender procedimientos jurisdiccionales considerados esenciales para asegurar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas para ciudadanos y consumidores.
Desde el sector conservador del CGPJ señalan que la negativa del Ministerio de Justicia a autorizar económicamente más de sesenta medidas de apoyo y refuerzo solicitadas para órganos judiciales de todo el territorio nacional es «inadecuada y podría desencadenar consecuencias graves».
«No se trata de un asunto menor; la denegación impacta directamente en el funcionamiento diario de los tribunales y en el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso libre de retrasos injustificados», aseguran fuentes del sector.
«Déficit estructural»
En el mismo sentido, apuntan que la Justicia española arrastra desde hace años «un déficit estructural en plantillas y recursos humanos, reflejado en la sobrecarga objetiva de numerosos órganos y en miles de asuntos pendientes», señalando como prueba que el propio Ministerio de Bolaños aprobó la creación de 500 nuevas plazas judiciales.
Otras fuentes consultadas del Consejo insisten en que «si se mantiene la denegación de estas medidas, los consumidores y usuarios quedarán en situación de desprotección incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que establece la Constitución, dado que la mayoría de estas medidas afectan a la litigación masiva derivada de condiciones generales de contratación, cláusulas suelo, etc., que impactan a consumidores y usuarios».
En este sentido, añaden que «ni la creación de 500 nuevas plazas, ni la implantación desigual y problemática de la Ley de Eficiencia, eliminan a medio plazo la necesidad de las medidas de apoyo y refuerzo que han sido denegadas».
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia indican que en lo que va del año 2026, esta cartera ha autorizado 232 medidas de refuerzo por un importe cercano a 7,9 millones de euros, superando así lo contemplado en el convenio actual.
En este contexto, el departamento de Bolaños sostiene que la Ley de Eficiencia está facilitando la «creación récord de plazas judiciales y la convocatoria de plazas para jueces y fiscales» (macroconcurso de 375 plazas judiciales, 200 de fiscales y 125 de magistrados bajo el denominado cuarto turno), por lo que confían en que «la necesidad de solicitar y autorizar refuerzos deje de ser un componente estructural del sistema, dado que los órganos judiciales contarán con más personal y los jueces y magistrados dispondrán de más herramientas para gestionar los asuntos de litigación masiva».