El presidente estadounidense ha instruido al secretario del Tesoro de EEUU a cortar “totalmente” las relaciones comerciales con el país
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al Gobierno español durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tuvo lugar este miércoles en Ankara, Turquía. El líder republicano calificó al Ejecutivo español como “un socio pésimo” y anunció su orden al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, para suspender “totalmente” las actividades comerciales con España.
Las reproches de Trump hacia España y el Gobierno de Pedro Sánchez no han cesado desde que inició su segundo mandato en la Casa Blanca, en enero de 2025, principalmente por la negativa del Ejecutivo socialista a incrementar el presupuesto asignado a la defensa. “España es un caso perdido. Ya no deseamos mantener ningún intercambio comercial con ellos. Quiero que lo suspendan. Es un aliado deficiente en la OTAN. No participan. No pagan. No deseo saber nada sobre España. Suspéndan todo el comercio con España, incluidas las visitas”, expresó.
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La reacción de Moncloa fue inmediata, defendiendo que “España es un país que cumple sus compromisos”, según manifestó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Respecto a las “cifras reales”, destacó que España alcanzó el 2% en capacidades de defensa, nivel que no todos los aliados de la OTAN cumplen. Por su parte, el secretario general de la organización se pronunció sobre la controversia, señalando que el logro del 2% en defensa por parte de España representa un “logro” para el presidente estadounidense.
La amenaza de Trump, que ya había lanzado en marzo durante un acto en Washington frente a la sonrisa del canciller alemán, Frederich Merz, se basa en la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales de 1977. Se trata de una normativa estadounidense que ha intentado aplicar anteriormente, aunque fue bloqueada por el Tribunal Supremo, ya que esta ley no permite usarla para establecer aranceles sin que exista una “amenaza excepcional y extraordinaria” a la seguridad nacional.
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Por tanto, el presidente Trump podría intentar aplicar esta ley contra España, pero es muy probable que tanto el Congreso como los tribunales rechacen su medida por interpretar erróneamente la norma, la cual está destinada a países que hayan cometido abusos contra los derechos humanos, negación de libertad religiosa, represión política, corrupción o retrocesos en procesos democráticos, según establece el Congreso de EEUU.
Durante una cumbre de la OTAN, Donald Trump manifiesta su descontento hacia España, acusando al país de no cumplir con sus contribuciones ni participación suficiente, y ordena cesar todo comercio y visitas.
El recurso de España frente a la amenaza de Trump
Frente a esta interpretación de la legislación, Estados Unidos ha autorizado embargos contra Cuba, Venezuela e Irán, pero sería complicado equiparar la disputa con España — que se niega a aumentar el gasto en defensa o a prestar sus bases para una guerra con Irán — con estos otros casos. No obstante, el propio Sánchez ha minimizado las amenazas de Trump, tratándolas “con tranquilidad y normalidad”.
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Sánchez, al igual que otros líderes de la UE, es consciente de que dispone de una herramienta propia de la Unión Europea llamada “bazuca comercial” (Instrumento Anti-Coerción), que permite a los países del bloque responder ante intentos de chantaje económico por parte de terceros Estados. Si una nación extranjera intenta presionar a la UE o a uno de sus miembros mediante amenazas o acciones que dañen el comercio o la inversión, como la imposición de aranceles o la interrupción de relaciones comerciales, la Unión puede activar este mecanismo para proteger sus intereses.
El funcionamiento de esta herramienta está orientado a la disuasión: la Comisión Europea busca impedir que otros países mantengan prácticas coercitivas, demostrando la capacidad de reaccionar con medidas tales como aranceles, restricciones a servicios, limitaciones a derechos de propiedad intelectual y barreras a la inversión extranjera o a la contratación pública. Estas medidas pueden implementarse si el estado ejerciente de presión no retira sus acciones hostiles. Además, su activación requiere solo una mayoría cualificada, sin que sea necesaria la unanimidad entre los Estados miembros.
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Este mecanismo, creado en 2021, fue empleado en 2023 contra China, tras el bloqueo de Pekín a las importaciones lituanas como represalia política. Aunque por ahora no se contempla oficialmente su uso ante un conflicto comercial con Estados Unidos, desde la UE han reiterado su disposición a defender sus intereses si la situación lo exige.