Las claves
El juez Peinado confirma ante la Audiencia de Madrid la decisión de retirar el pasaporte y la restricción de salida de España para Begoña Gómez.
Peinado menciona el caso de la huida del ex primer ministro italiano Bettino Craxi como ejemplo del riesgo de fuga a pesar de la vigilancia policial.
La medida provisional se fundamenta en la elevada condena de prisión solicitada para Gómez, acusada de corrupción, con una petición de 24 años de cárcel.
El juez aclara que la función de los escoltas es proteger la integridad física, no impedir desplazamientos, y que su presencia no elimina el riesgo de fuga.
El juez Juan Carlos Peinado ha presentado un informe a la Audiencia Provincial de Madrid en el que sostiene la procedencia de la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la prohibición de que abandone España.
Este informe, requerido tras el recurso de queja presentado por la defensa, señala que el principal motivo de la medida es la elevada pena de prisión solicitada para la esposa del presidente del Gobierno por supuestos delitos de corrupción: una petición de 24 años según el escrito de acusación de Hazte Oír, que encabeza la acción popular.
También se responde a la defensa que argumenta que, al contar con escolta las 24 horas, es imposible que Gómez pueda fugarse.
«No sería la primera vez que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea de un país mediterráneo (Italia) huye bajo investigación por un caso de corrupción a un país africano (Túnez)», a pesar de que «contaría sin duda con toda la escolta necesaria», señala.
Peinado recuerda la huida de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista italiano y primer ministro de Italia entre 1983 y 1987.
Para evitar la prisión, escapó a Túnez en 1994 y se mantuvo allí como prófugo hasta su fallecimiento en 2000.
También menciona que en la Audiencia Nacional «han existido varios casos, algunos aún abiertos, respecto a investigaciones sobre conductas de miembros de la Policía Nacional que han finalizado con sentencias condenatorias (como algún alto responsable del Aeropuerto de Madrid, Barajas)», haciendo alusión al comisario Carlos Salamanca, condenado en el ‘caso Villarejo’.
Peinado indica que la defensa de Gómez presume que el riesgo de fuga desaparece dado que no realiza movimientos dentro o fuera de España sin escolta policial, pero «no se sostiene que el riesgo de fuga no exista ‘per se'», puntualiza.
«No debe olvidarse que la labor principal de los escoltas es proteger frente a terceros que puedan atentar contra la integridad física, no impedir desplazamientos o movimientos que el protegido considere necesarios», argumenta.
Sobre la polémica afirmación de que los escoltas de Gómez «pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», facilitar su escape, el juez explica que «el auto señala que en algún momento podrían hacerlo, no que sea probable o previsible, siendo solo una hipótesis».
«En ningún caso se pretende ofender o desmerecer la labor de estos funcionarios», afirma Peinado, quien tiene abiertas diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial tras denuncias del sindicato policial Jupol y críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Peinado subraya que la Policía, «en casi su totalidad», ejerce su función «de manera ejemplar».
«Aunque carecen de los recursos adecuados para desempeñar su trabajo, actúan con dedicación», añade, reiterando que no pone en duda la «profesionalidad ejemplar» de la Policía.
«Pero lo que se busca con lo expresado en el auto es que, en la situación de la acusada, similar a la de cualquier ciudadano bajo la sombra de una posible pena privativa de libertad, es común que los órganos judiciales adopten este tipo de medidas cautelares», sostiene.
«Incluso, en ocasiones, con la medida menos severa, la prisión preventiva», añade.
«Si en los cuerpos de seguridad del Estado no existiera la posibilidad de que individuos incumpliesen sus deberes, carecería de sentido la Unidad de Asuntos Internos», concluye.