El Partido Popular ha registrado en el Senado una serie de preguntas para investigar si existió algún tipo de beneficio fiscal otorgado a David Sánchez en su expediente relacionado con la Diputación de Badajoz.
El Partido Popular no acepta el informe presentado, a petición de la juez Beatriz Biedma, por la delegación en Extremadura de la Agencia Tributaria en el caso pendiente de resolución judicial de David Sánchez Pérez-Castejón, vinculado a su presunta incorporación ‘a dedo’ en la Diputación de Badajoz. José Antonio Monago, senador del Partido Popular por Badajoz, ha planteado este lunes una serie de preguntas en la Cámara Alta para que Hacienda aclare si, tras las declaraciones de sus responsables en Extremadura durante la fase de instrucción en los juzgados de Badajoz, «se ha iniciado alguna acción de comprobación, verificación, investigación o inspección en relación con David Sánchez Pérez-Castejón».
El PP fundamenta sus dudas en los nuevos datos surgidos en torno a la supuesta corrupción que afecta al Gobierno, donde la Agencia Tributaria comunicó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado del caso Plus Ultra, la apertura de procedimientos de comprobación e inspección dirigidos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar y ciertas empresas vinculadas: «Resulta necesario preguntar por el distinto criterio aplicado en otros casos que involucran a personas cercanas al presidente del Gobierno», destaca José Antonio Monago en su escrito.
De manera específica, el senador de Badajoz hace hincapié en el proceso judicial tramitado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, relacionado con David Sánchez Pérez-Castejón, donde los principales responsables de la Agencia Tributaria declararon ante la juez Beatriz Biedma que carecían de medios para realizar una inspección completa en Portugal, país donde el hermano del presidente del Gobierno reside, concretamente en la ciudad fronteriza de Elvas.
Sin firma ni membrete
El Partido Popular recuerda que el informe fue elaborado sin la realización de comprobaciones o inspecciones formales, limitándose la Agencia a verificar la información disponible en sus bases de datos y la propia facilitada por el afectado acerca de su situación fiscal, residencia tributaria y obligación potencial de tributar en España. Este informe, remitido por Hacienda a la magistrada Biedma, carecía de la firma de un funcionario público, lo que motivó que la juez llamara a declarar como testigos a los tres principales responsables de la Agencia Tributaria en Extremadura y les reprochara esa circunstancia, afirmando que en su extensa carrera judicial nunca había visto un caso semejante. Tampoco se incluía el membrete oficial de Hacienda. «¿Cuál fue el motivo para presentar un informe sin membrete y sin firma de una persona concreta?», preguntó Biedma al inicio de la comparecencia judicial. La respuesta fue que se hizo debido a «prisas». Biedma replicó: «Nunca he visto un informe de la Agencia Tributaria solicitado por nosotros sin la firma de ninguna persona», remarcó.
Para el Grupo Popular en el Senado, esta cuestión tiene «especial importancia, dado que en un caso la Agencia Tributaria habría activado inspecciones de alcance general incluso con un procedimiento penal en marcha, mientras que en el caso del hermano del presidente se habría argumentado que no existía un riesgo fiscal significativo ni se justificaba iniciar inspecciones tras la judicialización del expediente».
Cuestiones planteadas
En este sentido, Monago ha solicitado formalmente a la Agencia Tributaria que informe si, después de las declaraciones de sus responsables ante la juez Beatriz Biedma, ha realizado alguna nueva acción de «comprobación, verificación, investigación o inspección relativa a David Sánchez Pérez-Castejón y, de ser así, en qué fecha comenzaron, qué órgano de la Agencia las acordó, qué ejercicios fiscales abarcan y cuál es su alcance, ya sea total o parcial». Igualmente, pregunta si se ha investigado su residencia fiscal, tributación por IRPF o IRNR, posibles incrementos patrimoniales, donaciones recibidas, adquisición de inmuebles, rentas obtenidas de entidades públicas españolas y, en caso de no haberse iniciado tales actuaciones, «se explique por qué motivo no se han llevado a cabo comprobaciones o inspecciones sobre el hermano del presidente, pese a las dudas expresadas en sede judicial acerca de su residencia fiscal, vínculo laboral con una administración pública española y evolución patrimonial».
Además, Monago indaga sobre si puede calificarse como delito de prevaricación la conducta de funcionarios públicos (en concreto, los responsables de Hacienda en Extremadura) que admitieron judicialmente no haber cumplido con su deber inspector; qué criterio objetivo justifica que la Agencia haya iniciado inspecciones generales sobre José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar, a pesar de existir también una causa judicial abierta, y en cambio no lo haya hecho, si así fuera, respecto a David Sánchez Pérez-Castejón; o si el Gobierno considera que la judicialización de una causa impide a la Agencia Tributaria iniciar inspecciones o simplemente requiere coordinar estas con el órgano judicial competente.
Asimismo, el Partido Popular reclama detalles respecto a quién ordenó, supervisó o validó el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz sobre David Sánchez Pérez-Castejón; por qué, según la información pública, ese informe fue enviado sin firma individualizada ni membrete oficial; y si se ha iniciado alguna investigación interna para esclarecer las circunstancias de elaboración, envío y posterior ratificación de este documento.
Por último, José Antonio Monago interroga al Gobierno sobre si puede asegurar que la Agencia Tributaria aplica criterios técnicos, de riesgo fiscal y fiscalización uniformes para todos los contribuyentes, independientemente de su relación personal o familiar con miembros del Ejecutivo; si se descarta que David Sánchez Pérez-Castejón haya obtenido un trato especial, preferente o más ventajoso por parte de la Agencia Tributaria; y «si el Ejecutivo enviará a las Cortes Generales, dentro de los límites legales de reserva tributaria, una explicación detallada de los criterios empleados por la Agencia en este caso».