Se anticipan avances modestos en los principales indicadores de integración, reconociendo que importantes brechas sociales continuarán presentes al concluir la década.
Luego de las numerosas situaciones de confusión generadas por el proceso extraordinario de regularización migratoria, el Gobierno ahora encara la etapa de definir y evaluar las metas de integración previstas para el año 2030. Todo esto después de que fuera señalado por muchos como un procedimiento improvisado que concluyó con un número de solicitudes que alcanzó los 1.174.978, cifra que duplica lo esperado.
Tras el aluvión de inscripciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado a conocer el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con el que establece diez objetivos cuantificables para valorar la integración de la población extranjera en ámbitos como empleo, educación y vivienda.
El documento, que abarca 71 páginas, destaca al analizar estas diez metas que el Gobierno busca alcanzar la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El plan prevé que, para la mitad de la década, el 41,9% de los inmigrantes seguirá en esta condición, reduciéndose solo en 1,7 puntos respecto al 2024. Así, el Ejecutivo asume que, incluso si se cumplen los objetivos planteados por la cartera de Elma Saiz, más de cuatro de cada diez inmigrantes continuarán en situación de vulnerabilidad.
Además, se proyecta una ligera mejora en el dominio del castellano, estimando que la población extranjera con un nivel alto o intermedio pasará del 43% al 46%. Este dato, más allá de su valor numérico, indica que la meta establecida por el Gobierno se mantendrá nueve puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 55%.
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez parte de un diagnóstico claramente favorable respecto a la inmigración. Desde el Ministerio sostienen que España debe afrontar el aumento de la población extranjera no como una amenaza o un factor desestabilizador, sino como una oportunidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. «La inmigración es esencial para mantener una economía dinámica y abierta a la innovación», señala el informe, que también atribuye a la llegada de trabajadores extranjeros un papel clave para combatir el envejecimiento de la población y la despoblación en zonas rurales.
Sin embargo, esta visión convive con un diagnóstico menos optimista sobre el nivel de integración de los inmigrantes. El Ministerio reconoce los «obstáculos burocráticos e idiomáticos», además de una «desventaja estructural en el mercado laboral», evidenciada por una tasa de desempleo superior a la de los españoles y una brecha salarial del 25%. También apunta que las rentas disponibles de la población extracomunitaria son un 44% menores y que el riesgo de pobreza es el doble que el de los nativos.
A pesar de todos estos objetivos que el Ejecutivo se propone alcanzar, el panorama hacia 2030 sigue mostrando que cerca de la mitad de la población extranjera estará en riesgo de exclusión social y pobreza, ubicando a España por debajo de la media europea en términos de integración lingüística. Precisamente, esos indicadores serán usados por el Ministerio para medir el grado de cumplimiento del plan y, por ende, el impacto de su política de integración.
El documento parte del supuesto de que la inmigración será uno de los principales motores para enfrentar el envejecimiento poblacional, sostener el mercado laboral y asegurar el relevo generacional en los próximos años. No obstante, el escenario planteado para el final de la década indica que esa contribución económica y demográfica no se traducirá necesariamente en una convergencia rápida en los indicadores sociales clave.
El propio Ejecutivo reconoce que las disparidades detectadas en áreas como pobreza, acceso al empleo, vivienda o adquisición del idioma persistirán, aunque con una mejora gradual al finalizar la vigencia del plan. En otras palabras, el Gobierno presenta la integración como un proceso a largo plazo cuyos resultados, según sus propias proyecciones, seguirán siendo parciales dentro de cinco años.
Se trata de un horizonte en el que la inmigración continuará siendo un pilar central en la estrategia económica y demográfica del Ejecutivo, pero donde también coexistirán altos niveles de vulnerabilidad social y una integración que, de acuerdo con las previsiones ministeriales, permanecerá por debajo de la media europea.