Este miércoles el Parlamento autonómico decidirá si la proposición se tramita por el procedimiento de lectura única con el apoyo de los socios de Gobierno
El Parlamento de Cataluña ha recibido este martes la proposición de ley que permitirá limitar la compra de viviendas como inversión —o especulación— tanto para fondos de inversión y grandes propietarios como para compradores particulares en las áreas designadas como tensionadas. Esta iniciativa ha estado en debate en la comunidad autónoma desde febrero de 2026, cuando se incluyó en el acuerdo entre el Gobierno autonómico del Partido Socialista de Cataluña y Comuns para los Presupuestos de la Generalitat de este año.
La propuesta, que posiciona nuevamente a Cataluña a la vanguardia en la implementación de medidas para afrontar la crisis actual de vivienda, ya ha enfrentado su primer obstáculo: los partidos de la oposición (PP y Junts), junto a asociaciones de propietarios, anunciaron que presentarán la proposición al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), lo que bloquearía la tramitación parlamentaria y pospondría la votación hasta octubre, ya que no se incluiría en el último pleno previsto, que tendrá lugar a más tardar el 23 de julio.
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La ley no se aprobará antes del receso veraniego, aunque dispondrá de unos días para su trámite dentro del parlamento catalán. Este miércoles se debatirá si la iniciativa se procesa mediante el procedimiento de lectura única, contando con el respaldo de los socios de gobierno. Posteriormente, los diferentes grupos podrán presentar enmiendas durante un período de diez días y, una vez concluido este plazo, los partidos opositores solicitarán formalmente el dictamen al Consejo de Garantías, que tendrá siete días para emitir su evaluación.
En qué consiste la proposición
En términos generales, se trata de habilitar la intervención del Estado autonómico en el mercado inmobiliario de compraventa. Específicamente, la propuesta modifica la ley de Urbanismo, otorgando a los ayuntamientos de las zonas declaradas tensionadas la facultad para aprobar planes urbanísticos que restrinjan ciertas compras y ventas de inmuebles.
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La medida impulsada por Comuns -con el apoyo del PSC y ERC- busca impedir operaciones consideradas especulativas y asegurar que las compraventas realizadas tengan el propósito de ser vivienda habitual o alquiler convencional en las zonas tensionadas de la CCAA, que abarcan el territorio donde reside el 90% de la población catalana.
El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
Para los propietarios de cinco o más viviendas -en territorio catalán-, la reforma establece que no podrán adquirir más inmuebles en las zonas tensionadas salvo que se destinen a la residencia habitual, algo que será necesario acreditar mediante una declaración responsable y el empadronamiento posterior. En cambio, estas personas físicas o jurídicas podrán comprar edificios completos siempre que se destinen totalmente al alquiler residencial con precios regulados.
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Por otro lado, los pequeños propietarios podrán continuar adquiriendo propiedades residenciales mientras no superen los cuatro inmuebles y siempre que se utilicen como residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado, o para alquiler permanente con una renta limitada. Además, se prohíbe destinar estos inmuebles al alquiler turístico o temporal. Esta legislación también alcanza a las viviendas heredadas, que deberán integrarse al mercado con precios regulados en caso de no destinarse previamente a la residencia habitual del heredero o de un familiar directo.
Los propietarios, el primer obstáculo de la ley
Desde asociaciones de propietarios de Cataluña ya han señalado que están revisando la propuesta de ley con la intención de encontrar algún vacío legal que permita detener la aplicación de la medida, argumentando que se trata de una iniciativa “inconstitucional”, según el informe elaborado por Som Habitatge, dado que las leyes de urbanismo pueden “regular el suelo urbano”, pero no “el uso que se da al suelo”.
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A esta asociación se sumaron los grupos opositores del PP y Junts, quienes elevarán sus objeciones al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que podría servir de base para acudir a los tribunales y denunciar una posible inconstitucionalidad. El informe señala también que la medida afecta el “contenido esencial del derecho de propiedad privada”, además de otros incumplimientos de la Carta Magna, como la ausencia de competencia de la CCAA para legislar sobre las bases de las obligaciones contractuales y la imposición de un “trato territorialmente desproporcionado” entre propietarios.
Será el parlamento autonómico quien este miércoles decida si la proposición avanza por la vía de lectura única, aunque desde la asociación de propietarios indicaron que el único precedente de una medida similar ocurrió en Holanda, donde no logró facilitar el acceso a la vivienda para quienes más la necesitaban, debido a que redujo la oferta de alquiler y encareció los precios de las viviendas disponibles para los inquilinos.
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