El déficit estructural de la Seguridad Social provocaría que las cotizaciones por contingencias comunes aumentaran del 28,3% actual hasta el 42%, impactando de forma especialmente fuerte a los autónomos
Las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen la principal fuente de financiamiento del sistema público de pensiones en España. No obstante, desde hace varios años, estos ingresos no son suficientes para cubrir la totalidad del gasto, por lo que el Estado complementa los fondos de la Seguridad Social a través de transferencias presupuestarias que sostienen tanto las prestaciones contributivas como otros costos asociados al sistema.
¿Qué pasaría si esas contribuciones desaparecieran y las pensiones debieran financiarse únicamente con las cotizaciones de trabajadores y empresas? Un análisis teórico realizado por el Instituto BBVA de Pensiones estima la magnitud del esfuerzo requerido para lograrlo: el tipo de cotización por contingencias comunes debería incrementarse desde el 28,3% actual hasta cerca del 42%, sin considerar otras cotizaciones adicionales.
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Este porcentaje evidencia el desajuste existente entre los ingresos generados por el sistema y los gastos que debe afrontar. Los datos reflejan hasta qué punto la financiación de las pensiones depende ahora mismo de recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
Según un informe difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en enero de 2026, basado en datos de 2024 y 2025, el sistema muestra un déficit contributivo estructural equivalente al 1,91% del PIB. Esto significa que las cotizaciones sociales no alcanzan para financiar las pensiones contributivas, existiendo un desbalance cercano a dos puntos porcentuales del producto interior bruto entre ingresos y gastos.
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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que la pensión que reciben los jubilados en España es un 60% mayor que lo que han aportado a la Seguridad Social en cotizaciones.
Un déficit que supera a las pensiones contributivas
Dicha brecha no refleja el total de las necesidades financieras de la Seguridad Social, ya que también se incluyen otros gastos actualmente cubiertos por el Estado, como las pensiones no contributivas, los complementos que aseguran las pensiones mínimas o el régimen de clases pasivas.
Incorporando este conjunto de partidas, las demandas financieras del sistema se aproximan al 4% del PIB, según las estimaciones empleadas en el estudio. Esta diferencia explica el aumento constante en el uso de transferencias estatales durante los últimos años.
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Los datos de 2025 reflejan esta realidad. Los ingresos por cotizaciones alcanzaron un récord de 176.918 millones de euros, un crecimiento del 6,9% respecto al año anterior. Sin embargo, el gasto en pensiones contributivas ascendió hasta los 182.526 millones, un aumento del 5,7%, lo que obligó a reforzar la financiación mediante transferencias públicas.
Las contribuciones del Estado sumaron 52.990 millones de euros en 2025, un 10,1% más que el año previo, consolidándose como un componente estructural del modelo de financiamiento del sistema.
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El envejecimiento incrementa la presión sobre las finanzas
Este desequilibrio responde a una combinación de factores demográficos y económicos. El más relevante es el envejecimiento de la población. La mayor esperanza de vida y la jubilación progresiva de la generación del ‘baby boom’ aumentan el número de pensionistas mientras la proporción de trabajadores activos que sostienen el sistema mediante cotizaciones disminuye.
A esto se suma la persistente baja natalidad registrada en las últimas décadas, que reducirá el número de cotizantes futuros y estrechará aún más la relación entre trabajadores afiliados y pensionistas.
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El informe también destaca el llamado Factor de Equidad Actuarial, un indicador que compara las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral con las prestaciones que se reciben posteriormente.
De acuerdo con el Instituto de Actuarios Españoles, dicho factor se ubica actualmente en 1,62, lo que significa que, en promedio, los pensionistas perciben un 62% más de lo que aportaron mediante cotizaciones durante su trayectoria profesional. Para alcanzar un equilibrio actuarial perfecto, la economía española debería crecer sostenidamente un 3,2% anual, un escenario lejano a las proyecciones actuales.
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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, señala que el salario que perciben los jóvenes es inferior a las pensiones recibidas por jubilados, por lo que considera necesario implementar medidas que reduzcan esa desigualdad.
Las reformas incrementan los ingresos, pero no eliminan el desequilibrio
Las reformas aprobadas en 2021 y 2023 introdujeron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para afrontar el aumento del gasto asociado a las jubilaciones del ‘baby boom’. Esta carga adicional alcanzará el 1,2% en 2029 y no otorga derechos extras a quienes la abonan. Su único propósito es aportar recursos extraordinarios al sistema.
Además, la legislación incluye una cláusula de revisión que requerirá la adopción de nuevas medidas si las previsiones de gasto en pensiones para 2050 sobrepasan los niveles estimados por la Comisión Europea. En tal caso, podrían implementarse incrementos en las cotizaciones, buscar otras fuentes de financiación o conjuntar medidas para contener el gasto.
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A pesar de esto, diferentes organismos consideran que el aumento de ingresos proveniente del MEI es insuficiente para cerrar la brecha financiera existente.
Cotizaciones superiores al 42% en un escenario de autofinanciación
El análisis teórico evalúa cuánto debería incrementarse la cotización para que las pensiones se financien exclusivamente con cotizaciones sociales.
Considerando el déficit contributivo, el tipo por contingencias comunes tendría que superar el 40%. En la práctica, esto implicaría aumentar alrededor de un 14% el tipo actual de cotización, aunque el valor exacto dependerá de la evolución de la masa salarial, del empleo y de cómo se distribuya el esfuerzo entre empresas y trabajadores.
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Una subida de este tipo tendría efectos significativos en el mercado laboral. Parte del incremento recaería en las empresas, elevando los costes laborales y reduciendo la competitividad. Otra parte afectaría a los trabajadores, quienes verían disminuido su salario neto debido al aumento de las cotizaciones.
Los autónomos asumirían el mayor esfuerzo
El efecto sería aún más notable para los trabajadores autónomos. Además de enfrentar un posible aumento en los tipos de cotización, tendrían que adaptarse al nuevo sistema basado en ingresos reales, que contempla una subida progresiva de las bases mínimas hasta acercarlas a los rendimientos netos efectivos.
Para muchos profesionales por cuenta propia, especialmente aquellos que aún cotizan por bases reducidas durante los periodos transitorios previstos hasta 2032, el esfuerzo será doble: mayores porcentajes de cotización junto con bases de cálculo superiores.
Este estudio indica que esa combinación generaría un incremento de la carga contributiva proporcionalmente mayor al que afrontan los trabajadores asalariados.
Las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalan que las necesidades de financiación volverán a crecer a partir de la próxima década, debido al envejecimiento poblacional y al aumento del gasto en pensiones, que podría llegar al 16,4% del PIB en 2050. En ese contexto, el rol de las transferencias estatales continuará siendo crucial, salvo que se implementen nuevas medidas para incrementar ingresos, controlar el gasto o combinar ambas estrategias.