El empresario aseguró que la actual presidenta venezolana le entregó documentación que supuestamente demostraría la financiación irregular del PSOE.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comenzado los procedimientos legales para presentar una querella contra el empresario Víctor de Aldama, tras las declaraciones de este último en las que afirma que la ex mano derecha de Nicolás Maduro le entregó un sobre vinculado a la petrolera PDVSA, relacionado con una supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Rodríguez ha encargado la gestión legal al bufete del ex juez Baltasar Garzón, con quien mantiene una estrecha alianza, para enfrentar la demanda contra Aldama. Este empresario, tras ser condenado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo, anunció que seguirá colaborando con la Justicia en las causas abiertas en la Audiencia Nacional, incluyendo el procedimiento bajo secreto relacionado con pagos en efectivo en la sede de Ferraz.
De acuerdo con la documentación a la que ha accedido EL MUNDO, Rodríguez ha presentado en los tribunales de Madrid un escrito solicitando conciliación previa a la querella por un delito de injurias contra Víctor de Aldama. En este documento, la presidenta interina sostiene que las declaraciones hechas por el empresario el 4 y 5 de febrero en dos programas televisivos son falsas.
Durante esas entrevistas, Aldama afirmó que «mi representada le entregó un sobre concreto que supuestamente contenía material, documentación o información relacionada con evidencias de actividades que podrían constituir delitos por parte de personas físicas y jurídicas, objeto de investigaciones judiciales en España».
Previo a la querella, la defensa de Ilocad —el despacho de Garzón— sostiene que es «inexacta, falsa o alejada de la realidad la imputación hecha a la señora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en cuanto a que entregó el sobre mencionado al aquí requerido [en referencia a Aldama]».
Cabe destacar que Víctor de Aldama no solo realizó esta afirmación sobre Delcy Rodríguez en televisión, sino que también la declaró ante la Audiencia Nacional en enero y marzo, entregando el referido sobre de PDVSA a la Justicia. Según el empresario, dicho sobre, que contiene un cupo petrolero valorado en millones, formaba parte de una operación que pretendía financiar de forma irregular a la Internacional Socialista y al partido de Pedro Sánchez.
Como paso previo a la querella por injurias, el bufete del ex juez Garzón —el escrito de conciliación lo firma el abogado de Ilocad, Pedro Javier Díaz Carreño, quien cuenta con poder especial otorgado por Delcy Rodríguez para representarla en tribunales en España— ha iniciado el procedimiento de conciliación para que Aldama se retracte. Específicamente, buscan que el empresario reconozca «que no son ciertos los hechos que declaró en los medios» y «se desdiga de la falsedad referente a la persona que le entregó el mencionado sobre», refiriéndose a la presidenta de Venezuela.
La defensa de Delcy Rodríguez argumenta que: «La atribución a mi representada de la entrega del sobre tiene un sentido y contexto negativo, ya que implica una supuesta participación -desde un enfoque amplio y no estrictamente jurídico penal- en hechos que para otras personas podrían constituir un delito».
Por otro lado, la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 50 de Madrid ha programado para el 16 de julio la audiencia de conciliación.
Desde el entorno de Víctor de Aldama consultados por este medio, informan que la conciliación no llegará a un acuerdo, pues el empresario no se retractará de sus declaraciones y sostiene que fue Delcy quien le entregó el sobre relacionado con la presunta financiación irregular del PSOE. En tal caso, la presidenta venezolana deberá acudir a la vía penal y presentar querella por injurias para que la Justicia dirima el asunto.
Asimismo, estas fuentes consideran que la acción emprendida por la presidenta venezolana es «temeraria» y tiene como fin «intimidar desde el PSOE para disuadir al empresario de colaborar con la Justicia», especialmente en la causa secreta vinculada a los pagos en efectivo en la sede de Ferraz. El entorno de Aldama cree que intentan silenciarlo y evitar que revele información relevante sobre la posible financiación ilegal del PSOE a través de cupos petroleros venezolanos. También resaltan como «muy significativo» que hayan escogido el despacho de Garzón para esta lucha legal.
La existencia del mencionado sobre, aunque no su contenido, fue detectada por la Guardia Civil en el marco del caso Hidrocarburos, tras analizar las comunicaciones entre Aldama y su socio Luis Alberto Escolano, también investigado en este proceso. En agosto de 2024, Escolano envió a Aldama fotografías del sobre que este último le había reclamado.
Para incautar dicho sobre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda de Escolano, pero para entonces el sobre ya no se encontraba allí. Se sospecha que en una inspección previa, Víctor de Aldama mismo se lo habría llevado.
El encabezado del sobre indica que corresponde a la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular del Petróleo, Petróleos de Venezuela SA, y está marcado como «Confidencial». El remitente es el ministro Manuel Quevedo Fernández y el destinatario, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.